Unai Sordo: “Si Julio Iglesias reconociera los hechos, algunos dirían: ‘¿Cómo una chacha va a cargarse a la gloria nacional?”

De pequeño, Unai Sordo (Barakaldo, 53 años) quería ser como Manolo Sarabia, el futbolista del Athletic que le ganó un pulso a Clemente. Su primer sueldo fue de repartidor de pasteles por Bilbao. Se licenció en relaciones laborales y trabajó en una maderera de la que fue despedido poco antes de asumir la secretaría de Juventud de CCOO en Euskadi. En junio fue reelegido para su tercer mandato al frente del sindicato, que cuenta, asegura, con casi un millón de afiliados. “El pico de influencia fue en el franquismo, con nuestros Mandelas”, cuando no eran legales. Hoy lamenta el “estancamiento” del diálogo social por una pinza entre la CEOE y la fragmentación parlamentaria.

Pregunta. ¿Cuál es su primer recuerdo de un abuso laboral?

Respuesta. Fue en la recogida de la fresa, en los noventa. Mi cuadrilla y yo fuimos dos campañas a Castronuño [Valladolid]. A los hombres nos daban un salario fijo, pero a las mujeres les pagaban por manojo anudado. Tenían que ir muy rápido y estoy seguro de que muchas tendrán hoy los dedos mal. Entonces casi todos eran españoles.

P. ¿Cuánto les preocupa el impacto de la Inteligencia Artificial en el merado laboral?

R. Muchísimo. Hoy, la inmensa mayoría de los currículos ya no los ve un ojo humano, son procesos con algoritmos con criterios que pueden ser absolutamente discriminatorios. El uso sin control de la inteligencia artificial puede dejar en papel mojado la legislación laboral.

P. ¿Cree que los distintos actores, la Administración, la patronal, los sindicatos...son conscientes de ese impacto o les va a pillar el toro?

R. Conciencia hay, pero no es fácil situar todo esto. Hay una ofensiva desregulatoria de las empresas digitales que tiene que ver con la ofensiva neocolonial de Estados Unidos. Por eso regular la inteligencia artificial no es una cuestión técnica, sino estrictamente política.

P. ¿En qué medida y sobre qué sectores supone el presidente de EEUU una amenaza para España?

R. Los planes de Trump pueden parecer caóticos, pero no lo son. Es una batalla por controlar los espacios vitales de la economía norteamericana frente a China saltando por encima del derecho internacional y nacional. La vuelta a la ley de la selva previa a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese esquema, la Unión Europea, y por tanto España, es un actor prescindible y a eliminar como entidad política. Trump nos ha declarado la guerra y su infantería consiste en reforzar el antieuropeísmo impulsando a la extrema derecha. Si conociera la historia europea, tal vez hubiera apostado por fortalecer los movimientos secesionistas. Trump, el reaccionarismo MAGA, y sus cipayos europeos, son una amenaza existencial para la democracia y el Estado de derecho.

P. Vox ha elegido un lema, “La España que madruga”, que apela a la clase obrera, y según las encuestas, su discurso empieza a calar en ese electorado. ¿A qué cree que se debe?

R. Las políticas de Vox son objetivamente perjudiciales para los trabajadores a los que apela. Pero hoy el vínculo con el voto a veces está muy determinado por una sola cosa. Si has conseguido introducir en alguien la idea de que su inseguridad tiene que ver con los inmigrantes, igual vota al partido racista, incluso cuando ese partido está en contra de la subida de su salario o de la rebaja de su alquiler.

P. Pero son miedos infundados, ¿no? La experiencia personal con la comunidad inmigrante es mayoritariamente positiva.

R. Sí, porque hoy los vínculos políticos no se basan fundamentalmente en elementos racionales. O viene población migrante o el país se para. No es que no se paguen las pensiones, es que el país se para. De 2018 a ahora, España ha incrementado su población en tres millones y medio de personas. Es un desafío en materia de políticas de vivienda, formación, orientación laboral... Ese es el debate racional. El irracional es decir que viene gente intrínsecamente violenta y que son una amenaza.

P. Para Vox la violencia no tiene género, pero sí raza.

R. Quieren despolitizar la desigualdad para cronificarla. Lo vemos con lo de Julio Iglesias. El problema no es que defiendan la presunción de inocencia, es que aunque Julio Iglesias reconociera los hechos denunciados, en su fuero interno seguirían diciendo: ‘¿Cómo va una chacha de un país tercermundista a cargarse a nuestra gloria nacional?’. Eso es lo que subyace en el nervio reptil del machismo, el pavor ante el cambio de las jerarquías clásicas.

P. CCOO elaboró una guía contra el acoso sexual en el trabajo. A la vista de los últimos escándalos, ¿cree que son suficientes esos protocolos?

