El juez investiga los bienes del exministro Montoro y los registros del despacho Equipo Económico de los últimos 17 años

El juez Rubén Rus ha acordado investigar el “inventario de bienes” del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y de varios de los investigados en la causa que dirige en Tarragona sobre una supuesta trama con capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas gasistas. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, también ha reclamado al Registro Mercantil que aporte las hojas registrales completas y las memorias anuales del despacho Equipo Económico de los últimos 17 años.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el titular de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona (antes juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad) explica que considera necesario recabar esta información para contrastarla con los datos que maneja la Agencia Tributaria y con los distintos informes y atestados que han entregado hasta ahora los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Hacienda.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó en uno de sus informes que las empresas gasistas investigadas pagaron un total de 673.500 euros a Equipo Económico por sus trabajos. El juez intenta esclarecer si realmente se prestaron servicios a cambio de dichos pagos. Según un correo encontrado al inicio de la causa en una de las empresas investigadas, el despacho era “la vía más directa” para lograr sus pretensiones porque “tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

Con las diligencias ahora acordadas, el instructor reactiva la causa que permanecía adormilada desde hace meses. Rus investiga desde 2018 —y al menos siete años bajo secreto— una supuesta trama urdida en torno a Equipo Económico para influir en el Gobierno Rajoy con el objetivo de conseguir legislación a medida para empresas de gas. A lo largo de la investigación, la defensa de Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo, desvinculándose así de las presuntas irregularidades.

A petición de la fiscal Carmen García Cerdá, el juez intenta comprobar si los investigados en la presunta trama pudieron ocultar sus bienes. Así, ve pertinente ampliar la información sobre “el régimen económico matrimonial” y documentación anexa del exministro Montoro y de su hermano, Ricardo Montoro. Ello porque, según señala, está interesado en conocer el “inventario de bienes de ambos” y en recabar documentación que permita identificar al detalle los patrimonios que tienen a su nombre y su correspondiente valor.

El instructor solicita la misma información respecto al fundador de Equipo Económico, economista y exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico; a la inspectora de Hacienda y ex subsecretaria de Presupuestos Pilar Platero; al ex alto cargo en la Agencia Tributaria Manuel de Vicente Tutor; al exdirector de la Agencia Tributaria Salvador Ruiz Gallud; y al exdirector de gabinete de Montoro Francisco de Asís.

Además, el juez requiere las hojas registrales completas y las memorias y cuentas anuales desde 2008 hasta 2025 tanto de Equipo Económico como de las mercantiles con nombres previos que ha tenido el despacho (Montoro y Asociados Asesores S.L. y Global Afteli).

En la misma línea, reclama las escrituras de constitución y las de adquisición, así como las de transmisión de participaciones sociales de todas esas mercantiles y otras que también aparecen en la investigación. Solicita, a su vez, las escrituras en las que consta la titularidad de cada una de las sociedades y el tiempo que estuvieron vinculados algunos ex cargos políticos.

Facturas, estudios y llamadas

Entre las diligencias acordadas, consta también que el instructor ha reclamado los estudios, trabajos y demás documentación que evidencien que Equipo Económico prestó los servicios que dice haber realizado, incluidas “todas las facturas y documentos que acrediten su pago”.

De igual forma, el juez solicita la copia de los documentos que acrediten las comunicaciones mantenidas entre las empresas gasísticas y los socios o trabajadores de Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y reclama asimismo una copia de la normativa interna relativa al pago de proveedores.

Rus indaga en esta línea de investigación dado que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios pagaban al despacho vinculado a Montoro para lograr que el Gobierno de Rajoy modificara la ley de modo tal que les beneficiara; todo ello, sin que Equipo Económico realizara en verdad trabajos más allá de valerse de su influencia.

Por último, el instructor encarga a los Mossos d’Esquadra que incorporen a la causa los correos a los que hace referencia la Agencia Tributaria en sus informes de 2023 —cuando la investigación permanecía bajo secreto— para que los investigados puedan tener acceso a ellos y consultarlos para preparar su defensa.

Todas estas actuaciones acordadas por el juez tienen lugar no solo después de que Anticorrupción trasladara sus peticiones, sino también de un escrito que presentó el pasado 23 de enero la acusación popular que ejerce el PSOE. La formación pidió al instructor que reclamase información registral sobre el despacho Equipo Económico al considerar necesario que se aclare “quién es el emisor” de una transferencia hecha desde Luxemburgo a la cuenta bancaria de Montoro bajo el concepto de “pension complementaire” [pensión complementaria, en francés]. Los socialistas no solo insistieron en recabar nueva información bancaria y de Hacienda, sino también en reimpulsar los interrogatorios de las 29 personas físicas y seis jurídicas que se encuentran bajo sospecha.