Equipo Económico reprocha al juez del ‘caso Montoro’ que la investigación lleve paralizada seis meses y recurre la prórroga

Equipo Económico, la firma asesora que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y que se encuentra en el epicentro de una investigación judicial por presuntamente haber traspasado los límites del lobby, sigue intentando que la causa que estalló el verano pasado, pese a llevar siete años investigándose bajo secreto de sumario, quede en nada. El despacho, ahora llamado Global Afteli, ha recurrido la prórroga de otros seis meses que el juez de Tarragona que dirige las pesquisas, Rubén Rus, acordó el pasado 26 de enero e insiste en que la causa debe ser archivada. El bufete insiste en que dicha ampliación del plazo no solo ha sido suficientemente motivada, sino que la instrucción ha estado paralizada durante el último medio año.

“La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores, permitiendo que éstos pudieran resolver -en el sentido que proceda- los recursos interpuestos que afectan a elementos esenciales de la instrucción. La parálisis ha sido total”, señala el recurso de Equipo Económico, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

A este recurso se han sumado también algunos de los principales investigados en el conocido como caso Montoro, entre ellos Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos, y los socios directores de la firma Francisco Piedras (exdirector del gabinete de Montoro en Hacienda), Manuel de Vicente-Tutor (ex alto cargo en la Agencia Tributaria) y Salvador Ruiz Gallud (director general de la Agencia Tributaria desde agosto de 2001 hasta abril de 2004), de acuerdo a la documentación consultada también por este periódico. El propio Montoro también presentó hace unos días un escrito similar, en el que se opuso a la última prórroga acordada y pedía el archivo de la instrucción.

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona levantó el secreto de sumario el pasado julio, cuando se conoció que tanto el exministro del PP Cristóbal Montoro, así como a algunas personas de su círculo de confianza durante su dos mandatos al frente de Hacienda, a quienes dejó la gestión del despacho que fundó en 2006 y del que se desvinculó, al menos sobre el papel, en 2008, llevaban años bajo lupa judicial. En total, en la causa figuran 28 investigados por tráfico de influencias y fraude en la Administración Pública por sus trabajos de intermediación para lograr cambios legislativos que beneficiasen a sus clientes, entre ellos gasísticas.

Desde entonces, los esfuerzos de los investigados se han centrado en intentar anular la instrucción, bajo el argumento de la indefensión, el plazo excesivo del secreto de sumario y la falta de competencia para conocer el caso, cuestiones que han sido elevadas a la Audiencia Provincial de Tarragona, que tiene pendiente de resolver. En los recientes recursos, Equipo Económico y sus directivos imputados han incidido en estos puntos. “Resulta evidente que se han traspasado los límites intolerables a los que se ha sometido a los investigados en la presente causa”, afirma el despacho.

El juez de Tarragona aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de ampliar otros seis meses la investigación para poder seguir recabando pruebas. La fiscal Carmen García Cerdá solicitó una nueva batería de diligencias para profundizar en la actividad del despacho, como correos y documentos notariales y del Registro Mercantil, y si los investigados pudieron ocultar sus bienes. El PSOE, personado como acusación particular, también pidió la prórroga para poder realizar nuevas indagaciones bancarias y de Hacienda. Además, los investigados aún no han sido llamados a declarar.

Sin embargo, los investigados llaman la atención que el juez haya adoptado dicha decisión antes de que concluyera el plazo que dio a las partes para pronunciarse al respecto. Algo que, según alegan, vulnera su derecho de defensa. “Resulta paradójico”, dice el escrito presentado de Vicente Tutor, Salvador Ruiz Gallud y de Global Afteli (que comparten la representación legal), porque “tras nada más y nada menos que siete años de instrucción de espaldas a los investigados, esperábamos que al menos en esta primera oportunidad de pronunciarse sobre las diligencias pendientes se les oyera”, añade.

“El auto ahora impugnado ni da una explicación de los motivos por los que no ha concluido la instrucción, más allá de la absoluta paralización del órgano; ni tampoco señala o sugiere las concretas diligencias que es necesario practicar y de relevancia para la instrucción”, indica Equipo Económico. Y el recurso de Martínez Rico y Francisco Piedra (también bajo la misma representación legal) subraya que dicha resolución es “un mero corta pega, con ligeros matices distintos pero idéntica esencia argumental en el último párrafo” del auto del pasado mes de julio, en el que acordó la prórroga que ahora concluía y ha sido renovada.

Por otro lado, los investigados consideran que, tras ocho años en total de investigación, no queda nada por aclarar y que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con fecha del 17 de febrero de 2025 sobre el análisis de cuentas bancarias del despacho tumba una de las principales líneas incriminatorios acerca de que se hubiera pagado cantidades a funcionarios del Ministerio de Hacienda a través de lo abonado por las gasistas que contrataron sus servicios. “¿Qué otras diligencias pueden derivarse de lo anterior? Obviamente ninguna, ya que lo procedente es el sobreseimiento y archivo de la causa sin mayor dilación”, concluye Equipo Económico.