Desconcierto en el sector hotelero por los bandazos del Ejecutivo

El Ejecutivo que preside Salvador Illa se enfrenta a la que es, de momento, su peor crisis de gestión, a cuenta del fiasco de la aprobación de la tasa turística. Por un lado, ERC y Comunes, los socios de la investidura, le han enseñado el límite de la elasticidad de las negociaciones en una situación de minoría parlamentaria. Por el otro, tiene a todo el sector turístico que trina, acusándole de improvisar, se sumirle en la inseguridad jurídica y no negociar una subida de un gravamen clave dentro de una industria que representa el 12% del PIB catalán. El Govern pide calma: aprobará, el martes, un tercer decreto que derogue el aprobado el miércoles y fía todo a que las aguas vuelvan a su cauce cuando el cambio se aborde como un proyecto de ley.

Los hoteleros y empresarios de pisos turísticos y cruceros se despertaron ayer sin tener claro qué hacer respecto al decreto ley que, entre otras cosas, doblaba el coste extra por pernoctación en todo el territorio catalán. Después de ver cómo en el Parlament se daba luz verde al decreto ley pactado con los Comunes, asistieron con sorpresa a la caída de un segundo texto que, enmendando el primero, posponía la entrada en vigor a cuando se tramitara todo el texto como proyecto de ley y que habían exigido en ERC. La consejera de Economía, Alícia Romero, tuvo que salir a intentar calmar las aguas, recomendado no cobrar la nueva tasa, a la espera de que el próximo martes, en el Consell Executiu, se aprobara un tercer decreto derogatorio.

La directora general de turismo, Cristina Lagé, convocó tarde en la noche del miércoles a los representantes del sector turístico a una reunión ayer por la tarde para dar explicaciones e intentar tranquilizar a un sector desconcertado. Por parte de la Generalitat también asistieron los secretarios generales de Economía y Empresa. “No nos ha dicho nada que ya no supiéramos por la prensa”, explicó el Presidente de la Federación de Campings de Cataluña, Miquel Gotanegra, que cree que han puesto “un parche”.

“Volverán a llevar al Consell de Govern del martes que viene el mismo decreto ley que tumbó el Parlament. Durante un mes será vigente y como lo harán con carácter retroactivo se mantendrán las mismas tasas que hasta ahora”, explicó Gotanegra. El Vicepresidente de la patronal hotelera catalana, ConfeCat, Xavier García aseguró enfadado que son “escépticos” y “no confían demasiado en una clase política que no está preparada y que juega a ser empresarios” de una forma que “es legal pero no ética”. “Estamos en una situación de inseguridad jurídica que no sabemos qué tenemos que hacer”, apostilló.

Pero el fiasco de la tasa turística también sobrevoló el pleno del Parlament, que continuaba este jueves. Los reproches al Govern afloraron en una interpelación sobre política turista que hacía el Partido Popular y donde todos los partidos y el consejero de Empresa, Miquel Sàmper, han dicho la suya. El Ejecutivo pudo comprobar que, de entrada, tendrá muy difícil la convalidación no sólo de un decreto ley que derogue el que recibió la luz verde el miércoles, sino que la tramitación como proyecto de ley, a la que fía la solución, también será tortuosa.

El diputado Pere Lluís Huget, encargado de presentar la interpelación, ha calificado de “desastre” la situación jurídica creada tras la votación de los decretos. “El señor Illa viene aquí cada pleno y nos dice que en Cataluña se aplica la ley por igual a todo el mundo, menos cuando ustedes se equivocan, que piden a los empresarios que desobedezcan”, ha denunciado el representante del PP, criticando así las declaraciones del miércoles de Romero.

En una línea similar se ha manifestado la diputada de Junts Maite Selva, que ha puesto el énfasis la necesidad de que el cambio tributario se haga mediante un proyecto de ley, como recomendó el Consell de Garanties Estatuaries . “Pedimos a la consejera que corrija el error, que ponga el contador a cero, derogue el decreto ley y elabore un proyecto de ley”, le ha solicitado.

Los socios del Govern también mostraron que el camino no será fácil. La diputada de ERC, Laia Cañigueral, lamentó que se llegue a una situación inseguridad urídica que, a su juicio, no beneficia “ni al sector turístico ni a los que creemos en una regulación justa”. Y adelantó que su partido seguirá defendiendo una tasa diferenciada por territorios y temporadas. Y, junto a los Comunes, también afearon el comportamiento del PP y de Junts. “Lo que se vota tiene consecuencias. Y lo que pasa es que ustedes son las voces de los lobbies, que les usan para sus intereses y después les llaman al orden”, agregó el diputado Lluís Mijoler.