El Supremo transferirá al novio de Ayuso los 10.000 euros de indemnización que ya ha pagado el ex fiscal general

El Tribunal Supremo ha informado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abonado ya ante el Tesoro Público los 17.200 euros de multa e indemnización que debía pagar tras ser condenado por revelación de secretos. Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el alto tribunal pide a González Amador que aporte su número de cuenta para transferirle los 10.000 euros que le corresponden en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

El movimiento tiene lugar después de que la Abogacía del Estado entregara el pasado miércoles al Supremo un escrito en el que comunica que “el ingreso por importe de 17.200 euros se encuentra realizado”. En el documento, al que también ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos de la Administración precisaban que los fondos empleados proceden de las “aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales”. Y añadía: “El señor García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio”.

El texto lo firma José Ignacio Ocio, el abogado del Estado que asumió el caso de García Ortiz desde el principio y que durante el juicio estuvo acompañado por Consuelo Castro. El letrado explica que se ha realizado el pago “en cumplimiento de lo acordado” por el Supremo el pasado martes, que le dio un “plazo de tres días” para pagar los 17.200 euros que fijó la sentencia de diciembre. Esta cifra se quedó bastante por debajo de los 400.000 euros que reclamaba la acusación particular que ejerció el novio de Díaz Ayuso durante el juicio.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió García Ortiz, anunció el 22 de enero que había recaudado el dinero para costear la multa y la indemnización impuesta por el Supremo. Según explicó entonces, la campaña para reunir el dinero se abrió en diciembre entre sus asociados para colaborar en el pago de las responsabilidades económicas que debía asumir el ex fiscal general.

En un comunicado, la UPF detalló que “en apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías,” respondieron al llamamiento, “que no era económico, sino ético”. La asociación calificó la acción de “un gesto colectivo” que, a su juicio, expresa “algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”.

Esta campaña de recaudación estaba, en un principio, dirigida a fiscales de la UPF, aunque la asociación dejó abierta la posibilidad de que participaran fiscales no asociados. Según la asociación, finalmente recibieron donaciones de fiscales y de ciudadanos que contactaron con ellos para colaborar.

Cabe recordar que el Supremo, además de condenar a García Ortiz al pago de una multa y una indemnización, también le inhabilitó durante dos años para el cargo de fiscal general. Esta parte de la pena quedó ejecutada cuando dimitió del cargo tras conocer el fallo, incluso antes de que el tribunal notificara la sentencia íntegra. Aunque la inhabilitación era solo para el cargo de jefe del ministerio público, había dudas sobre si —de acuerdo a las normas internas de la Fiscalía— la condena suponía su expulsión de la carrera. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, consideró que no y permitió que García Ortiz volviese a su puesto de fiscal de sala en la sección de lo social del Supremo.