Los sindicatos piden excluir a los caseros con más de dos viviendas en alquiler de la bonificación total en el IRPF

Las últimas propuestas dirigidas a enfriar el mercado del alquiler anunciadas por el Gobierno han generado reacciones contrarias en todo el arco político, y también despiertan dudas entre los agentes sociales. Los sindicatos UGT y CC OO no ven con buenos ojos que la bonificación del 100% del IRPF en las rentas de los alquileres llegue a todos los propietarios que decidan congelar el precio, y defienden que de este incentivo se queden fuera aquellos tenedores de tres o más viviendas en alquiler. Al mismo tiempo, consideran que esta exención solo tendría sentido que existiera si estuviera ligada a “resultados verificables”, para no convertirse en “un gasto fiscal para el Estado sin impacto en la oferta asequible o sin control efectivo”, señalan en un comunicado conjunto difundido este jueves.

La respuesta de las centrales llega tres días después de que Pedro Sánchez anunciara la voluntad de aprobar un real decreto-ley “en las próximas semanas” con tres medidas clave con las que tratar de contener el auge de los precios en el mercado del alquiler: una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los caseros que no aumenten los precios; nuevos requisitos para justificar los alquileres de temporada, junto con multas más severas para los casos de fraude; y la prohibición de establecer precios por habitaciones que superen el importe máximo al que se arrenda la vivienda al completo.

La primera de ellas, la bonificación completa del IRPF en las rentas obtenidas por los alquileres para los propietarios ―que actualmente disfrutan de una bonificación general del 50% que puede incrementarse en función de las características de los inquilinos―, ha generado una oposición frontal en Sumar. El principal socio del Gobierno calificó esta medida de “ineficaz”, y alertó de que con ella se agrandaría la desigualdad en cuanto a los rendimientos de los caseros y los inquilinos. Según cálculos del Ministerio de Consumo, los primeros disfrutan de media de unos ingresos por hogar un 82% superiores a las de los segundos.

“Sin conocer el detalle de estas medidas, UGT y CC OO queremos advertir y señalar un criterio básico: el uso de incentivos fiscales solo se justifica si están ligados a resultados verificables (estabilidad/reducción real de rentas, contratos y cumplimiento normativo) y no convertirse en un gasto fiscal para el Estado sin impacto en oferta asequible o sin control efectivo. Su aplicación no debe afectar a personas jurídicas ni tenedores de 3 o más viviendas en alquiler”, señalan en el texto.

Respecto a las propuestas lanzadas por Sánchez en materia de lucha contra el fraude en los alquileres por temporada, las centrales consideran que “la actuación, intervención y regulación tiene que ser contundente y con impacto relevante para evitar el desvío irregular y fraudulento de oferta de vivienda residencial en alquiler a otras modalidades”, y para “evitar la regulación aprobada en relación con esta última”. Es decir, para no verse afectados por las limitaciones que imponen la ley estatal de vivienda y otras normativas a los arrendamientos residenciales.

Más poder

En su nota, que se ha lanzado tras la conclusión este jueves de la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda ―en el que se reúnen tanto representantes del Gobierno como representantes de entidades del tercer sector, agentes sociales y asociaciones empresariales―, UGT y CC OO consideran necesario que el Estado pueda declarar zonas tensionadas cuando las comunidades autónomas se nieguen a hacerlo. Con ello aluden a aquellos territorios en los que, pese a cumplir con los requisitos que fija la ley de vivienda, sus autoridades no solicitan esta declaración.

También advierten de que “temporalidad, eliminación de incentivos a quien suba el precio de la vivienda por encima del IRAV [índice de referencia de los arrendamientos de vivienda, que se usa para la actualización anual de rentas en los nuevos contratos] e incentivos diferenciados para quien disminuya el precio de la vivienda de forma significativa, frente a quien se limita a mantenerlo, son elementos que deberían abordarse cuando se quiere utilizar la herramienta fiscal con el propósito de extender el control de precios a las comunidades autónomas que han decidido negarse a declarar zonas tensionadas pese a tenerlas y de forma muy relevante”.