El error de un juez deja en libertad a los autores de una estafa inmobiliaria de nueve millones en Tenerife

Un error judicial, denunciado por los abogados defensores, ha dejado en libertad a los presuntos responsables de una trama internacional que en verano de 2022 estafó más de nueve millones de euros en Adeje (al sur de Tenerife) mediante la venta fraudulenta de inmuebles y el vaciado de cuentas bancarias de ciudadanos rusos usando poderes notariales falsos. La decisión, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, ha supuesto el archivo de la causa pese a los abundantes indicios documentados durante la investigación policial. Esta resolución ha sido recurrida en reforma y está pendiente del informe del fiscal para su resolución.

La red, según las diligencias, operaba mediante poderes notariales falsificados en Rusia que permitían vender propiedades de lujo sin el consentimiento de sus dueños y acceder a sus cuentas bancarias. En total, 11 inmuebles cambiaron de manos utilizando este método. El abogado de la defensa, Mauro Jordán, ha asegurado a EL PAÍS que el juez ha dictado un auto de sobreseimiento “sin examinar ni un solo indicio de criminalidad” basándose para ello únicamente en el argumento del fiscal, que solo eximía al notario español. En Tenerife residen actualmente 3.665 ciudadanos rusos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta población se concentra mayoritariamente en el sur turístico de la isla (Adeje y Arona), donde viven unas 2.200 personas de esta nacionalidad.

La trama, según explica el atestado judicial, usaba poderes notariales falsos a nombre de las víctimas que se emitían en Rusia. El encargado de recibirlos en España era Timofey Shilov, quien figura como parte vendedora (sin consentimiento de las víctimas) en todas las transmisiones. La parte compradora era siempre una sociedad inexistente, Ramos Royalty, representada por otro de los imputados, Ángel Gastón Ramos. Esta sociedad es, actualmente, la titular registral de los 11 inmuebles. La red fingió, además, la existencia de una filial rusa de esta sociedad para simular la recepción de fondos desde el país.

Por último, una colaboradora, Olesya Rishko, intentó, por su parte, vaciar cuentas bancarias de las víctimas con documentación falsa. Para justificar la procedencia del dinero, la organización inventó un préstamo internacional de 50 millones de euros procedente de una empresa rusa, Nita Farm, que ha negado categóricamente cualquier vínculo con los investigados.

La investigación policial ha documentado un entramado basado en falsificación de notarías rusas, manipulación de apostillas y uso de documentación digital fraudulenta. La notaría rusa certificó que jamás emitió los poderes atribuidos; el Registro Mercantil ruso confirmó que Ramos Royalty LLC no existe; y el banco Alianza Crediticia Republicana negó la apertura de las cuentas que los sospechosos alegaban como origen del dinero.

El caso saltó a los medios en octubre de 2022, tras la denuncia de la administradora y presidente de una comunidad de propietarios en Playa Fañabé, en Adeje. Esta persona aseguraba que en la urbanización, ocho de los 40 chalets habían sido okupados por nuevos inquilinos que aseguraban ser los propietarios. La denunciante afirmaba que, pese a las escrituras que había presentado un grupo inmobiliario, estos inmuebles no se habían vendido por sus propietarios, todos rusos. Según explicó entonces la prensa local, el teórico nuevo propietario se acercó hasta la urbanización con una empresa de alarmas para cambiar las cerraduras y acceder a cuatro de las ocho viviendas que habría adquirido supuestamente por 460.000 euros cada una, cuando el valor de mercado de esos adosados supera los 720.000 euros. La administradora aseguró a Diario de Avisos que los papeles “presentan con firma del notario, la compraventa parece legal”. “Pero lo hemos denunciado, porque los propietarios rusos insisten en que no han vendido nada ni tienen intención de hacerlo”.

Además de estas detenciones, el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ordenó registros en domicilios y oficinas de los implicados, durante los que se intervinieron contratos falsos, apostillas manipuladas y poderes notariales apócrifos. También bloqueó cuentas, retiró pasaportes y prohibió disponer de los inmuebles.

Las víctimas también solicitaron la imputación del notario español, Roberto Jesús Cutillas, al considerar que notario debía haber detectado ciertas irregularidades formales en los poderes que se le presentaron. El juzgado, sin embargo, la rechazó en una providencia dictada en noviembre de 2022. La defensa, sin embargo, presentó un recurso. Mientras se resolvía, el juzgado número 1 se inhibió en favor del número 4, que pasaba a ser el encargado de decidir sobre esta petición. El 30 de enero de 2024, el nuevo juzgado lo admitió a trámite. Un año después, el pasado 13 de enero, lo desestimó.

Además, ese mismo día, el magistrado Manuel Muñiz acordó el sobreseimiento de la causa entera, lo que ha supuesto que los principales sospechosos queden en libertad. Para ello, copió literalmente un argumento del informe del ministerio fiscal de 2022, que solo se refería a no imputar al notario, según denuncia el abogado Mauro Jordán de la Peña.

El letrado sostiene que el magistrado confundió la cuestión secundaria de la responsabilidad del notario con el objeto principal del procedimiento, que era determinar la existencia de la estafa inmobiliaria. Jordán ha asegurado a EL PAÍS que el juez ha dictado un auto de sobreseimiento “sin examinar ni un solo indicio de criminalidad de los múltiples que hay, siendo un error casi grosero y equivocándose al copiar y pegar un informe del ministerio fiscal que no tenía nada que ver con el archivo de la causa”. El magistrado ha rechazado dar su opinión de los hechos.