R. Son imprescindibles. Ha habido agresiones de las que no nos habríamos enterado sin esos protocolos. Pero no sirve solo con eso. Hay más denuncias porque ahora se considera intolerable lo que antes se consideraba normal, pero es algo tan transversal e incrustado antropológicamente que no hay organización que esté libre de este tipo de cosas.

P. ¿Le sorprendió como gestionó el PSOE las denuncias contra Francisco Salazar?

R. La gestión no fue la más adecuada y las propias reacciones posteriores del partido impugnaron las primeras.

P. En febrero de 2019, aseguró: “Sin presupuestos generales, la legislatura no tiene recorrido hasta el final”. ¿Ha cambiado de opinión?

R. Es una anomalía democrática que no los haya y el Gobierno está obligado a presentarlos. Pero no vivimos en condiciones de normalidad, sino ante la mayor ofensiva reaccionaria en Occidente en muchos años. Sería un error precipitar un final de la legislatura. Está pendiente la ejecución del último tramo de los fondos europeos, con lo que el hecho de que no se renueven los presupuestos no va en detrimento de contar con recursos suficientes para hacer muchas políticas.

P. Dijo de Junts que es “más inútil que la última rebanada del pan bimbo”, pero han acreditado su capacidad de veto en la política nacional. ¿Ve matemáticamente posible aprobar las medidas laborales pactadas en lo que quede de legislatura?

R. Nunca me he engañado. Al principio de la legislatura dije que no íbamos a ver demasiadas leyes porque no había una mayoría progresista en términos socioeconómicos. Junts es un partido muy de derechas. Hay que buscar una alternativa, la ejecución de fondos y de recursos públicos.

P. El economista Toni Roldán le reprocha al Gobierno no haber aprovechado los fondos Next Generation para impulsar grandes reformas estructurales. ¿Lo comparte?

R. El que piense que se va a llegar a grandes consensos en este momento vive en la luna de Valencia. No se va a llegar a consensos en vivienda pese a que son más necesarios que nunca. El Gobierno te dice que le va a quitar la deuda a tu autonomía y le dices que no. Dentro de esa locura en la que estamos, no habrá grandes reformas estructurales, pero la ejecución de fondos europeos está facilitando la transformación del modelo económico. Los salarios medios no suben solo porque avancen los convenios, sino porque se está generando más empleo en segmentos mejor pagados que en cualquier otro momento y eso es gracias a los fondos públicos y a la inversión privada. En España nunca se ha producido un incremento de la economía y del empleo de estas características, pero a la vez crece de una forma brutal el precio de la vivienda y se da esa paradoja: el país va bien en términos macro, pero cuando bajas a lo concreto hay muchísima necesidad.

P. Al ser reelegido secretario general de CCOO, aseguró que el sindicato no se iba a “resignar” a que la reducción de la jornada laboral se estrellara en su trámite parlamentario, como así fue, y anunció movilizaciones. Las hubo en septiembre. ¿Habrá más? ¿Es menos efectiva la movilización contra la oposición que contra el Ejecutivo?

R. Si los acuerdos del diálogo social no se refrendan por una mayoría parlamentaria tenemos un problema. Nos acusan de movilizarnos contra la oposición, pero es una movilización a favor de algo que hemos pactado con el Ejecutivo y la vamos a mantener como bandera prioritaria. Estoy convencido que habrá una reducción importante de la jornada por la vía de los convenios colectivos, el problema es que las jornadas más altas suelen ser las de los salarios más bajos y en la negociación de los convenios se prioriza mucho la subida salarial.

P. Sindicatos médicos han iniciado el año con huelgas en protesta contra el nuevo Estatuto marco que propone Sanidad y pactado, entre otros, con CCOO. ¿No hay una contradicción entre la voluntad de reducir la jornada laboral y el rechazo a que las guardias de los médicos sean voluntarias?

R. Yo puedo compartir algunas de las reivindicaciones, pero no un estatuto al margen del conjunto de la actividad sanitaria. Las especificidades de la actividad requieren de una disponibilidad que no exigen otros puestos porque hay un bien superior, la salud de la población. La reducción de la jornada laboral afecta a sectores más precarizados, donde la rentabilidad de las empresas se ha dado por la vía de trabajar mucho y pagar poco.

P. El Gobierno afronta una crisis de credibilidad tras los escándalos de corrupción. ¿Usted habría dimitido como líder de CCOO si dos de las personas a las que hubiese entregado más responsabilidad en el sindicato hubieran sido encarcelados acusados de corrupción?

R. En un contexto abstracto, si tengo la certeza, con procedimientos judiciales que avanzan, de que personas vinculadas a la gestión de recursos se han podido enriquecer, no me veo siguiendo en la secretaría general de Comisiones Obreras. Insisto en el contexto: ahora cualquier decisión precipitada del presidente del Gobierno metería a España en una situación de incertidumbre e inestabilidad política.

