Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pida disculpas por haber dicho que el Ejército no estaba desplegado desde el primer momento para ayudar a las víctimas de la dana de 2024 en Valencia pese a saber que no era cierto. “El señor Feijóo tiene que pedir disculpas por haber faltado a la verdad para tapar la ineficacia del señor Mazón [entonces presidente valenciano], que no estaba donde tenía que estar y por eso quiere hacer ver que otros no estaban donde tenían que estar. Pero le tengo que decir que los militares españoles estuvieron en todo momento poniendo en riesgo sus vidas, mientras que no sabemos dónde estaban otros”, ha declarado Robles al programa La Hora de La 1 de TVE.

La ministra de Defensa aludía al mensaje que el día de la tragedia le envió Mazón a Feijóo, en el que le decía que había hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros de Interior y Defensa para que tuvieran “en prealerta posible efectivos”, pero que, en ese momento, disponía “de lo que necesitaba”, que era la Unidad Militar de Emergencias (UME), según la relación de whatsapps que el presidente del PP envió el pasado día 24 al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Robles ha calificado de “especialmente grave” que Feijóo haya mentido asegurando que el Ejército no acudió a ayudar a los damnificados y le ha instado a “hacer un análisis muy serio de si quien miente, quien tapa una ineficacia de un presidente autonómico, tiene legitimidad suficiente para, en momentos difíciles, poder conducir este país”. Según la ministra, Feijóo y Mazón lanzaron una “campaña de desinformación” al acusar al Gobierno de retener el despliegue de las Fuerzas Armadas, cuando estas estuvieron sobre el terreno “desde el minuto uno” y más de 39.000 militares han participado en la operación de ayuda.

Por otra parte, la titular de Defensa ha reiterado el compromiso español y europeo de apoyo a Ucrania y ha advertido de que las condiciones de un acuerdo de paz no pueden venir dictadas por el presidente ruso, Vladímir Putin. Robles no ha descartado que España participe en una futura fuerza internacional de interposición en Ucrania, alegando que primero tiene que alcanzarse un acuerdo pero que “España y sus Fuerzas Armadas van a estar siempre firmemente comprometidas con la paz donde sea necesario y en los términos que la comunidad internacional acuerde”.

Tras recordar que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “ha vulnerado todas las normas del derecho internacional y está pendiente de procedimientos penales en tribunales internacionales”, ha concluido que no parece “la persona adecuada para liderar un proceso de paz” en Oriente Próximo. “Nosotros señalamos claramente a los responsables: en el caso de Ucrania, claramente Putin; en el caso de Gaza, Netanyahu”.

No obstante, ha defendido la decisión adoptada el pasado día 23 por el Consejo de Ministros, que activó la excepción prevista en el decreto ley de embargo de armas a Israel para exceptuar cuatro programas de la empresa aeronáutica Airbus: los aviones de transporte A400M y C295, el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT y el dron Sirtap. Según Robles, la decisión “no tiene nada que ver con la política militar y de defensa, sino con el ámbito comercial, industrial y de exportaciones”.

“El acuerdo hace relación a una compañía, Airbus, solo a unos programas de aviación, […] que, para poder exportar a otros países, necesitan esa tecnología” israelí, ha insistido. Según Robles, esta decisión no afecta a los programas del Ministerio de Defensa, que “está en un proceso de desconexión” de la industria militar de Israel y ha cancelado los programas en las que esta participaba, como el lanzacohetes Silam y el nuevo misil contracarro Spike.

Por otra parte, el BOE publica este lunes una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el listado de asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados que debe permitir identificar los productos procedentes de los mismos y aplicar el embargo previsto en el real decreto ley 10/2025 por el que se tomaron medidas contra Israel para frenar el genocidio de la población palestina en Gaza.