Cataluña aplaza la entrada en vigor de la nueva tasa turística

La nueva tasa turística tendrá que esperar en Cataluña hasta después del verano. El pleno del Parlament ha avalado este miércoles aplazar la entrada en vigor del nuevo gravamen, anunciado en febrero por el Ejecutivo y Comuns sin el apoyo del resto de formaciones, y que este se tramite finalmente como proyecto de ley para recoger las aportaciones de los otros grupos parlamentarios. El decreto de aplazamiento ha contado con los votos favorables del PSC, ERC y Comuns, mientras que el resto de grupos de la cámara ha votado en contra.

La nueva tasa turística, que preveía doblar el importe hasta los siete euros por noche, se había convertido en una piedra en el zapato de Illa. Presentada en febrero como un logro social porque la intención inicial era destinar un 25% de la recaudación a políticas de vivienda, los recelos de ERC y del sector obligaron al gobierno a mover ficha: pactó con los republicanos una moratoria que no se confirmó porque el Parlament (con los comunes al frente) no lo permitió a principios de mayo. Tras pactar nuevamente con Comuns, finalmente el Gobierno consigue ordenar la cuestión a la tercera: el Parlament ha validado este miércoles al fin el aplazamiento. El sector se ahorra el aumento de las tarifas y el resto de formaciones podrán introducir sus enmiendas a la propuesta de ley de ERC. Este aplazamiento, según el Govern, tiene el objetivo de garantizar la “seguridad jurídica”

Durante la sesión de este miércoles, la mayoría de formaciones han criticado los continuos cambios de criterio del gobierno. “Recuerden que son un gobierno en minoría y que no pueden decidir sin consensos, porque luego nos encontramos con falta de rigor e incertidumbre”, ha señalado Laia Cañigueral (ERC). La republicana ha pedido un debate “con profundidad” y ha señalado la “improvisación” del Govern. “No podemos seguir improvisando a base de decretos por la vía de urgencia sin que el Parlament lo discuta”, ha mantenido, en referencia al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, no vinculante, que afeaba al Govern el uso indebido del decreto ley por una cuestión que no requería, entendió, el trámite de urgencia.

El debate se ha encendido entre Junts y Comuns, en las antípodas en esta cuestión. Joan Cañadell (Junts), ha acusado al gobierno de someterse a la “dictadura” de los comunes, mientras que David Cid (Comuns), le reprochado ser el “defensor de los guiris”. “¿Ustedes creen que algún turista que paga 800 euros por una noche en el Paseo de Gràcia no vendrá porque tiene que abonar 8 euros de tasa turística?”.

Tanto Junts como el PP han lamentado “la falta de diálogo” de la consejera Alicia Romero con el sector. “Ustedes dicen que hablan con el sector, pero no les escuchan. La tasa turística es un ataque al sector, que está en contra”.

La primera modificación elevó la tasa hasta los entre 2 euros (los campings y establecimientos básicos) y los 7 (hoteles de cinco estrellas) al día en Barcelona; y entre los 1,20 y los 6 en el resto del territorio. Cataluña recaudó en 2023 unos 85 millones y superó los 90 millones el año pasado por la tasa turística: si el volumen de negocio de la industria turística mantiene el ritmo actual, el Govern rozaría los 200 millones de euros anuales de recaptación. El pacto habilitaba también a que los municipios catalanes creen un recargo sobre la tarifa autonómica, como actualmente realiza Barcelona. Todo ello, sin embargo, queda congelado hasta la aprobación de la futura ley que el Parlament tendrá que debatir después de verano.