Los comunes aceptan aplazar la entrada en vigor de la tasa turística a cambio de políticas en vivienda

La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, y la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, han presentado este viernes el acuerdo para garantizar que la tasa turística no se empezará a aplicar hasta que finalice la tramitación parlamentaria de la norma. El pacto recoge cuatro medidas en vivienda, entre ellas que los 59 millones que el Govern dejará de ingresar por el retraso en la entrada en vigor del gravamen se inviertan a partes iguales para la compra de vivienda por tanteo y retracto y para el fondo de cooperación local. La previsión es que la nueva tasa que pagarán los turistas se pueda liquidar ya a partir de octubre.

Tras el lío colosal que ha generado el recargo, habitual en cualquier ciudad europea, Albiach ha afirmado que los comunes han querido contribuir a desbloquear una situación “absurda” y aprovecharla para incidir en políticas de vivienda. El acuerdo contempla estos cuatro puntos: la creación a través de un decreto de un registro de grandes tenedores, que estará en marcha en tres meses; el aumento de la inspección para fiscalizar el fraude en el pago de la tasa en los pisos turísticos y actualizar de paso el censo de pisos turísticos; la convocatoria del plan de barrios entre junio y julio para que se puedan acoger 20 municipios y los 59 millones citados.

“La conclusión es muy clara”, ha remarcado Albiach. “Ganan las políticas de vivienda y los Ayuntamientos y pierden los que querían cargarse la tasa turística. Es la legislatura de la vivienda”. La consejera ha recordado que el Govern apoya una fiscalidad “justa y progresiva” y ha apuntado que aunque el turismo aporta el 2% del PIB también genera incomodidades. La tasa turística se implantó en 2013 y desde entonces Cataluña, ha esgrimido la consejera, ha pasado de recibir de 15 a 20 millones de turistas. “Ni mucho menos ha perjudicado la llegada del turistas”, ha afirmado frente a las voces críticas del sector.

El caos por la aplicación de la tasa turística se desencadenó después de que el Govern en minoría pactara primero con los comunes el aumento del gravamen y después con ERC, contraria a ese pacto, el retraso en la aplicación. Los socialistas pactaron con los republicanos tramitar como proyecto de ley la medida para incorporar modificaciones y aplazar la entrada en vigor. Los comunes rechazaron ese calendario que ahora han aceptado a cambio de esas políticas en vivienda.

Romero ha garantizado que el nuevo decreto-ley se aprobará al reunir, ahora si, los votos de sus dos socios. No ha negociado con Junts a quien ha acusado de alardear de escuchar y atender al sector y después votar en su contra. “La estabilidad de las fuerzas de izquierda es evidente en el Parlament y se conforma la solidez de los apoyos. No compartimos lo que pasó. Junts se equivocó y no hemos negociado con ellos”, ha dicho contundente. La duda es si este escenario se volverá a repetir durante la tramitación. Romero ha afirmado que confía en tener una reunión sincera con los dos socios para aplicar esa fiscalidad y justa y Albiach ha afirmado que no es culpa suya sino hay reuniones a tres. Con todo, ha avisado que ERC propugna en algún caso rebajar la tasa actual.

Con este acuerdo, queda desbloqueado el segundo suplemento de crédito y al Govern le falta pactar con sus socios el tercero por un importe de 469 millones. Será la última de las remesas de este culebrón después de que el Ejecutivo no haya podido aprobar los presupuestos. “Nos hubiera gustado ir más rápido”, ha dicho. Romero ha señalado que los recursos son los que son 41.000 millones más los 4.000 de suplementos y si hay peticiones de los socios que no encajan se tendrán que cambiar las prioridades de algunos departamentos. “Así es la vida y así se negocia. A los capítulos 1 y 1 hay que hacerles frente (el aumento de salario de los funcionarios y el gasto corriente, por ejemplo). Hay margen que es lo que utilizamos para la negociación”, ha zanjado.