Las claves del proceso judicial que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores

La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores vivió su segundo revés desde el arranque del proceso judicial a comienzos de enero. En la audiencia que tuvo lugar el jueves 26 de marzo, el juez Alvin Hellerstein se negó a desestimar el caso que ha puesto frente a la justicia al matrimonio que detentó el poder en Venezuela por más de una década, y ahora enfrenta cargos por narcoterrorismo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La decisión del magistrado, de 92 años, se deriva de la moción introducida por Barry Pollack (abogado de Maduro, conocido porque fue quien logró la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks) y Mark Donnelly (abogado de Flores), en la que señalan que el bloqueo de la fiscalía para el pago de sus honorarios vulnera el derecho de los acusados a elegir su representación legal, protegido por la Constitución, afirmando que la única solución al problema era el descarte de la causa contra sus representados. Tanto Maduro como Flores se declararon sin recursos para costear a sus letrados y pidieron que fuera el Estado venezolano quien asumiera el pago de la factura, alegando que así lo establece la legislación de su país.

“La ley venezolana no establece ‘la obligación’ del Estado de sufragar honorarios de abogados privados para representar en procesos judiciales a personas naturales acusadas penalmente”, explica el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien ha estado presente en las dos comparecencias de Maduro y Flores ante el juez. “Lo que sí establece es la obligación de representar o costear la representación judicial en casos en los que se vean afectados ‘los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República’. Por su parte, la ley estadounidense no reconoce el derecho de una persona natural acusada penalmente en una corte federal de acceder a fondos públicos de su país de origen para costear los honorarios de sus abogados”.

Sin embargo, Hellerstein cuestionó la justificación que el Departamento de Justicia esgrimió para impedir que el Gobierno de Venezuela costeara los honorarios de los abogados. El fiscal Kyle Wirshba respondió al juez que “el simple hecho de que existan relaciones con otro Gobierno”, el dirigido ahora por Delcy Rodríguez, no significa que Washington no pueda mantener sus sanciones. “Si el propósito de las sanciones radica en que los acusados ​​están saqueando la riqueza de Venezuela, permitirles acceder ahora a esos mismos fondos para costear su defensa socavaría las sanciones", reiteró al juez.

La fiscalía ha puesto en relieve que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de los abogados de otra persona sancionada. Sin embargo, la institución emitió en febrero una licencia para autorizar los pagos del Gobierno de Venezuela a los abogados de Maduro y Flores, pero esta fue revocada horas después. Los fiscales aclararon que fueron expedidas por un “error administrativo”.

Pollack y Donelly han echado mano de cuanto argumento han encontrado para sortear las sanciones que pesan contra sus representados. En una de las mociones, mencionan que la OFAC ha autorizado el uso de fondos sancionados de un gobierno extranjero para el pago de honorarios profesionales de abogados. Ciertamente, la institución ha permitido que los Gobiernos de Rusia, Siria o Irán paguen sus abogados para la defensa legal de sus naciones o entidades estatales en procesos judiciales en Estados Unidos, pero nunca de personas naturales.

Maduro y Flores, quienes se declararon “inocentes” de los delitos que se les imputan, quedaron a la espera de la fecha de la tercera audiencia de un proceso que comienza a alargarse más de lo esperado.

La acusación

Si bien el primer indictment contra Nicolás Maduro data de 2020, la investigación que le precede tiene más de 10 años en curso, el trabajo de varias fiscalías del país (Nueva York y Florida) y fiscales internacionales. Fue así como el Departamento de Justicia emitió la segunda acusación contra Maduro y ahora contra Flores.

Al primero se le acusa de conspiración narcoterrorista, conspiración por importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. La exdiputada, expresidenta de la Asamblea Nacional y exprimera dama, enfrenta los mismos cargos que su esposo con excepción del último.

“No es improbable que sean condenados a cadena perpetua. Ha ocurrido en el pasado. El primer cargo contra Maduro (conspiración por narcoterrorismo) tiene una pena mínima obligatoria de 20 años de cárcel. El segundo (conspiración para importar cocaína) tiene una pena mínima de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua. El rango es amplio, pero, sin duda, ambos acusados podrían permanecer el resto de sus vidas en prisión. Aunque aún falta mucho para saberlo”, indica El Fakih.

