El escudo social pactado entre el Gobierno y PNV molesta a Podemos y tropieza con el rechazo de Junts

El decreto con las 21 medidas del escudo social que el Consejo de Ministros aprobó este martes para llevar al Congreso por separado y no poner en peligro la revalorización de las pensiones, incluidas en otro texto, no tiene aún los votos suficientes. El PNV, que apoyó la semana pasada el decreto ómnibus que terminó decayendo, anunció a primera hora de este martes un acuerdo con el Gobierno con una corrección de las medidas antidesahucios pensada en gran medida como pista de aterrizaje a Junts, que sigue sin abrirse a una negociación formal con el Ejecutivo. Ese pacto ayuda porque los nacionalistas vascos suelen funcionar como avanzadilla para empujar a otros socios de investidura y, en esta ocasión, incluso el PNV transmitió sus intenciones a todos los implicados para allanar el acuerdo. Pese a ello, tanto Junts como Podemos se han mostrado muy críticos con su contenido, por razones ideológicas muy diferentes. En Junts por ahora lo rechazan porque consideran que el nuevo texto “es injusto” y mantiene el peligro para las ocupaciones de pisos y los impagos. Podemos, en cambio, cree que se queda corto y su líder, Ione Belarra, lo tildó de “criminal”.

Tras varios días de intensas negociaciones internas y contactos múltiples con otros partidos, el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha optado otra vez este año por separar los objetivos del decreto ómnibus, derrotado la semana pasada en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts. Salva así la subida de las pensiones a casi 10 millones de personas que se votará individualmente en la Cámara y probablemente tendrá un apoyo casi unánime.

Es más incierto el futuro del decreto del llamado escudo social, que también se ha vuelto a aprobar este martes por el Ejecutivo y contiene ayudas, subvenciones, exenciones fiscales y prestaciones para todo tipo de colectivos y hasta para los damnificados por la dana o los incendios de este verano. El principal problema tiene que ver con las actuaciones previstas para alargar otro año la moratoria de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, que el año pasado implicó a unos 58.000 arrendatarios, y en el que ahora se precisa más que “corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”.

“A falta de leer la letra pequeña, desde Junts podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta, porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos”, reafirmó a última hora de este martes la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en un vídeo que colgó en su Instagram.

A Nogueras no le convence el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, que se había mostrado crítico con esa medida hace tiempo pero votó a favor de todo el paquete la semana pasada, y que exonera ahora a los propietarios que tengan hasta dos y una sola vivienda en alquiler de la obligación de ofrecer esa alternativa habitacional. Esa modificación no termina de convencer a Junts, que justifica como el resto de las derechas que las medidas contra los desahucios favorecen las ocupaciones, pero ha provocado también el rechazo de Podemos, porque considera que rebaja la protección para algunas familias.

Tanto Junts (siete escaños) como Podemos (cuatro), con intereses antagónicos, son necesarios para lograr que prospere en la Cámara baja ese decreto. Si el resto de socios del bloque de investidura lo respaldan (EH Bildu, BNG o Coalición Canaria trasladan que aún deben estudiar en detalle el nuevo redactado, aunque ya aprobaron el anterior decreto la semana pasada), bastaría con el sí de Podemos o Junts y la abstención del otro. De momento, esas posiciones no están cerradas y las posturas de ambos parecen alejadas.

El Gobierno sí confía en atraer a Junts al haber cedido en sus pretensiones de proteger a los pequeños propietarios. En Junts no lo tienen tan claro y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, primero aseguró que estudiarán “la letra pequeña” y luego aseguró en un vídeo en redes sociales que votará que no. Fuentes de la formación catalana precisan que en la nueva redacción no hay nada nuevo pese a lo anunciado por el PNV, insisten en que el problema de cara a los pequeños propietarios persiste y avanzan que por el momento continúan en el no porque se niegan a “dar por buenas las okupaciones sin pensar en los vecinos o los impagos.

Desde la izquierda del PSOE, las presiones llegan por parte de Sumar y de Podemos, que reclaman que no se rebajen las prestaciones para las personas con más necesidades. Podemos no ha querido aclarar aún el sentido de su voto y aseguran que tendrán que valorar todos los elementos (son muchas las medidas sociales que para el partido sería difícil tumbar), pero justifican que su postura sobre una rebaja de la protección a familias vulnerables ha de ser necesariamente “muy negativa”. Fuentes del partido se quejan, además, de la estrategia del Gobierno al haber decidido pactar en este caso con la derecha (PNV) y presionar a la izquierda, en vez de hacerlo al revés.

La secretaria general de la formación, Ione Belarra, estalló a primera hora contra el anuncio al calificar en redes el pacto de “asco absoluto” y tachó el acuerdo de “criminal”. “Pediría al PSOE y al PNV un poquito de seriedad y contarle la verdad a la gente, que van a dejar en la calle a inquilinos vulnerables, no esta narrativa falsa”, resumió después en declaraciones a los medios desde Zaragoza.

La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, tildó la reacción de Belarra de “mensaje demagógico”. “No todo es blanco y negro y hay muchas vulnerabilidades, no podemos enfrentar a un colectivo vulnerable con otro”, contestó. Fuentes de la formación vasca precisan que aunque no han jugado un papel mediador sí han transmitido el contenido de su propuesta en estos días al Gobierno y a Junts y constatan que ha habido conversaciones en distintos niveles con varios partidos del bloque de investidura.