Euskadi firma la paz turística, pero retrasa a 2026 el cobro de una tasa a los huéspedes

El País Vasco camina inexorablemente hacia la aplicación de una tasa turística a partir de 2026, como ya rige en Cataluña y Baleares. El largo debate sobre la implantación de este gravamen a todos los viajeros que pernocten en esta comunidad autónoma se acerca a su final tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre las instituciones concernidas: el Gobierno vasco, las diputaciones forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, y los ayuntamientos. El cobro de este canon turístico en esta comunidad autónoma era un secreto a voces, pero quedaba pendiente alcanzar un pacto político sobre su aplicación efectiva. Finalmente, el Ejecutivo autónomo ha aceptado que las diputaciones se encarguen de aprobar la normativa reguladora y los ayuntamientos sean los que asuman la recaudación.

La tasa turística se aplicará sobre las pernoctaciones en alojamientos turísticos, es decir, solo a aquellos que decidan pasar al menos una noche en estos establecimientos. La tarifa variará en función de la categoría del alojamiento donde se realice el hospedaje, siendo más elevada en los que tengan más estrellas, e incluiría en principio a los usuarios de los cruceros que lleguen a la costa vasca.

San Sebastián ha sido una de las principales impulsoras de la aprobación de la tasa turística. Es uno de los principales destinos para los viajeros que acuden a España. Sigue estando entre las ciudades preferidas para los visitantes. Esta ciudad superó ligeramente el año pasado el millón de visitas, según datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Ya en la época en que Bildu gobernaba en Gipuzkoa (entre 2011 y 2015), con Martín Garitano al frente, el cobro de un impuesto a los turistas estaba encima de la mesa. Su aprobación no ha sido posible durante el tiempo transcurrido desde entonces, con el PNV y los socialistas al cargo de las políticas turísticas. El marco competencial vasco ha sido, entre otras razones, el principal escollo para seguir los pasos de Cataluña y Baleares, que aprobaron esta figura impositiva a los turistas en 2012 y en 2016, respectivamente.

El País Vasco ha alcanzado el apogeo turístico en la última década, un efecto que se ha visto favorecido, entre otros factores, por la desaparición del terrorismo de ETA. La implantación de este canon es uno de los compromisos recogidos en el programa de gobierno acordado por el PNV y PSE-EE (liderado por el lehendakari Imanol Pradales) tras su toma de posesión hace ahora poco más de un año. El consejero del ramo, el socialista Javier Hurtado, prometió resolver debate a comienzos de este año: “Por fin ya no debatimos sobre si implantar un impuesto turístico, sino sobre cómo hacerlo”, dijo en marzo pasado.

La decisión ya está tomada. Hurtado, “firme” defensor de la tasa turística, aseguró este pasado lunes que ya existe “consenso” para establecimiento de un impuesto a las estancias turística. Finalmente, no será un impuesto autonómico, aunque estará en vigor en el conjunto del País vasco. Serán las diputaciones forales (las instituciones con la competencia en la regulación de los impuestos) las que deberán aprobar sendas normativas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y quedará en manos de los ayuntamientos la capacidad de proceder al cobro de la tarifa turística, cuya cuantía no está aún definida.

El alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV), calculó a comienzos de 2025 que la ciudad dejó de ingresar el año pasado entre 7,5 y 8,5 millones de euros por la ausencia del impuesto. Barajó esa cifra tras aplicar un precio de entre 3,5 y 4 euros a los dos millones de pernoctaciones que se contabilizaron en 2024 en San Sebastián. El concejal de Turismo, Jon Insausti, opina que este impuesto “va a ayudar a mejorar la gestión del destino”, y precisa que en esta medida fiscal “no existe un ansia de control municipal”, sino el deseo de recaudar fondos para mejorar la gestión de turismo en la ciudad.

“El impuesto turístico lo recaudaría el Ayuntamiento y deberíamos hacerlo en alianza con los alojamientos”, comenta el edil, quien considera que el pago por las pernoctaciones se realizaría en los hoteles, hostales, pensiones y agroturismos. El dinero recaudado “debería ir destinado a mejorar la calidad de vida de los donostiarras”, precisa Insausti. “Esto no va a hacer que la gente venga menos”, pronostica este concejal.

La pelota está ahora en el tejado de las diputaciones forales. Queda en sus manos aprobar una orden foral reguladora de la tasa. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (PNV), afirmó este pasado miércoles a los medios informativos que espera poder presentar para “final de año” dicha norma foral para que su puesta en marcha sea una realidad a lo largo de 2026.

“Se tratará de una tasa, no de un impuesto”, aclaró Mendoza para zanjar el debate de las competencias vascas y confirmar que la tramitación se realizará en las Juntas Generales (Parlamentos provinciales) y no en el Parlamento vasco. PNV y PSE tienen la mayoría absoluta en la Cámara autonómica, pero, en cambio, estas dos formaciones necesitan del apoyo de otro grupo de la oposición para que la normativa de la tasa turística salga aprobada en Giopuzkoa y en Álava (en Bizkaia también tienen mayoría suficiente). En el caso del País Vasco, si todo discurre de acuerdo con lo acordado ahora, “los ayuntamientos recaudarían [el gravamen turístico] y serían estos los encargados de decidir si lo aplican o no”, señaló la mandataria guipuzcoana.

EH Bildu defiende esta medida. Itziar Murua, concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Zarautz, parlamentaria y presidenta de la Comisión de Turismo, Comercio y Consumo del Parlamento vasco, critica que la no aplicación de la tasa turística es “un ejemplo más de la incapacidad del PNV y el PSE-EE para gobernar el turismo de manera eficaz”. Según Murua, “las desavenencias entre ambos partidos están bloqueando una medida prometida, necesaria y ampliamente debatida”.