Anticorrupción se opone al recurso de los investigados para anular el ‘caso Montoro’

La Fiscalía Anticorrupción se opone a declarar nulo todo el caso Montoro porque el inicio de la investigación estuviera contaminado. La defensa de Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, había pedido la nulidad de la causa después de acceder a la investigación y percatarse de que todo comenzó tras un “hallazgo casual” de un correo en el marco de otra investigación en Cataluña. La Fiscalía defiende que el germen de estas diligencias en las que hay imputadas hasta 28 personas, entre las que están buena parte de los altos cargos de la segunda etapa de Montoro en Hacienda, fue legal y pide que se rechace el recurso que han interpuesto en la Audiencia Provincial de Tarragona.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona inició estas pesquisas bajo secreto en julio 2018 tras un informe de los Mossos d’Esquadra en el que hablaban de un descubrimiento casual. Este descubrimiento fue concretamente un email que se halló en una entrada y registro el 6 de noviembre de 2017, en la sede de una empresa de gas (Messer Ibérica Gases S.A.). Los responsables de la compañía exponían en el correo la posibilidad de contratar a Equipo Económico para conseguir una gestión más rápida con el Gobierno en sus intereses gasísticos.

“Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT [Asociación de Empresas Químicas de Tarragona] he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero esto llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”, decía en diciembre de 2013 esta conversación Rubén Folgado, director técnico entonces de Messer Ibérica. Esto hizo saltar las alarmas del equipo investigador que redactó un informe al juzgado para explicar lo que habían encontrado.

Comenzó una investigación que ha estado siete años bajo llave, con secreto de sumario, y que ha terminado con una ristra de delitos bajo el foco, entre ellos, cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas o corrupción en los negocios. El juez cree que Equipo Económico utilizó su “poder” con Montoro para “ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. La defensa del despacho, sin embargo, cargó hace unos meses contra toda la instrucción y pidió que se anularan los autos que dieron lugar a la creación del procedimiento, entre ellos, los de entrada y registro a esta empresa de gas y las comunicaciones que allí fueron localizadas.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dar carpetazo a toda la investigación. En un escrito, con fecha del pasado mes de agosto pero que acaba de ser notificado, la fiscal Carmen García Cerdá expone que se ha “respetado escrupulosamente” la ley para que “la información obtenida en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales tengan validez”.

Recuerda que el magistrado instructor conoció el contenido del correo y no fue hasta que los Mossos D’Esquadra le presentaron toda la documentación cuando “entró a analizar las fuentes de prueba”. Ahí se explica el “lapso temporal” que, según los abogados de Equipo Económico, pasó desde que se hizo el volcado de los archivos informáticos en la empresa de gas y se comunicó al magistrado el “hallazgo casual”.

La fiscal García Cerdá se apoya en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS en jurisprudencia del Tribunal Supremo que defiende que un hallazgo casual es “un elemento probatorio novedoso” y que “puede utilizarse en el propio o distinto procedimiento”. Para Anticorrupción, por tanto, el auto del juez de julio de 2018 fue “ajustado a derecho”, el volcado de las cuentas de correo “cumplió el mandato” del magistrado y la relevancia de aquella evidencia quedó patente cuando el togado inició una nueva investigación. Ahora será la Audiencia Provincial de Tarragona la que tenga la última palabra sobre la nulidad de toda la investigación contra la otrora cúpula de Hacienda.