Un camaleón con toga: al banquillo el juez que ocultaba su relación con los estafadores para ofrecer ayuda a las víctimas

Durante un juicio por estafa celebrado esta semana en la Audiencia de Barcelona, el banquillo de los acusados ha estado vacío. Uno de los procesados, Rafael Ruiz Lemonche, presunto empresario, tres veces condenado, está en busca y captura. El otro, Benito Pérez Bello, magistrado suspendido, acusado de estafar 850.000 euros a un matrimonio amigo y a una conocida del matrimonio, se ha sentado en el estrado junto a su abogado, ambos con toga, pero solo Pérez con puñetas. El propio Pérez ha vestido la toga sin puñetas de los abogados durante los 14 años en los que estuvo en excedencia voluntaria como juez. Y lo hizo a veces como acusación y otras como defensa en otros cinco asuntos calcados en los que siempre aparece él y nunca, el dinero de los inversores.

Pérez Bello había pedido el reingreso en la carrera judicial en enero, pero dado el proceso en marcha, está suspendido cautelarmente. Aún así, pasadas las 10 de la mañana del miércoles, como juez suspendido y parte querellada, entró en la sala con la toga puesta, la americana y una funda porta trajes colgando del brazo izquierdo y un maletín de cuero en la mano derecha. Seis años y medio después de que empezaran a aflorar querellas por estafa en la ciudad de Vitoria, la provincia de Valencia, la región de Murcia y el barrio alto de Barcelona, Pérez se ha sentado en el banquillo (procesalmente hablando), aunque a punto estuvo de librarse.

Durante la instrucción, la Fiscalía, cuyos togados lucen puñetas, como los magistrados, estuvo dividida: pidió el archivo y así se decretó, pero, abierto el juicio por orden de la Audiencia Provincial, se nombró a otra fiscal y, vistos sus interrogatorios, el miércoles quedó claro lo que el viernes se confirmó: la Fiscalía acusa de estafa al magistrado Pérez.

Compañeros de viaje

Además del fugado Ruiz Lemonche, condenado por estafa y apropiación indebida en Valencia y también por apropiación indebida en Madrid, el otro compañero procesal de Benito Pérez es un ex jugador de la ACB reconvertido en gurú financiero, Aitor Zárate. Ambos captaban fondos en nombre de empresas remotas, radicada en Nueva Zelanda la de Lemonche y una de las de Zárate en Belice, a cambio de prometedores réditos; y los dos alegaron problemas de salud cuando se vio que no iban a cumplir las promesas.

En medio, el abogado Pérez, con el prestigio de su condición de juez, aparentaba la solvencia que no tenían: presidiendo la Junta de Accionistas de otra de las empresas de Zárate, con quien ahora está investigado en Vitoria —según la querella se han podido evaporar más de “10 millones de euros”—, o haciendo de enlace con la de Lemonche —de la que se esfumaron casi tres millones—, por lo que ha sido juzgado en Barcelona.

Pero los paralelismos se mantenían una vez arruinadas las promesas. Cuando los pequeños y medianos inversores caían en la cuenta de que no iban a recuperar su capital, Pérez Bello, siempre en medio, se ofrecía como mediador. Al menos a tres de los que perdieron el dinero con Zárate, Pérez se ofreció para representarlos como abogado, aunque sin decirles que él mismo participaba del esquema por el que, en el caso de Vitoria, está investigado como presunto coautor de la estafa.

“Él explicaba que era un perjudicado más, hacía el papel de abogado serio”, recuerda uno de esos afectados a los que Pérez representó en una querella que acabó archivada. Preguntado uno de los que perdieron su dinero con Ruiz Lemonche, tampoco sabía que Pérez iba a ser juzgado junto a este y por lo mismo. “No tenía ni idea”, responde a este diario con la condición de mantenerse en el anonimato.

Querellas complementarias

A falta del cuerpo de los acusados, el banquillo de Barcelona sirvió para apoyar los complementos de los tres querellantes y sucesivos testigos: un portafolios de cuero, un bolso de Loewe o una funda de ordenador. La segunda en declarar, pero la primera afectada, fue una conocida letrada de la ciudad que coincidió con el juez Pérez y con el que trabó amistad. “Él era juez de vigilancia penitenciaria”, dijo, “y yo abogada penitenciarista: iba cada día al juzgado”. Cuando, en 2011, “don Benito” pidió la excedencia para ser letrado, ella fue su “madrina” durante la imposición de togas en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El miércoles declaró que, después de haber acompañado a tantos “estafadores a la cárcel” y de haber pensado en sus víctimas, ahora piensa en ella: “Caray, me ha pasado a mí”.

