Nunca hubo tregua política por el accidente ferroviario
El PP liga la corrupción y la ausencia de presupuestos con el accidente de Adamuz


Nunca hubo tregua en el enfrentamiento político tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 45 personas. La investigación exhaustiva de los técnicos está en marcha, pero el PP vio culpable al Gobierno desde el primer momento. Corrupción, nula gestión y ausencia de presupuestos, repiten los populares, que añaden: “No se está en lo que se tiene que estar”. Son reproches que se escuchan y leen en los argumentarios de dirigentes del PP de toda España. “¿En qué se está?”, se preguntan distintos interlocutores de la oposición sobre el Ejecutivo. A lo que se responden: en sobrevivir desde La Moncloa y el Consejo de Ministros.
Además, el hilo conductor del accidente, que pasa por insuficientes recursos para el mantenimiento y la renovación de carriles, conduce al PP al ataque del Ministerio de Transportes. No se quedan en su actual titular, Óscar Puente. Echan la vista atrás hasta la época de José Luis Ábalos, actualmente en prisión, junto a su asesor, Koldo García, por imputaciones de corrupción. Los populares concluyen que esa corrupción tiene que ver con el accidente.
A esta línea de ataque se ha unido la acusación de que el ministro actual, Óscar Puente, no ha dicho la verdad en un aspecto concreto, en relación con la antigüedad de las vías. El ministro ha mantenido, en sus muchas horas de explicaciones ante los medios de comunicación desde el accidente, que la vía en la que se produjo el accidente se renovó “completamente”. Esa expresión pudo interpretarse con mayor amplitud que la referencia concreta al tramo donde se produjo el siniestro. El ministro afirma que el carril donde descarriló el tren Iryo es nuevo, fabricado en 2023, e instalado el pasado mes de junio, según ha escrito en su cuenta de X. Pero el PP no ha querido escuchar esa explicación ni esperar a su próxima comparecencia en el Congreso, solicitada por él mismo, para exigirle que dimita; ya lo ha hecho este domingo con toda la solemnidad el secretario general del PP, Miguel Tellado. El ministro tiene que dimitir “o ser cesado, porque ha mentido”, ha dicho.
Al PP le sirve esta línea para su campaña electoral en Aragón, donde los conservadores desacreditan a la candidata socialista, Pilar Alegría, por haber sido ministra hasta hace unas semanas del Gobierno de Pedro Sánchez. La candidata, sin embargo, quiere centrar el debate en Aragón e intentará llegar a los ciudadanos con un repaso negativo de la gestión del popular Jorge Azcón y un aluvión de propuestas, con preferencia en la asistencia y los servicios públicos.
Hasta hace pocas horas, con o sin información técnica, el PP tenía previsto tirar por elevación y centrarse en las irregularidades y presuntos delitos cometidos en el Ministerio de Transportes. “Lo convirtieron en un cortijo de mordidas, amaños y corrupción. Enchufaron a Koldo en Renfe y a prostitutas en ADIF. La corrupción cuesta vidas”, escribía en su cuenta de X la portavoz adjunta del grupo popular, Cayetana Álvarez de Toledo. “Priorizar la propaganda sobre la seguridad y creerte más listo que los maquinistas no es un fallo de gestión, es una forma de entender la política. El daño era evitable y ya es irreparable”. Por tanto, el accidente pudo evitarse, escribe en la misma red Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP. Esta es la base argumental para declarar al Gobierno culpable.
Las víctimas, las historias truncadas de cada una de ellas, atenazan al Ejecutivo, consciente de la delicadeza con la que tiene que tratar esta tragedia.
A la ofensiva del PP desde el accidente se añade el apagón del 28 de abril del año pasado, sobre cuyas causas nada se sabe, denuncia el PP, y alerta de que lo mismo puede ocurrir ahora. Este domingo, el Ministerio de Transición Ecológica ha respondido que 49 días después, el 17 de junio, hizo público un extenso informe en el que se explicaba la existencia de un problema de sobretensión con origen multifactorial, sobre el que avanzó razonamientos técnicos. Ahora compete a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en tanto que supervisor del mercado eléctrico, emitir su propio informe, señalar las eventuales irregularidades y sancionar (si es que así procede).
El Gobierno trata de responder rápidamente a lo que considera falso o incorrecto. La prueba de fuego sobre el estado de ánimo social se constatará en Huelva cuando se celebre el homenaje de Estado a las víctimas del accidente, presidido por los Reyes y con presencia del presidente Pedro Sánchez y del máximo responsable de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El andaluz se mantiene desde el primer día alejado de cualquier enfrentamiento político por respeto a las víctimas. No ha querido opinar sobre las aseveraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ve al Gobierno tan colapsado como las vías del tren.
Las dificultades de Ejecutivo se apreciarán este martes con la votación de un decreto, que engloba varias medidas y divide a sus socios. Las perspectivas no son halagüeñas. El ambiente no es bueno. ERC ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente por las incidencias constantes en el ferrocarril de cercanías de Cataluña, paralizado desde hace cuatro días, tras dos accidentes graves, uno de ellos, con la muerte de un joven maquinista en prácticas
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