El juez reabre la causa por la presunta estafa inmobiliaria de nueve millones en Tenerife

Un juez de Arona (sur de Tenerife) ha acordado la reapertura de la causa penal que investiga una presunta estafa inmobiliaria a través de poderes notariales presuntamente falsos tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la acusación. El procedimiento había sido archivado provisionalmente debido a un error judicial, según denunció en julio el abogado de la acusación. El magistrado Manuel Muñiz Piñeiro ordena no solo la reapertura del caso, sino también el inicio de una comisión rogatoria a las autoridades rusas, con el objetivo de verificar la autenticidad de los poderes notariales cuestionados. La defensa recurrió el auto, si bien su petición fue desestimada.

La red, según las diligencias policiales, operaba mediante presuntos poderes notariales falsificados en Rusia que permitían vender propiedades de lujo sin el consentimiento de sus dueños y acceder a sus cuentas bancarias. En total, 11 inmuebles cambiaron de manos utilizando este método. El abogado de la acusación, Mauro Jordán, explicó en julio a EL PAÍS que el juez había dictado un auto de sobreseimiento “sin examinar ni un solo indicio de criminalidad” basándose para ello únicamente en el argumento del fiscal, que solo eximía al notario español.

Así, la trama, según explica el atestado judicial, usaba poderes notariales falsos emitidos en Rusia a nombre de las víctimas. El presunto encargado de recibirlos en España era Timofey Shilov, quien figura como parte vendedora (sin consentimiento de las víctimas) en todas las transmisiones. La parte compradora era siempre una sociedad inexistente, Ramos Royalty, representada por otro de los imputados, Ángel Gastón Ramos, según las diligencias. Esta sociedad es, actualmente, la titular registral de los 11 inmuebles. La red fingió, según la documentación, la existencia de una filial rusa de esta sociedad para simular la recepción de fondos desde el país. Por último, una colaboradora, Olesya Rishko, intentó presuntamente vaciar cuentas bancarias de las víctimas con documentación falsa.

La investigación policial ha documentado un entramado basado en falsificación de notarías rusas, manipulación de apostillas y uso de documentación digital fraudulenta. La notaría rusa certificó que jamás emitió los poderes atribuidos; el Registro Mercantil ruso confirmó que Ramos Royalty LLC no existe; y el banco Alianza Crediticia Republicana negó la apertura de las cuentas que los sospechosos alegaban como origen del dinero.

El caso saltó a los medios en octubre de 2022, tras la denuncia de la administradora y presidente de una comunidad de propietarios en Playa Fañabé, en Adeje. Esta persona aseguraba que en la urbanización, ocho de los 40 chalets habían sido okupados por nuevos inquilinos que aseguraban ser los propietarios. La denunciante afirmaba que, pese a las escrituras que había presentado un grupo inmobiliario, estos inmuebles no se habían vendido por sus propietarios, todos rusos.

El auto, fechado el 17 de agosto, sostiene que “para poder decidir sobre la continuación del presente procedimiento y acreditar un supuesto delito de estafa en sede de juicio oral es imprescindible que quede acreditada la falsedad de los poderes con los que los investigados habrían actuado para cometer el ilícito penal”. Para ello, considera necesario solicitar la colaboración de las autoridades rusas, a través de una comisión rogatoria. Una comisión rogatoria es una solicitud de auxilio judicial internacional que un juez o tribunal español envía a un país extranjero para obtener información o pruebas necesarias para un procedimiento judicial.

El juez, no obstante, advierte de las dificultades que podría entrañar esta medida debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea a la Federación Rusa desde junio de 2023, en el marco del conflicto internacional derivado de la guerra en Ucrania. Estas sanciones afectan a la prestación de diversos servicios profesionales —entre ellos, los de asesoría jurídica, auditoría, consultoría y verificación de cuentas—, lo que podría interferir en la tramitación de diligencias judiciales como la que ahora se ordena.

“Estamos uniendo los esfuerzos de todos los abogados para dar una respuesta legal eficaz y competente”, explica a EL PAÍS Boris Zhuravlev, uno de los perjudicados, quien asegura que los denunciantes llegaron a enviar 260 instancias a distintos organismos españoles y comunitarios para protestar por el cierre de la causa en enero. “Este caso ha de servir de ejemplo para otros, tanto para los estafadores como para los jueces, de que estos casos no quedarán sin la atención del público”.

En Tenerife residen actualmente 3.665 ciudadanos rusos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta población se concentra mayoritariamente en el sur turístico de la isla (Adeje y Arona), donde viven unas 2.200 personas de esta nacionalidad.