Lo que empezó siendo una relación profesional y de admiración hacia el magistrado —“era un juez magnífico”, llegó a decir—, se extendió como amistad a las familias. “Me siento un poco culpable porque convencí a mi marido de que invirtiera”, dijo la abogada. Sin esa “confianza ciega” en el amigo juez, es difícil entender que ella y su marido, ingeniero, entregaran 500.000 euros en metálico en el salón de su casa al hoy fugado Ruiz Lemonche a cambio de un contrato redactado por “don Benito”: “nuestro amigo”, “nuestro abogado”.

Meses antes, el propio Pérez les había hablado de la inversión segura que era la empresa de Ruiz Lemonche, Pegasus Market. “Para mí, el hecho de ser juez era una etiqueta de honradez, y aunque ya no ejerciera de juez, lo seguía siendo, porque la calidad humana no cambia porque lleve toga o se la quite”, declaró el marido de la abogada en el juicio. Para entonces, Pegasus Market carecía de licencia para operar, sancionada por las autoridades de Nueva Zelanda.

A Ruiz Lemonche solo lo vieron dos veces. El día que fue a recoger el dinero —de traje, con Rolex, impecable—y el día que reapareció para decir que se estaba separando y que tenía problemas de liquidez —desaliñado, en camisa y sin afeitar—. Lo mismo dijo la amiga del matrimonio, Carmen, quien explicó que también en su casa, como en la de sus amigos, fue Benito quien, con “una máquina de contar billetes” que llevaba, contó el dinero y lo metió en “una bolsa”. Y que después de que su hija le hubiera alertado de que la habían estafado y de que ella misma le transmitiera sus inquietudes a quien hasta entonces había sido su asesor, Benito Pérez, éste intentó “hacer[le] la cama”. Es decir, se presentó como otro perjudicado más que quería querellarse contra Pegasus. Ni ella ni sus amigos lo creyeron y se querellaron contra Pérez.

El miércoles, la defensa de Pérez renunció a que Aitor Zárate declarara en el juicio, algo que sí había hecho en instrucción. A diferencia de lo que ocurrió entonces, las acusaciones ahora ya sabían de la relación prexistente entre ambos, una relación revelada por las noticias que desde 2019 han ido apareciendo sobre las diversas causas en marcha, geográficamente dispersas.

A esa dispersión, se ha unido la discreción con la que los propios afectados han querido llevar los asuntos, lo que ha dificultado componer la imagen completa. Ninguno quiere aparecer con su nombre. A veces, ni siquiera sus familiares más íntimos saben que han perdido el dinero; y en otras, no quieren que su nombre los exponga socialmente. De las decenas de pequeños y medianos ahorradores que han perdido entre 20.000 euros y medio millón de euros, solo un puñado de ellos emprendieron acciones judiciales.

En el caso de Barcelona, Pérez ha alegado que él mismo es un “perjudicado” y que, de hecho, presentó una querella contra el propio Ruiz Lemonche en otro juzgado. La documentación que presuntamente demostraba ese perjuicio, y que Pérez había presentado en mayo en una primera sesión del juicio que quedó suspendido, esta semana quisieron retirarla porque, tal y como quedó en evidencia, más que de coartada, podía acabar desmontando su versión. El miércoles, también pidió declarar en último lugar y así lo hizo el viernes.

“Él se ha presentado como un perjudicado más, que todo lo que hizo fue un favor a sus entonces amigos”, según fuentes presentes en el juicio. “Esa ha sido toda su defensa”, aclaran. Contactado por este diario, Pérez ha declinado responder a ninguna pregunta. “Lo prudente sería esperar a que haya una resolución firme”, dijo este sábado.

El resultado de esta primera sentencia marcará el futuro inmediato del juez. De ser condenatoria, lo mantendría apartado de la judicatura hasta que sea firme. De ser absolutoria, le permitiría incorporarse inmediatamente a la plaza que ya tiene asignada, en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, puesto que en el otro proceso en el que aparece como investigado, en Vitoria, no se ha decretado aún el procesamiento, a la espera de una comisión rogatoria de Andorra que lleva meses tramitándose. En Barcelona, las acusaciones solicitaron 11 años de cárcel por ambas estafas, aunque abrieron la puerta a, si es condenado solo por complicidad, una pena de dos años, que evitaría su ingreso en prisión. Un ejercicio de realismo frente a las puñetas.

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