Anticorrupción pide nueva documentación de Equipo Económico y del exministro Montoro

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dar un impulso al caso Montoro que lleva meses adormilado a la espera de varios recursos que debe resolver la Audiencia Provincial de Tarragona. La fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado, por un lado, que el juez amplíe la prórroga de la investigación que comenzó en 2018 y, por otro, nueva documentación (como correos y documentos notariales y del Registro Mercantil) sobre la actividad del despacho Equipo Económico, del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y de varios imputados más en esta causa de corrupción, centrada en una supuesta trama con capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir legislación a medida para empresas de gas.

“La propia investigación demanda nuevas diligencias”, indica Cerdá en un escrito fechado el pasado jueves y que avanza EL PAÍS. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene bajo el foco a Montoro y a otras 27 personas por delitos de tráfico de influencias y fraude en la Administración Pública. La Audiencia Provincial está analizando, entre otros aspectos, si es ese juzgado, y no uno en Madrid, el que tiene competencia para indagar, y si el plazo del secreto que se prolongó desde julio de 2018 hasta el pasado 19 de junio de 2025 fue legal o excesivo e injustificado como lo consideran los abogados de Equipo Económico (fundado por antiguos miembros del Ejecutivo de Rajoy y que la Fiscalía vincula al exministro de Hacienda). La fiscal ya ha rechazado cualquier irregularidad y ha defendido el “escrupuloso y exquisito comportamiento” del juez a la hora de realizar la instrucción.

Por eso, García Cerdá quiere seguir dando pasos hacia delante y ha pedido una batería de diligencias, tanto a los Mossos d’Esquadra como la Agencia Tributaria, que busca comprobar si en el entramado empresarial que está bajo el foco, los miembros del despacho pudieron ocultar sus bienes. Requiere las hoja registrales completas y las memorias y cuentas anuales desde 2008 hasta 2025, tanto de Equipo Económico como de las mercantiles con nombres previos que ha tenido el despacho (Montoro y Asociados Asesores S.L. y Global Afteli); las escrituras de constitución y las de adquisición y transmisión de participaciones sociales de todas esas mercantiles y algunas más que aparecen en la investigación; la titularidad de cada una de las sociedades y el tiempo que estuvieron vinculados algunos ex cargos políticos. Solicita en este sentido ampliar información sobre el régimen económico matrimonial no sólo de Montoro, también de su hermano Ricardo Montoro; del fundador de Equipo Económico, economista y exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico; de la inspectora de Hacienda y ex subsecretaria de Presupuestos Pilar Platero; del ex alto cargo en la Agencia Tributaria Manuel de Vicente Tutor; de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria; y del exdirector de gabinete de Montoro Francisco de Asís.

Anticorrupción completa su lista de peticiones con una más para las empresas gasísticas: que aporten los “estudios, trabajos y demás documentación acreditativa” de que Equipo Económico verdaderamente trabajó para dichas mercantiles. La tesis en la que se sustenta la investigación del ministerio público es que, en realidad, los empresarios pagaban al despacho que tenía vínculos con Montoro para lograr que el Gobierno hiciera modificaciones en la ley que les beneficiara. Como si fuera un pase vip al Ejecutivo, sin que Equipo Económico llegara a realizar trabajos efectivos más allá de utilizar su influencia.

El despacho lleva meses desvinculándose totalmente de Montoro en distintos escritos de defensa y ha explicado que éste salió en 2008 y, por ello, se registró un cambio de nombre. Alegan que realizaron durante años labores de asesoramiento jurídico y se apoyan en un informe de la Guardia Civil de la causa en el que no se ha encontrado reflejo en las cuentas de los investigados de pagos irregulares de comisiones o dádivas.

El juez titular Rubén Rus había prorrogado hasta este 26 de enero la instrucción del caso Montoro. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indica que las empresas gasistas pagaron a Equipo Económico por sus trabajos un total de 673.500 euros. Ahora está por determinar los trabajos que se hicieron. El despacho era, según un correo encontrado al inicio de la causa en una de las empresas investigadas, “la vía más directa” para lograr sus pretensiones porque “tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.