El juez del ‘caso Montoro’ pinchó los teléfonos de cuatro investigados durante 42 días

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, autorizó el 16 de diciembre de 2021 la intervención de los teléfonos de cuatro miembros de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro del PP Cristóbal Montoro que está en el epicentro del escándalo de corrupción que salpica a este. Se trataba de los terminales de Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Covadonga Gómez Garrido. Los tres primeros eran socios fundadores del Equipo Económico y, además, habían ocupado cargos públicos en Hacienda o la Agencia Tributaria durante los gobiernos de José María Aznar. Gómez Garrido trabajaba en el departamento de administración del despacho y aparecía como apoderada o representante de las empresas de algunas empresas de los socios. La medida estuvo en vigor únicamente 42 días al ser recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y darle la razón la Audiencia Provincial de Tarragona, según se recoge en diversos documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La decisión del magistrado del caso Montoro de intervenir los teléfonos se había producido un día después de que los Mossos d’Esquadra presentaran en el juzgado un oficio en el que le solicitaban la práctica de tres diligencias. Los agentes reclamaban poder intervenir las comunicaciones de estos cuatro investigados, obtener copia del contenido “de determinadas cuentas de correos corporativos” y acceder a los expedientes completos por los que se tramitaron entre 2013 y 2014 dos leyes y un real decreto que favorecieron a las empresas gasísticas con una rebaja de impuestos. Los investigadores consideraban toda esta información necesaria ”para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos sus responsables”.

El juez Rus dictó un auto por el que autorizaba las tres medidas y, en concreto, el pinchazo de los teléfonos. En el mismo se especificaba que lo hicieran de manera conjunta los Mossos y la Guardia Civil “mediante el sistema de interceptación de comunicaciones conocido como Siltec los primeros y mediante el sistema Golf Reliant 12 [un programa más avanzado también conocido como R12] los segundos”. Al final, según detallaría posteriormente el instituto armado, ambos cuerpos policiales acordaron que, “para una más eficiente explotación de la medida autorizada”, la policía catalana “se encargaría de la escucha, transcripción y remisión de las evidencias legales de las comunicaciones” y, por tanto, de informar al juzgado “sobre el resultado”, mientras que la Guardia Civil “realizaría la actividad operativa sobre los investigados, debido a que los mismos trabajan y tienen su residencia habitual en Madrid”.

Según un oficio del instituto armado de marzo de 2022, cuando las medidas ya habían cesado, el 17 de diciembre ―un día después del auto del juez Rus―, los investigadores tramitaron los mandamientos de intervención a las diferentes compañías de telefonía móvil. En concreto pedían el tráfico de llamadas de voz y datos de cuatro terminales que identificaban por su IMEI (siglas en inglés de Identidad Internacional de Equipo Móvil, un número de 15 dígitos único y que va asociado a cada teléfono móvil) y tres números de teléfono y un IMSI (número que identifica una tarjeta de telefonía) vinculado a aquellos. Todos, menos una de las terminales que no llegó a conectarse a la red en ningún momento, fueron intervenidos entre las 16.17 y las 16.25 de la tarde de aquel día.

Finalmente, el 28 de enero de 2022, el juez dictó un auto en el que acordaba “el cese de la intervención, observación, grabación y escucha” de los teléfonos. Ese mismo día, a las 17.40, la Unidad Central Operativa (UCO), que participaba en las pesquisas, procedía a desconectar el sistema R12 sobre los teléfonos para dejar de recibir información de los mismos. Tres días más tarde, los agentes recibieron los escritos del juzgado para que fueran enviados a las operadoras de telefonía y proceder “a la desconexión efectiva”. En este breve informe, el instituto armado detallaba que durante las seis semanas que estuvo activa la intervención de los teléfonos recopilaron 5.443 “productos”, término utilizado por el programa para referirse tanto a las llamadas de voz como a las realizadas a través de aplicaciones, los mensajes de texto y “otros datos” que arrojaban el uso de las terminales.

Buena parte de los documentos que recogen el resto de detalles de esta diligencia no están incorporados a la parte del sumario que se ha hecho público en los últimos días ―fuentes jurídicas apuntan a que supuestamente no están accesibles porque se hallan en una parte de la causa que sigue aún bajo secreto―. Pero dos años después de que se suspendiera la medida el magistrado volvía a hacer referencia a aquella intervención interrumpida en un auto en el que acordaba prorrogar el secreto de las actuaciones. Era el 19 de enero de 2024 y el juez recordaba precisamente que Anticorrupción se había opuesto a la medida y que la Audiencia Provincial de Tarragona “estimó el recurso dejando sin efectos las intervenciones”.

En esa misma resolución el magistrado recalcaba que el tribunal que ordenó el fin de los pinchazos se había mostrado “conforme con la investigación” y, de hecho, en su auto había alabado las pesquisas al afirmar que “se ha desarrollado una meritoria actividad investigadora orientada precisamente a acumular material indiciario suficiente junto a la obtención de ciertos rendimientos que puedan sugerir la realización de supuestas conductas delictivas y que a la postre justificaría ―tal como se hizo por el Juzgado de Instrucción― la apertura de las diligencias previas secretas y la continuación de la investigación".