La jueza que investiga el incendio de las discotecas de Murcia abre la puerta por primera vez a investigar al Ayuntamiento

La jueza que investiga el incendio en dos discotecas de Murcia que causó la muerte de 13 personas el 1 de octubre de 2023 se ha abierto por primera vez a investigar la posible responsabilidad que tuvo el Ayuntamiento en esta tragedia, tal y como venían reclamando las familias de las víctimas desde hace dos años. Hasta el momento, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha citado en calidad de investigados a siete personas a las que acusa de posibles delitos de homicidio por imprudencia. En el caso de los concejales y responsables del Ayuntamiento abre ahora la puerta a imputarles posibles delitos de prevaricación administrativa y amplía tres meses más el plazo de instrucción, hasta el próximo 1 de abril de 2026.

“Es un avance, las familias están contentas”, ha indicado a EL PAÍS el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a allegados de cuatro de los fallecidos y que había solicitado por diferentes vías la investigación de los responsables municipales, hasta ahora, sin éxito. No obstante, en una providencia dictada este 29 de diciembre, la jueza acuerda la “práctica de diligencias de investigación en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, en los fallecimientos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2023 en la discoteca Fonda Milagros”.

El escrito no especifica por el momento las actuaciones que se llevarán a cabo. Para el abogado de las familias, debería declarar en este procedimiento al menos el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE. Los dos responsables políticos dieron una insólita rueda de prensa conjunta pocos días después del incendio en la que dieron a conocer la irregular situación administrativa de las discotecas incendiadas, que estaban construidas sobre una misma nave industrial. Según explicaron, la sala Teatre, donde se originó el fuego, era la única que tenía una licencia de actividad. Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, no existía administrativamente, llegaron a decir. Además, Teatre tenía una orden de cese de actividad que no se había ejecutado. La orden se dictó precisamente por la separación en dos de la nave, ya que desde la administración local se entendió que los negocios requerían nuevas licencias con la división en dos del espacio, pero ese trámite nunca se llevó a cabo.

Para los familiares de las víctimas, esta situación irregular en las licencias de las salas, sumadas a los numerosos incumplimientos que han quedado patentes a lo largo de la investigación en materia de seguridad y medidas antiincendios, demuestran que el Ayuntamiento tuvo responsabilidad directa en el fatal desenlace del incendio.

Además de los dos concejales, las familias habían pedido que se investigue a otros responsables municipales como el inspector del Servicio Técnico de Obras y Actividades, el jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y el jefe de Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios. Según ha explicado el abogado, la jueza tendrá ahora que dictar un auto en el que determine las actuaciones que va a llevar a cabo y en el que indicará si toma declaración a estas personas y si lo hace en calidad de investigados. Hasta el momento, están investigados por posibles delitos de homicidio por imprudencia el gerente de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre y el ingeniero que realizó el proyecto para dividir en dos la nave que ocupaban las salas. También el DJ que organizó la fiesta temática que se celebraba en Teatre la noche de la tragedia y el propietario de una máquina de chispas o fuegos fríos que se considera que pudo originar el fuego.