P. ¿Cree que el miedo a la extrema derecha bastará para compensar electoralmente el desencanto y la abstención?

R. El mundo está ante el mayor riesgo de pérdida de derechos sociales desde las dictaduras militares del siglo pasado. Despreciar el miedo como factor movilizador me parece muy naif, aunque sé que incluso gente de izquierdas lo piensa. Pero solo con miedo no se activa al electorado. Hay que construir ideas de país, elementos de optimismo ilusionantes, contrarrestar la incertidumbre con un modelo de justicia social.

P. ¿Y ve esos elementos ilusionantes en los discursos de la izquierda?

R. Noto una cierta melancolía. Una parte de la izquierda viene a decir que la irrupción de la extrema derecha es consecuencia de las insuficiencias de las políticas, es decir, que la democracia no funciona. Estoy un poco harto de los discursos de echarse la culpa. La insuficiencia de las políticas públicas puede provocar abstención, pero no empuja a la gente a votar a un reaccionario. Hay una reacción ante los avances de las últimas décadas. Se ve en el feminismo y en lo socioeconómico. Hay que dejarse de autoflagelaciones. Se ha instalado la idea de que este país es un caos cuando está económicamente mejor que nunca. Otra cosa es que eso no sirve para que la gente llegue a fin de mes si tiene que pagar una hipoteca. ¿Qué hay que hacer? Políticas de acceso a la vivienda.

P. ¿El bloque progresista tiene alguna posibilidad de reeditar el Gobierno con el actual grado de desunión en el espacio a la izquierda del PSOE?

R. La única opción es que el PSOE no se venga abajo y la otra izquierda concurra de una forma razonablemente aglutinada. Apelo a su altura de miras para entender el momento histórico.

P. ¿Están intentando mediar de alguna manera en ese espacio?

R. No. Se especula mucho sobre eso, pero seguramente, si intentáramos mediar sería peor el remedio que la enfermedad.

P. Arrecia el debate sobre una brecha generacional entre jóvenes y pensionistas. ¿Llegará la sangre al río o cree que se está exagerando esa supuesta batalla entre nietos y abuelos?

R. La brecha intergeneracional es un trampantojo ideológico, un debate inducido para sacar los problemas de desigualdad de donde verdaderamente están y evitar las conclusiones sobre qué políticas públicas hay que hacer no para rebajar las pensiones, sino para que la gente joven pueda acceder a un piso. Lo describía muy bien en EL PAÍS Sergio del Molino: es más fácil pelear contra tu suegro que contra el emperador.

P. ¿Pero los hijos viven peor que los padres?

R. Yo nací en una Vizcaya con un 25% de paro y no te comprabas un piso si no era con un préstamo de 25 o 30 años. Mi barrio era mucho más inseguro que ahora. Se están inventando un idílico pasado. Sí hay una pérdida de condiciones materiales muy vinculadas a la vivienda, la vida es más incierta. ¿Pero cuántos se cambiarían por sus padres?

P. El sistema actual ha convertido la vivienda en un sistema de transferencia de renta de jóvenes a mayores, de los menos favorecidos a los más ricos. Influye en las tasas de emancipación y natalidad, y en el mercado laboral, al quedarse sin cubrir puestos de trabajo por la incapacidad de pagar un alquiler. ¿Por qué, siendo un problema de tal magnitud y con tantas ramificaciones, parece haber sido el último de la lista?

R. Porque las políticas públicas fueron muy intensas, pero para mantener precios altos. No era una política de vivienda, sino inmobiliaria: deducciones fiscales multimillonarias que en el fondo inducían, junto a la política de crédito de los bancos, a pagar un precio que sin ese dopaje no hubiéramos podido pagar. Los partidos no la vieron venir y dejaron que se hinchase. A ver quién era el guapo que pedía eliminar las deducciones fiscales. A partir de ahí, tenemos un problemón, el acopio de viviendas por fondos de inversión, para uso turístico... y hay que actuar con muchas medidas, todas a la vez, sabiendo que van a dar respuesta a medio y largo plazo. Soy partidario de topar los precios del alquiler, sacar al mercado las viviendas vacías mediante el ataque fiscal a quien las tenga, y lanzar programas públicos de rentabilidades razonables para el que tiene un piso a cambio de seguridad en el pago y precios asequibles para el que entre a vivir en él. Hay que ser radical frente a la especulación de empresas, sociedades mercantiles y fondos de inversión, sacarlos de ahí, y eliminar el uso turístico en zonas tensionadas. También dejarse de discusiones bizantinas y construir viviendas asequibles en régimen de alquiler, mayoritariamente. Si no se hace todo eso, no va a haber una contención de los precios.

P. Ha asegurado que una parte del poder judicial tiene pendiente aún su democratización y pretende actuar como un “operador político”. ¿Funciona el sistema de control sobre los jueces?

R. Es obvio que no. Una parte de la élite judicial se ha auto-otorgado un papel político evidente. Lo van contando ellos mismos por los mentideros de Madrid. La sentencia contra el fiscal general de Estado es demoledora para la credibilidad de la justicia. Es un problema en términos de legitimidad democrática.