A propósito de la segunda audiencia del caso, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que se presentarían cargos adicionales contra Maduro, pero no ofreció detalles al respecto.

Fase de descubrimiento

En estos tres primeros meses del proceso judicial se ha desarrollado la etapa de descubrimiento (discovery), en la que las partes empiezan a tener conocimiento del acervo probatorio de la contraparte. La fiscalía comienza a desvelar las primeras pruebas contra los acusados, mientras los abogados de Maduro y Cilia inician la preparación de su defensa.

“En estos casos tan mediáticos, siempre se produce una interpretación del juicio en la opinión pública distinta al proceso que se lleva en los tribunales. La defensa de Maduro intentará ganar el juicio de la opinión pública con la presentación de mociones que, si bien saben que tienen muy poca probabilidad de éxito dentro de la corte, pueden generar tracción dentro de la población y la comunidad internacional”, comenta El Fakih.

Sin fianza ni inmunidad

En el caso de Maduro es improbable la posibilidad de una fianza. También en el de Flores. En este apartado, la corte evalúa el peligro de fuga y la gravedad de los cargos. Ambos han sido acusados de delitos federales asociados a temas de interés y seguridad nacional de Estados Unidos.

Tampoco aplica el principio de inmunidad ni la forma en cómo los acusados fueron capturados y puestos a la orden de la justicia. En Estados Unidos, la percepción de legitimidad de un gobierno extranjero es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, y Maduro no es reconocido como un gobernante legítimo por la Casa Blanca.

Los vínculos con Clíver Alcalá y Hugo Carvajal

La primera acusación contra Maduro vincula el caso con el exedecán de Hugo Chávez, Clíver Alcalá, y el exmilitar y exjefe de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal. Ambos forman parte del entramado delictivo que el Departamento de Justicia presenta como teoría del caso. Lo que sostiene la fiscalía es que Maduro no comete estos delitos solo; lo hace acompañado de varios personajes. En esta última acusación también son mencionados Nicolás Maduro Guerra (hijo del mandatario depuesto), Diosdado Cabello (actual ministro del Interior y Justicia), Ramón Rodríguez Chacín (exministro de la Defensa), Cilia Flores y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como El Niño Guerrero (líder o colíder de la banda criminal Tren de Aragua).

Hasta ahora, todos los implicados en este caso han sido capturados o se han puesto a las órdenes de la justicia. Alcalá se entregó al Gobierno colombiano en marzo de 2020, fue extraditado a Estados Unidos ese mismo año y condenado a 21 años y 6 meses de cárcel en 2024. Los cargos por narcoterrorismo fueron retirados, pero se declaró culpable de haber colaborado en facilitar el movimiento de armas y garantizar el paso de cargamentos de cocaína enviados hacia Estados Unidos.

Carvajal fue extraditado desde España el 19 de julio de 2023. Se declaró culpable el 25 de junio de 2025 de los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, y la audiencia en la que se revelará su pena sigue pendiente desde finales de octubre del año pasado. “El diferimiento de la sentencia del Pollo Carvajal puede darnos una idea de que está colaborando con la justicia a cambio de una rebaja de su pena. La fiscalía podría tener nuevos elementos de prueba contra Maduro”, agrega El Fakih.

La relación de Maduro y el Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles está mencionado en varias partes de la acusación de la fiscalía; pero dentro de la teoría del caso, la manera en cómo se articula y se determina el grado de participación de cada una de las personas acusadas puede variar.

“La fiscalía optimiza la narrativa del caso para enfrentarse a un jurado que va a determinar si hay culpabilidad bajo ninguna duda razonable. Pero aún no sabemos si llegaremos a la fase de juicio. Si la contundencia de las pruebas lleva a los acusados a declararse culpables, no veremos a Maduro y a Cilia enfrentarse a un jurado“, explica El Fakih.

Protección de pruebas y testigos

El fiscal encargado del caso, Jay Clayton, solicitó al juez Hellerstein que prohíba a la defensa compartir material probatorio con los cuatro coacusados prófugos. Entre los que se encuentran el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El documento entregado por el Departamento de Justicia explica que existe un “riesgo real de violencia” y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela sin tener forma de impedirlo.