La comunidad religiosa de El Paso se moviliza a favor de los inmigrantes

Este artículo ha sido publicado en colaboración con Puente News Collaborative, la radio pública KTEP y la Craig Newmark Graduate School of Journalism de la City University of New York (CUNY). Puente News Collaborative es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la información, organización y financiación de noticias de calidad y rigor informativo enfocadas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Seis meses después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, los profundos cambios en la política migratoria federal han intensificado las deportaciones, recortado millones de dólares en fondos federales destinados a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asistencia legal a inmigrantes y revocado protecciones para espacios sensibles, incluidas las iglesias. 

En El Paso, Texas, líderes religiosos y organizaciones que durante mucho tiempo han brindado apoyo a migrantes están lanzando alertas sobre nuevas políticas que, según dicen, están generando miedo y socavando los esfuerzos humanitarios. “La gente tiene miedo de salir a comprar comida. Tienen miedo de ir a la iglesia”, afirma el obispo católico de El Paso, Mark Seitz. “Realmente no creo que ‘miedo’ describa adecuadamente lo que sienten. Es terror”.

El polarizante tema de la inmigración ha dado paso a protestas masivas en Los Ángeles y en múltiples ciudades del país contra las redadas generalizadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que incluyen lugares de trabajo y otros espacios. Algunas informaciones apuntan a que al menos una persona habría sido detenida cuando se encontraba en terrenos pertenecientes a una iglesia. El papa León XIV, oriundo de Chicago y descendiente de inmigrantes sicilianos, ha pedido que se proteja a los inmigrantes, los pobres y los más vulnerables, siguiendo el legado de su antecesor, el papa Francisco.

“Nadie está exento de garantizar la dignidad de cada individuo”, dijo el Pontífice. “Desde los no nacidos hasta los ancianos, desde los enfermos hasta los desempleados, tanto ciudadanos como inmigrantes”.

Al revocar la política de lugares sensibles, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo: “La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que usarán el sentido común”.

Lugares sensibles

Para el obispo Seitz, la misión de la diócesis de proteger a los más vulnerables nunca ha sido más clara, mientras la Administración Trump lleva a cabo lo que sus críticos —incluido el propio Seitz— han calificado como deportaciones masivas basadas en perfiles raciales.

“La intención de la Administración era que la gente se fuera —para contentar a quienes no quieren a nadie en este país que no se parezca a ellos”, dijo Seitz. “Tienes que preocuparte constantemente. Estar constantemente en guardia”.

En octubre de 2021, la Administración Biden amplió la definición de “lugares sensibles” a “áreas protegidas”, lo que impuso mayores restricciones a que el ICE pudiera ingresar a espacios como escuelas, centros de salud, establecimientos de servicios sociales, centros de ayuda contra catástrofes naturales y lugares de culto. Ahora, ningún espacio está fuera del alcance del ICE.

En su primer día en el cargo, el presidente Trump revocó la política bipartidista de “lugares sensibles”, vigente desde la Administración Clinton, que instaba a los agentes de inmigración y aduanas a usar “buen juicio” al realizar operativos en zonas delicadas.

La eliminación de esta política ha provocado múltiples demandas por parte de grupos religiosos en todo el país, incluidos los Cuáqueros en Maryland y Oregón, que argumentan que las nuevas medidas violan la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Primera Enmienda.

En enero, un juez federal en Maryland bloqueó partes de la orden ejecutiva de Trump. El juez de distrito Theodore D. Chuang dictaminó que la política imponía una “carga real y sustancial” sobre organizaciones religiosas que históricamente han ayudado a migrantes. “La carga impuesta por esta política es real”, escribió Chuang en su fallo. “Ya está ocurriendo”.

En la ciudad fronteriza de El Paso, una de las comunidades binacionales más grandes del país, la ofensiva migratoria ha sembrado temor entre muchas personas de color, generando múltiples protestas. Más del 80% de la población de El Paso es hispana.

“Un momento de resistencia esperanzadora”

Esta primavera, el obispo Seitz encabezó una vigilia con velas por el centro de El Paso hasta la Iglesia del Sagrado Corazón, que sirvió como albergue para familias migrantes durante el gran aumento de solicitantes de asilo en 2022. Lo acompañaron líderes religiosos de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Vaticano.

“Fue un momento de resistencia creativa y esperanzadora”, dijo Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute. “El testimonio de las personas afectadas por estas políticas debe estar en el centro de nuestra respuesta”.

