Ortega y Murillo convierten la jubilación en un “castigo transnacional” y dejan sin pensión a opositores exiliados

Un mes después de que el régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo la despojara de su nacionalidad nicaragüense y le confiscara todos sus bienes por razones políticas, la periodista y feminista Sofía Montenegro ingresó a su banca en línea para verificar el pago de marzo de su jubilación. Lo hizo de forma habitual, con la idea de que, aunque le habían quitado su casa en Managua, su carro y todas sus pertenencias, la pensión seguiría allí, como un derecho inalienable tras décadas de trabajo y de pago de sus cotizaciones. Pero estaba equivocada: la cuenta bancaria en la que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) le depositaba la jubilación estaba congelada y en cero, al igual que sus otras cuentas.

Era marzo de 2023, hace poco menos de tres años. Un mes antes, en febrero, huyó por veredas hacia Costa Rica para escapar de la justicia sandinista que, tras despojarla de su nacionalidad, la declaró también prófuga de la justicia y traidora de la patria junto a otros 93 opositores. “Desde entonces estoy en lucro cesante de mi jubilación”, dice Montenegro, una de las intelectuales más respetadas del país centroamericano. Si bien en Managua vivía retirada, dependiendo de su jubilación, nunca dejó de opinar y criticar en redes sociales y en medios de comunicación la deriva dictatorial de la pareja gobernante, en especial la de Murillo. La copresidenta encontraba en la periodista a una de sus críticas más férreas desde los años noventa, razón por la cual persiguió de forma sistemática a las organizaciones que Montenegro presidía, como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y el extinto Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco).

“Yo trabajaba desde los 18 años y, al momento de mi jubilación, tenía sobrecumplido el pago de mis cotizaciones. Entonces fue un golpe muy fuerte, porque yo vine sin absolutamente nada a Costa Rica. Fue duro, porque soy una persona mayor y sobreviví gracias a la solidaridad de mis amigos y de grupos organizados”, asegura la feminista. “Es un golpe devastador porque vos sentís que tenés la vida resuelta y, de repente, estás en cero… y a los 72 años que yo tengo, pues no hay manera de comenzar de nuevo”, lamenta Montenegro.

Si bien sobre Montenegro pesa una condena política, su caso no es aislado. Además de los alrededor de 450 nicaragüenses desnacionalizados como ella, el 20% de los cerca de 800.000 nicaragüenses que han huido del país desde la crisis de 2018 están en edad de jubilación. La cifra la aporta el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una de las principales organizaciones que mantiene un registro de las penurias y los retos que enfrentan los exiliados.

“Lo que debería ser una etapa de descanso y reconocimiento es, ahora, una prolongación del castigo político que impuso el régimen tras la crisis de 2018”, dice el abogado Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del colectivo. “Se trata de personas que cotizaron durante décadas al sistema previsional y que hoy enfrentan la vejez fuera del país, sin acceso efectivo a la pensión que legalmente les corresponde. Estamos ante una flagrante violación a los derechos humanos. La pensión es un derecho adquirido que no puede ser conculcado. Negarlo por razones políticas es una represalia y un auténtico robo a la contribución de años de los asegurados”.

Requisitos imposibles

La Ley de Seguridad Social en Nicaragua establece que cualquier persona afiliada al INSS puede acceder a una pensión al cumplir los 60 años, siempre que haya cotizado al menos 750 semanas. Sin embargo, el trámite debe iniciarse de manera presencial y exige la presentación de documentos oficiales vigentes emitidos en Nicaragua, como cédula de identidad, partidas de nacimiento y fe de vida notariada, requisitos que hacen inviable el proceso para quienes se encuentran en el exilio.

Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, los consulados nicaragüenses no ofrecen alternativas para realizar estos trámites desde el extranjero y, en muchos casos, son percibidos como extensiones del aparato de vigilancia estatal. Aunque la ley permite otorgar poderes notariales, funcionarios del INSS suelen exigir la presencia física del asegurado, bloqueando de facto cualquier gestión. No existe un mecanismo remoto para iniciar el trámite ni canales digitales de atención, una práctica que, advierten, no solo excluye deliberadamente a los exiliados, sino que también permite al Estado reducir costos mediante el incumplimiento de sus obligaciones legales.

La exclusión de exiliados nicaragüenses del sistema de pensiones forma parte de una política deliberada de “castigo transnacional”. Así también lo documenta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en un informe publicado en septiembre de 2025, en el que concluye que el régimen Ortega-Murillo ha extendido su aparato represivo más allá de las fronteras. Entre las violaciones identificadas figura la denegación arbitraria del derecho a la pensión, incluso en casos de personas que adquirieron derechos previsionales tras años de trabajo formal.

“El uso deliberado de la privación de la nacionalidad y la eliminación o denegación de documentos oficiales ha impuesto lo que las propias víctimas describen como una muerte civil. Como resultado, se desgarran familias, se priva a niñas y niños de su derecho a la identidad y a la educación, se despoja a las personas adultas mayores de sus pensiones, y los familiares en Nicaragua enfrentan represalias, intimidación y aislamiento”, refiere el documento. Según el GHREN, estas prácticas dificultan o impiden trámites básicos como la jubilación y responden a una estrategia estatal orientada a aislar y precarizar a la población exiliada, con efectos directos sobre su integridad física y mental.

Por su parte, Sofía Montenegro, fiel a su estilo franco y directo, lo describe de la siguiente forma: “Mezquindad, atrocidad… no hay palabras para describir la magnitud del robo, porque es el robo de algo por lo que yo había trabajado toda mi vida. Te produce un sentido de vacío. Estás en la nada, un vacío total. El hecho de hacernos desaparecer como personas al quitarnos la nacionalidad se suma a ese profundo sentimiento de injusticia. Al menos no me arrebataron ni el alma ni la vida. De nuevo, a los 72 años, no tengo manera de comenzar de nuevo”, sostiene la periodista.