La exdirectora del CNI reitera que no puede declarar sobre el espionaje a ERC

Segunda vez que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acude a los juzgados a declarar sobre el espionaje a dirigentes de ERC, y segunda vez que se escuda en la ley de Secretos Oficiales para no explicar casi nada. Este lunes Esteban ha intervenido a través de videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción Número 20 de Barcelona, que se encarga del acopio de información a través del programa Pegasus de los teléfonos móviles de los diputados republicanos Josep Maria Jové y Diana Riva. Fuentes jurídicas aseguran que Esteban ha negado que los dos miembros de ERC fueran investigados.

“El CNI no realizó ninguna actuación en relación con Jové y Riva”, señalan fuentes jurídicas que ha señalado únicamente Esteban, amparándose en el material desclasificado por el Consejo de Ministros.

Esteban ha aparecido por la pantalla acompañada de abogados del Estado a por unos hechos que ocurrieron en 2020 y 2021. La petición de la defensa de Jové y Riva al Gobierno para que permitiera a la exdirectora de Inteligencia declarar ha caído en saco roto y esta ha mantenido su posición: no es cuestión de que no quiera declarar, sino que la legislación vigente no le permite hacerlo. El Gobierno llegó a abrir la puerta en 2023 a desclasificar documentación secreta sobre Aragonès.

Pegasus, el programa comercializado por la compañía israelí NSO Group, se encuentran en el eje de diversas investigaciones en curso en media docena de juzgados de Barcelona por el uso que se le dio para espiar a políticos y activistas independentistas catalanes. Los indicios de la Audiencia de Barcelona ya marcaban al CNI, y a Esteban como su jefa, en la infiltración de teléfonos móviles como los de Riba y Jové. Los Mossos d’Esquadra habían hallado en ellos, como en el del expresidente Pere Aragonès, un dominio malicioso que podría haber llegado a través de mensajes con supuestas noticias incrustadas.

Según la demanda presentada por Jové y Riba, el caso de Aragonès contaba con muchas similitudes con los de Jové y Riba: fueron utilizados el mismo programa, la misma técnica, el mismo servidor y el mismo dominio. Y su conclusión es que, siendo los gobiernos los únicos clientes de NSO, el CNI es a primera vista la única institución capaz de efectuar ese espionaje.

Andreu van den Eynde, que figura en otra causa abierta y en la que Esteban ha sido también imputada, es el abogado que lleva el caso de los dos diputados de Esquerra Republicana. La idea siempre defendida es que si se archiva el caso en España se abrirá la vía de llevar el caso del espionaje al independentismo catalán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

El sigilo que acompaña al CNI ya quedó claro en mayo de 2022, cuando Esteban acudió al Congreso a la Comisión de Secretos Oficiales. Su comparecencia fue precedida de una petición singular a los diputados que la formaban: que dejaran todos sus dispositivos electrónicos en el exterior de la sala para impedir grabaciones, fotografías o el envío de mensajes al exterior. En aquella sesión reconoció que el teléfono del expresidente Aragonès, junto al de otros dirigentes independentistas, había sido pinchado para sustraerle información.

El caso Pegasus supera los límites del CNI y de la propia empresa que comercializa el aplicativo de espionaje. En una de las últimas investigaciones judiciales abiertas, la promovida por el grupo de afectados Sentinel Alliance, las pesquisas han alcanzado también a la Guardia Civil. Están llamados a declarar los que fueron sus exdirectores Félix Vicente Azón y María Gámez entre 2008 y 2013. Aunque la Benemérita ha admitido los seguimientos a personas aparentemente no vinculadas con el movimiento independentista, no han aclarado la motivación para incrustar en sus aparatos electrónicos software espía.