Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el ‘caso Pegasus’

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha imputado a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez por un caso de espionaje con los programas Pegasus y Candiru. Es la primera vez que unas pesquisas judiciales sobre este caso salpican al cuerpo policial. La titular del tribunal ha decidido investigar también a Paz Esteban, quien fuera directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que se descubrió que el teléfono móvil del expresident de la Generalitat Pere Aragonès había sido infectado con ese programa intrusivo. Es la quinta ocasión que Esteban deberá declarar como investigada por este caso, si bien sus comparecencias ante los distintos jueces que investigan supuestos casos de espionaje ilegal apenas han tenido relevancia informativa, a causa de la Ley de Secretos Oficiales que ampara al CNI.

La investigación que lleva a cabo Julia Tortosa García-Vaso responde a la demanda presentada en abril pasado por el grupo de afectados denominado Sentinel Alliance, integrado por cinco hombres de perfil ejecutivo y desarrolladores de protocolos de código abierto: Joan Matamala, hermano del exsenador de Junts, Jordi Baylina, Joan Arús, Pau Escrich y Xavier Vives. Si bien la Guardia Civil ha admitido el espionaje y seguimientos sobre algunos de ellos, especialistas en votación digital e identidad digital soberana, la motivación es desconocida hasta ahora. La denuncia asume que fueron espiados durante dos años, desde 2019, y documenta 78 ataques sobre sus dispositivos, según el análisis efectuado por el centro canadiense Citizen Lab. Esa infección permitía, además de extraer todos los archivos existentes incluidos chats, activar cámaras y micrófonos.

Además de la investigación sobre exjefes de la Guardia Civil —Azón fue director entre 2018 y 2020 y Gámez le relevó hasta 2023—, la providencia dictada el 27 de enero por la jueza también abre una nueva vía de investigación que hasta ahora desconocida: el posible uso por parte de los cuerpos de inteligencia español de otro programa espía intrusivo más allá de Pegasus, el denominado Candiru. De esta forma, han quedado imputados los directivos de la empresa desarrolladora del programa, Saito Tech Lted: Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow. Pegasus, el programa comercializado por la compañía israelí NSO Group, Shalev Hulio y Yuval Somekh, además de sus dos filiales europeas, con sede en Luxemburgo: Q Cyber Technologies y OSY Technologies.

Los querellantes solicitaron al Gobierno la desclasificación de documentos sobre el uso de Pegasus y Candiru, software que únicamente pueden ser adquiridos por Estados y centros de inteligencia, y la emisión de órdenes europeas de investigación a Luxemburgo y comisiones rogatorias a Israel, así como informes periciales independientes sobre sus teléfonos, además de tener acceso a las investigaciones previas de las causas Tsunami Democràtic y Judas. Las peticiones fuera de España, reclamadas en otras causas que siguen su curso en otros juzgados de Barcelona, no han tenido por el momento ninguna evolución.

Además de considerar un caso de espionaje ilegal, los querellantes denuncian que las identidades de información confidenciales extraídas de sus dispositivos electrónicos con ambos programas fueron filtradas a medios de comunicación con la intención de perjudicar a sus empresas tecnológicas y socavar su reputación. Todas las investigaciones abiertas contra ellos fueron archivadas.

El abogado de la acusación particular, Xavier Muñoz, considera en un comunicado que la providencia supone “el inicio de una instrucción compleja pero necesaria para el Estado de derecho”. Mientras, uno de los querellantes, Joan Arús, denuncia el despliegue de “software espía de grado militar contra la sociedad civil”, por lo que las imputaciones suponen “un avance en la correcta fiscalización del poder público”.