La red tejida por Leire Díez durante años, bajo análisis de la UCO

La red que Leire Díez (52 años, Bilbao) tejió durante años de actividad profesional labrada, en parte, en la empresa pública está en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta exmilitante del PSOE, que se movía en el anonimato hasta hace un año, está ahora investigada en dos procedimientos distintos que transcurren paralelos, y por los que, previsiblemente, tendrán que comparecer y dar explicaciones muchas de las personas que ser relacionaron con ella, tanto del partido de Gobierno como de distintas empresas privadas. Los agentes la detuvieron el miércoles de la semana pasada en una operación que tuvieron que precipitar por miedo a que Díez y otros implicados destruyeran pruebas. Registraron tres viviendas vinculadas a ella, volcaron su teléfono de forma íntegra e incautaron documentos y agendas hasta el año 2025, según explican fuentes de la investigación.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández había quedado con Díez la mañana del 10 de noviembre en la cafetería de un centro comercial en Madrid. La que fuera teniente de alcalde del municipio cántabro de Vega de Pas en 2011 había viajado desde Cantabria —donde tiene su residencia habitual— a la capital escasos días antes. La última vez que había pisado la ciudad de la Gran Vía había sido a mediados de noviembre, precisamente, para declarar ante un juez. Hasta ese miércoles, se conocía que la exmilitante del PSOE estaba investigada por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias por el juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Plaza de Castilla.

En esa causa comparte imputación junto al empresario Javier Pérez-Dolset y lo que se indaga es si ambos se reunieron con fiscales, guardias civiles o imputados en distintos casos de corrupción para conseguir información a cambio de favores. El juez Zamarriego les atribuye un “plan delictivo” contra miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” y “malbaratar” casos en marcha que “afectan a políticos y empresarios”. No deja de ser paradójico que, sin que Díez lo supiera, tanto la UCO como la Fiscalía llevaban meses adentrándose en su actividad con Vicente Fernández con sigilo.

Los agentes sabían que ambos se iban a reunir la mañana en la que en el Congreso se estaba celebrando el último pleno del año, pero, tal y como ha contado EL PAÍS, el expresidente de la SEPI se percató de que lo estaban siguiendo. Se saltó varios semáforos y provocó que la Guardia Civil tuviera que improvisar un operativo que no estaba previsto a la vez que la Fiscalía Anticorrupción interponía en la Audiencia Nacional una querella de urgencia con lo que habían investigado hasta ese momento bajo estricto secreto. Leire Díez estaba en un atasco en el Paseo de la Castellana cuando un agente se acercó a su coche y le dio unos golpecitos en su cristal. Según explican fuentes cercanas a la causa, le anunciaron que estaba detenida y le pusieron los grilletes para trasladarla a los calabazos de la comandancia de Tres Cantos (Madrid) en la que permaneció hasta el sábado. Lo mismo hicieron con Vicente Fernández y con el tercer principal imputado en este caso, el dueño de Servinabar Joseba Antxon Alonso.

Díez pasó de estar imputada en una sola causa a estar investigada en dos. Y la segunda causa, esta de la Audiencia Nacional, por una ristra de delitos mayor (prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal) y de una gravedad más evidente, al estar acusada de haber favorecido hasta cinco operativas, entre rescates, contratos y ayudas públicas, a distintas empresas a cambio de comisiones supuestamente fraudulentas por valor de 750.614 euros repartidos entre ella, el expresidente de la SEPI y el dueño de Servinabar.

Entre esa tarde y esa noche, la UCO registró su casa en Cantabria, la vivienda que tiene alquilada en Leganés y otro piso en la calle Diego de León, 36 (Madrid) que supuestamente utilizaba la trama para reunirse con empresarios de distinto pelaje. En total, se practicaron 19 registros y se incautó una “ingente” cantidad de material, explican las citadas voces, que ahora se analizará y se irá aportando a la causa. Díez, a quien algún líder territorial del PSOE trató de asemejar al Pequeño Nicolás, se ha revelado como una persona con una extensa red de contactos y con una penetración en la actividad pública mucho mayor de la que al inicio del caso el Ejecutivo pudo mostrar.

Una de las incógnitas que trata de despejar el juez Zamarriego, el primero que la imputó, es hasta qué punto ella actuaba como un verso libre, como “una periodista de investigación” —que es lo que ella misma defiende—, o en qué medida tenía un supuesto encargo del PSOE o de algún miembro del partido. En una de las grabaciones que obra en la causa, aportada por un fiscal que se reunió con ella, se le escucha decir que es la “mano derecha” del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. Díez se desvinculó totalmente de este audio, aunque reconoció hasta dos encuentros con Cerdán en Ferraz en la primavera de 2024 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la ciudadanía en sus días de reflexión por la imputación de su esposa Begoña Gómez.

En una de esas reuniones, según reconocieron los propios implicados, también estuvo el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando. Tanto Hernando como Cerdán tendrán que comparecer como testigos el próximo mes de febrero ante el juez Zamarriego para explicar los términos de esa reunión. Pero no son los únicos. Fuentes jurídicas relatan que ambas causas se pueden convertir en un goteo de personas que deban pasar por un proceso judicial y por el otro para desenmarañar la actividad de la exmilitante socialista. La Fiscalía de Madrid ha señalado que ve pertinente la petición de la asociación ultracatólica Hazte Oír —que ejerce de acusación popular en la causa— para llamar a declarar como testigo también al exsenador socialista y exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías porque tuvo en nómina de su consultora a Díez unos meses.

Y a falta de alzar el secreto de las diligencias de la Audiencia Nacional, distintas fuentes de la investigación apuntan a que esta supuesta trama de corrupción extiende sus tentáculos en operativas de distintas administraciones que pueden terminar con la imputación de más cargos públicos “relevantes”. Díez, Fernández y Antxon Alonso se relacionaban en un grupo de la aplicación encriptada Threema bajo el nombre de Hirurok (“nosotros tres”, en euskera) y bajo el foco hay operaciones que suman 132,9 millones de euros. Las comisiones se canalizaron, supuestamente, a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L. y el periodo delictivo va desde 2021 hasta 2023, cuando Vicente Fernández ya había salido de la SEPI. El juez cree que utilizó su influencia para conseguir, por ejemplo, el rescate otorgado a la empresa Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones.

Además de practicar registros en la SEPI, Mercasa, Enusa (empresa para la que Díez trabajó entre 2018 y 2021) y Forestalia, la Guardia Civil requirió también información a Correos, Transición Ecológica, la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente de Hacienda) por motivos que todavía no se conocen de las pesquisas. Esto da la medida de la cantidad de material que todavía queda por aflorar.