El Gobierno declara zonas catastróficas las áreas afectadas por un verano climático extremo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia (antigua calificación de zona catastrófica) para los territorios afectados por los incendios forestales y las inundaciones del pasado mes de junio. Esta calificación sirve para agilizar la respuesta del Ejecutivo en las zonas devastadas mediante ayudas directas y exenciones fiscales. El Gobierno ha anunciado además que trabaja en un futuro real decreto, al que no pone fecha, pero debería estar listo en los próximos meses, para subir las ayudas económicas para los damnificados de desastres naturales y otras emergencias que establece la normativa vigente, que se aprobó hace 20 años y en La Moncloa consideran desfasada.

“Estamos trabajando en una actualización de las cuantías, para que las ayudas se adecúen razonablemente, o más razonablemente, a los daños, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la promulgación de ese real decreto”, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, comúnmente conocida como zonas catastróficas en todas las comunidades autónomas salvo País Vasco como adelantó EL PAÍS. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha habilitado de este modo la vía para que puedan reclamar ayudas los damnificados por las 121 emergencias de protección civil que se han registrado en España desde el 24 de junio: 114 incendios forestales ―15 grandes fuegos siguen activos en Castilla y León (10), Asturias (3) y Galicia (2)― y siete provocadas por riadas e inundaciones. La intención del Gobierno es que las futuras ayudas tengan carácter retroactivo cuando estén aprobadas. Mientras tanto, se mantienen las cantidades aprobadas dos décadas atrás para la respuesta a la oleada de incendios e inundaciones en los últimos dos meses.

Las cuantías reguladas en el real decreto 307/2005 son de 18.000 euros por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente. Además, recogen una cuantía máxima de 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual, que se queda en 10.320 euros por los daños a la estructura de la vivienda habitual. En el caso de que la estructura no se haya visto afectada, el máximo fijado es de 5.160 euros. La destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual se compensaría con un límite de 2.580 euros para su reposición o reparación. Se trata de unas cantidades que el Gobierno cree insuficientes y que además han quedado anticuadas ante las catástrofes naturales que España sufre cada vez con más frecuencia y virulencia.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 contempla a su vez medidas fiscales para las zonas catastróficas como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares. Otra que se suele incorporar en las respuestas del Ejecutivo tras la campaña de incendios de cada verano es la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente como en el caso anterior a este ejercicio presupuestario, para las industrias, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales cuyos negocios hayan sido dañados.

El Ejecutivo ya aprobó una respuesta específica para las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma y la dana de Valencia con cantidades mucho más elevadas. En este último caso, con 228 fallecidos y cientos de miles de damnificados, se aprobaron hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores. Las fuentes gubernamentales consultadas explican que la respuesta ante la concatenación de emergencias debe actualizarse y no puede reducirse a una respuesta específica como en los dos casos mencionados.

El primer Consejo de Ministros tras el parón del verano ha estado condicionado por las 358.000 hectáreas que en tan solo 15 días han ardido en agosto, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Unas llamaradas se han propagado a la política, con el PP responsabilizando al Gobierno de haberse desentendido de los fuegos en comunidades como Castilla y León y Galicia, pese a que su prevención y extinción son competencias autonómicas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado además 50 medidas paras las zonas afectadas ―el PP gobierna Castilla y León desde 1987 y Galicia desde 2009 de forma ininterrumpida― con la creación de un registro nacional para pirómanos como medida estrella, pese a que los datos oficiales contradicen que sean los responsables de la mayoría de incendios. Según los últimos datos de Interior, de 2023, la Guardia Civil tuvo conocimiento ese año de 2.944 incendios. De ellos, 225 fueron “intencionados” (7,6%) y los provocados por “pirómanos” fueron 15 (0,5%).

“La referencia que ha hecho Feijóo a que los pirómanos son causantes de la mayoría de incendios ha sido contestada por fiscal especialista de medioambiente y la memoria de la fiscalía y las memorias del Seprona. No es esa la realidad. Tampoco podamos identificar al pirómano con el incendiario, hay que ser más serio al hablar de este tema”, ha reprochado Marlaska. “El desconocimiento creo que lleva a Feijóo a usarlo de forma ajena a la realidad. En el pirómano subyace una patología de carácter psiquiátrico y un incendiario lo hace por unos intereses de distinta índole. Y no podemos olvidar los incendios por negligencias, por imprudencias graves como hacer una barbacoa. Sin olvidar las causas naturales. Hay que ser más serio para hablar de temas complejos, y no con soluciones de poco fuste”, ha apostillado.

“La hemeroteca está ahí. Todos los presidentes [autonómicos del PP] reconocieron esa buena coordinación y después hubo un giro argumental”, ha observado por su parte la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El 14 de agosto el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, aseguraron que disponían de los medios necesarios. Pero todo cambió un día después, después de que Feijóo exigiera el despliegue del Ejército más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A partir de ese momento, las comunidades del PP llegaron a solicitar una movilización sin precedentes y criticaron la demora del Gobierno en atender sus peticiones ese mismo fin de semana.

El Gobierno mantiene, no obstante, su hoja de ruta para lograr un Pacto de Estado que facilite la reacción de las distintas administraciones, con independencia del partido que las gobierne, y que se mantenga en las distintas legislaturas. El PP ha desdeñado la medida, que achaca a “una cortina de humo” de Sánchez, mientras en el Ejecutivo preocupa que Génova asuma como propio el discurso de Vox, negacionista del cambio climático. “Ese negacionismo ha ido adquiriendo más protagonismo en responsables del PP, eso es una desgraciada realidad”, ha lamentado Alegría.