Cuatro años de enfrentamientos de la fiscal del ‘caso Montoro’ con el jefe de Anticorrupción y la Guardia Civil dificultan la investigación

Las aguas bajan revueltas en la investigación del caso Montoro. Los roces, discrepancias e, incluso, encontronazos de la fiscal que lleva las pesquisas, Carmen García Cerdá, con su jefe en la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón; y el segundo de este, Antonio Romeral, así como con algunos mandos de la Guardia Civil han sacudido la causa judicial en la que están imputados por siete delitos el exministro del PP Cristóbal Montoro y otras 27 personas. Esta es la cronología, elaborada a partir de los testimonios de varias fuentes conocedoras de la trastienda de la investigación y de documentos incorporados al sumario, de un enfrentamiento que tiene su origen en la intervención de los teléfonos de cuatro sospechosos y que continúa con el intento frustrado de ahondar en las pesquisas sobre un supuesto uso irregular de información fiscal sensible de periodistas, rivales políticos y personajes públicos.

19 de Noviembre de 2017. Ese día, los Mossos d’Esquadra registraban las sedes que la empresa Messer Ibérica de Gases tiene en las localidades tarraconenses de Vila-Seca y El Morell. Buscaban indicios de un presunto delito contra el territorio en una investigación iniciada aquel año por la supuesta ampliación irregular de una planta industrial. Sin embargo, al analizar la documentación obtenida del volcado de los correos electrónicos de los directivos de la empresa, la policía catalana encontró de manera casual mensajes que apuntaban a la supuesta existencia de una trama de corrupción para beneficiar a empresas con reformas legislativas a la medida. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, afirmaba el mensaje que disparó las sospechas sobre el despacho que había fundado años antes el entonces ministro del PP. La investigación judicial se abriría formalmente meses más tarde, el 2 de agosto de 2018, bajo la batuta del titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, y de un fiscal provincial, y con los Mossos como responsables de las pesquisas.

15 de diciembre de 2021. Más de tres años después del inicio de la investigación y con el caso ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción ―donde lo asumió García Cerdá―, se fraguaba el primer roce. Para entonces, las pesquisas seguían recogiendo indicios sobre la supuesta implicación del despacho fundado por Montoro. Ese día, los Mossos presentaban en el juzgado, con la aquiescencia de la fiscal, un oficio en el que solicitaban al juez la práctica de tres diligencias. Una era la intervención de los teléfonos móviles de cuatro investigados, todos ellos vinculados a Equipo Económico. La policía autonómica consideraba que era una medida necesaria “para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos sus responsables”. El juez Rus aprobó la medida al día siguiente y, horas después, la Guardia Civil, que ya se había incorporado a la causa a petición de Anticorrupción, materializaba el pinchazo de las comunicaciones.

Sin embargo, aquellas intervenciones telefónicas no duraron mucho. Exactamente, 42 días. Poco después de que fueran autorizadas, la Fiscalía Anticorrupción se mostraba contraria a la medida que, precisamente, había respaldado la encargada del caso y recurrió la decisión del juez Rus ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Según detallan fuentes de la Fiscalía, la discrepancia estaba en que mientras García Cerdá consideraba que los presuntos integrantes de la trama aún actuaban como una supuesta organización criminal, Luzón creía que no y que, por tanto, era desproporcionado intervenir sus comunicaciones años después de que se hubieran producido los hechos investigados. La Audiencia dio la razón al jefe de Anticorrupción y anuló las intervenciones telefónicas en enero de 2022, aunque mantuvo otras medidas pedidas por los Mossos, entre ellas el volcado de varias cuentas de correo electrónico del Ministerio de Hacienda.

