La financiación autonómica, un frente abierto con ERC y en el propio PSOE

El PP tiene materia donde elegir para hacer oposición al Gobierno. Desde este lunes a los casos de corrupción que afectan al PSOE y a las acusaciones de Feijóo sobre la relación del presidente del Gobierno con “el negocio de la prostitución”, se añade la negociación para dotar a Cataluña de un sistema de financiación que le permita recaudar y gestionar sus tributos, en paralelo a la contribución solidaria para el resto de España.

Para los populares esto significa romper la igualdad entre españoles. A esta tesis se suma el presidente socialista de Castilla–La Mancha, Emiliano García Page. Con menos virulencia, pero en la misma línea se ha pronunciado el otro presidente socialista, Adrián Barbón, jefe de gobierno del Principado de Asturias. La negociación va a seguir adelante, aunque el resultado no será inmediato por razones de capacidad de la administración catalana de asumir ese enorme cometido. También se gana tiempo para que el Gobierno central mantenga la oferta al resto de comunidades para que se sumen a este nuevo sistema. En todo caso, la principal tarea del Ejecutivo es convencer al resto de comunidades de que no saldrán perjudicadas.

La negociación sigue abierta con ERC. El partido de Oriol Junqueras presentará en el Congreso antes de que termine el mes de julio su propia proposición de ley para someter a votación el cambio de tres leyes que conduzcan a que Cataluña maneje sus tributos. Esta medida es preventiva, ya que si las negociaciones entre los socialistas y los republicanos no descarrilan esa proposición de ley, necesaria para el cambio, tendrá la firma del grupo socialista y de la propia ERC.

Los pactos hay que cumplirlos y las cuentas pagarlas. Eso es lo que ha exigido ERC. Hace un año el PSC negoció con los republicanos la investidura del socialista Salvador Illa a cambio de una financiación singular para Cataluña. Pedro Sánchez estuvo de acuerdo. Este lunes se reúne el Gobierno con la Generalitat, con dos socialistas al frente, donde teóricamente deben llegar a un acuerdo refrendado por ERC. De ahí, al Congreso de los Diputados mediante una proposición de ley para efectuar los profundos cambios. Todos ellos serían aplicables a las comunidades que quieran recaudar, liquidar y gestionar todos los impuestos.

Eso sí, Cataluña iría de avanzadilla como ha ocurrido siempre desde que se instauró la financiación autonómica. El empantanamiento de la financiación de las comunidades se ha cronificado. El último modelo se aprobó en 2009, con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y caducó en 2014, con el popular Mariano Rajoy. Desde entonces no ha habido posibilidad de renovación. Nadie duda de que algunas comunidades sufren una precaria asignación de recursos. La Comunidad Valenciana es una de ellas y también Cataluña. “Cataluña necesita más financiación y la tendrá, pero en una mesa con todos, no bilateral”, llegó a decir esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin números todavía y sin que se haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el PP tiene pista despejada para proclamar el supuesto atropello a la igualdad entre españoles que el Gobierno va a perpetrar, según ellos, para asegurarse los votos de ERC en Madrid. También Illa los necesita en Cataluña.

A estas negociaciones que se le abren al Gobierno, se unen las que comienzan el martes con el País Vasco para encauzar las transferencias pendientes. Otra ventana de oportunidad para el PP, junto a todos los casos de corrupción y los ataques hacia Sánchez sobre los presuntos negocios de su suegro ya fallecido. Acusa Feijóo a Sánchez de haberse beneficiado “de negocios de prostitución”. No fue un arrebato; el líder del PP lo llevaba escrito y lo leyó en el pleno del Congreso del pasado miércoles, lo que abrió un nuevo capítulo de las hostilidades entre el PP y los socialistas.