Esa resistencia conlleva riesgos crecientes, ya que organizaciones religiosas temen ser blanco de una ofensiva. La Operación Lone Star, la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegó a 10.000 miembros de la Guardia Nacional y policías estatales a lo largo de la frontera con México. Las organizaciones religiosas temen enfrentar consecuencias por brindar ayuda humanitaria a migrantes indocumentados.

“Ahora tenemos una diana sobre la espalda”, dijo Corbett. “Podrían venir a por nosotros con cargos de tráfico o contrabando”.

Esa amenaza se volvió real en junio pasado, cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, intentó cerrar Annunciation House, que ofrece refugio temporal a migrantes en El Paso. Paxton calificó a la organización católica como una “casa de seguridad” y solicitó registros detallados de las personas que recibieron sus servicios. Annunciation House se negó, argumentando que divulgar esos archivos —que incluyen información médica y datos personales sensibles— violaría los derechos de privacidad de los migrantes y la libertad religiosa de la organización.

A finales de mayo, la Corte Suprema de Texas falló por unanimidad que el fiscal general Paxton tiene la autoridad para exigir los registros necesarios para continuar con su demanda contra el albergue de migrantes. Sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso.

Mientras tanto, defensores de los derechos advierten que algunos inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo con casos pendientes, están optando por regresar a sus países de origen en lugar de arriesgarse a ser arrestados. “A lo que regresan puede ser peor en términos del peligro real para sus vidas, pero de algún modo, estar hoy en un lugar como Estados Unidos se siente más peligroso”, dijo el obispo Seitz.

Ante la amenaza inminente de deportaciones masivas, el Hope Border Institute de Corbett ha cambiado su enfoque para ayudar a los migrantes a planificar retornos voluntarios a sus países de origen. “Ayudamos a una familia a regresar a Venezuela de manera segura”, dijo Corbett, director ejecutivo del grupo. “En esas estamos ahora. No solo defendiendo el derecho de las personas a quedarse, sino también ayudándolas a irse con dignidad cuando ya no se sienten seguras aquí”.

Ayuda legal en crisis

Estrella del Paso, el ministerio de ayuda legal de la Diócesis Católica, ofrece talleres de “conoce tus derechos” que ahora se imparten con cautela, ya que muchos migrantes temen asistir en persona. “Si las personas necesitan la presentación de ‘conoce tus derechos’ o una consulta de manera remota porque tienen miedo a venir, podemos adaptarnos”, dijo Melissa López, directora ejecutiva de la entidad.

En un momento de alta demanda por sus servicios, esta organización sin fines de lucro perdió 5 millones de dólares en fondos federales y tuvo que suspender temporalmente a casi la mitad de su personal. “Éramos un equipo de 78”, dijo López. “Ahora, 30 de esos puestos están en suspensión temporal”.

A principios de mayo, la organización recibió una subvención de emergencia por 25.000 dólares del Fondo de Asistencia para Refugiados Fronterizos, una iniciativa conjunta del obispo Seitz y el Hope Border Institute, para sostener los talleres y pagar representación legal para solicitantes de asilo. “Esta subvención es un salvavidas —no solo para nuestra organización, sino para las miles de personas vulnerables a las que servimos”, dijo López al anunciar el financiamiento.

Calificando este momento como uno de demanda sin precedentes para representación legal, Seitz dijo que el evangelio reta a los fieles a “estar con los vulnerables y asegurar que la esperanza y la justicia permanezcan vivas en nuestra frontera”.

“No creo que esté hablando de política. Estoy hablando de fe. Los políticos están jugando con mi fe”, dijo el obispo.

—

Adelina Romero es periodista multimedia bilingüe afincada en Brooklyn, Nueva York. Cubre temas de inmigración, trabajo, salud y comunidades religiosas. @aderomero

Rebecca Raghunath es estudiante de periodismo en la Craig Newmark Graduate School of Journalism de Nueva York, especializada en inmigración y temas religiosos. @rebecca_raghunath_reporter

Angela Kocherga es directora de noticias y reportera para KTEP radio pública en El Paso. Colabora con NPR y co-presenta Texas Standard, un programa estatal de noticias. Fue jefa de corresponsales en México para un grupo de cadenas televisivas líderes. Ha ganado premios por su trabajo multimedia, incluido el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia. @AngelaKBorder

Alfredo Corchado es editor ejecutivo de Puente News Collaborative y ex corresponsal de frontera/México para The Dallas Morning News. Autor de Midnight in Mexico y Homelands. Fue becario Nieman en Harvard en 2009 y ganador del premio Maria Moors Cabot. @ajcorchado