28 de diciembre de 2022. La Guardia Civil remitía ese día a García Cerdá un escrito en el que rechazaba elaborar, como le había pedido la fiscal 16 días antes, un informe para solicitar al juez autorización para registrar “domicilios y sedes” de presuntos implicados y sus empresas “que pueden albergar documentación y fuentes de prueba relevantes para la investigación”. Los agentes argumentaban que “no obran en esta unidad indicios suficientes” para proponer esa medida, sobre todo cuando anteriormente se habían planteado otras “menos gravosas como el análisis de productos bancarios” y no habían sido autorizadas. Por esas fechas, los agentes también habían rechazado analizar los correos electrónicos incorporados a la causa porque, afirmaban, dicha labor ya había sido realizada por la policía catalana.

28 de abril de 2023. García Cerdá enviaba a sus superiores en Anticorrupción ―que para entonces ya le habían impuesto recibir su visto bueno en los pasos que diera en la investigación― un escrito en el que les solicitaba autorización para pedir al juez Rus nuevas diligencias. En concreto, identificar al usuario de la cuenta del Ministerio de Hacienda aromero@minhap.es, que supuestamente era utilizada por Montoro para recibir información fiscal de contribuyentes ―entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el tenista Rafael Nadal o Tita Cervera, la baronesa Thyssen―. Primero Romeral y, más tarde, Luzón, rechazaron la propuesta al considerar que entre los datos incorporados a la causa no había indicios del delito de revelación de secretos que aseguraba su subordinada que se podía haber perpetrado.

21 de junio de 2023. La fiscal enviaba un escrito al jefe de Anticorrupción en el que se quejaba de una supuesta actitud obstruccionista de la UCO (con la que la fiscal había trabajo en sintonía en anteriores casos de corrupción como Púnica y Lezo). En aquella queja señalaba directamente a dos de los mandos: “No quieren hacer nada, desconozco los verdaderos motivos de esta decisión”, según adelantó el pasado martes eldiario.es. Fuentes de la Guardia Civil rechazan la acusación de la fiscal, pero admiten las discrepancias de criterio.

27 de septiembre de 2023. Las desavenencias llegaban a un momento crítico y García Cerdá invocaba el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite a cualquiera de fiscal mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior y someterlo a votación en la junta de fiscales de Anticorrupción. Ella insistía en que sus superiores no le permitían profundizar en la investigación sobre las supuestas irregularidades en el envío de información fiscal confidencial a Montoro. La fiscal perdió la votación por 19 votos en contra y 5 a favor, incluyendo el suyo.

25 de octubre de 2023. Lejos de tirar la toalla, García Cerdá telefoneaba ese día al mosso responsable de la investigación y le pedía, según declararía este más tarde, que solicitase al juez Rus el clonado de la cuenta de correo cuya presunta utilización se atribuía a Montoro. El agente de la policía catalana informó de esta llamada a la Guardia Civil y esta, a su vez, a Luzón, que abrió expediente a la fiscal. En su declaración ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, el mosso aseguró que García Cerdá le dijo que a ella no le dejaban solicitar esa diligencia y que tenía que ser el agente quien la plantease al juez. García Cerdá fue sancionada por falta disciplinaria grave con una multa de 1.000 euros por haber utilizado “subterfugios” para burlar las órdenes de sus superiores. La fiscal recurrió, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmó el pasado junio la sanción.

19 de septiembre de 2024. La fiscal presentaba un escrito ante el juez en el que, de nuevo, cargaba contra la Guardia Civil. En el mismo, recriminaba al instituto armado que no hubiera querido realizar un análisis de los correos electrónico incorporados a la causa, y también por el retraso en la elaboración de un informe sobre los movimientos en las cuentas bancarias de los investigados porque los bancos no le habían remitido la información de 18 de los 339 productos bancarios que iban a ser analizados. Reclamaba que lo iniciara “con urgencia” con las 321 de las que ya tenía datos.

Meses después, el 20 de enero de 2025, García Cerdá presentaba otro escrito al juzgado con la misma queja. Finalmente, la UCO entregaba al mes siguiente el informe, en el que concluía que no había encontrado anomalías en el destino que los socios de Equipo Económico habían dado al dinero recibido de las empresas gasistas por las gestiones bajo sospecha. El siguiente paso ha sido ya el levantamiento del secreto y un aluvión de escritos de los imputados para anular la investigación.