El Govern ignora el segundo varapalo del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto de la tasa turística

El segundo dictamen del Consell de Garantías Estatutarias (CGE) en contra del decreto ley que sube el monto de la tasa turística no hará cambiar el rumbo fijado por el Gobierno catalán en esta carpeta. El órgano consultivo se ha posicionado sobre el segundo texto, aprobado por el Consell Executiu hace tres semanas, y con el que se intenta posponer la entrada en vigor del otro articulado, que ya se convalidó en una polémica votación en la Cámara. El razonamiento jurídico sigue siendo el mismo: no se cumplen las condiciones legales de urgencia para usar ese instrumento para modificar la tasa.

El día después de que se conociera el dictamen sobre la prórroga de entrada en vigor de la medida, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior del Consell Executiu que se está estudiando el contenido del dictamen en el departamento de Economía, que encabeza Alícia Romero. Ya había sucedido en la primera ocasión, pero el Govern ignoró las recomendaciones y mantuvo su voluntad de sacar adelante el texto.

La bancada de Junts per Catalunya es la que en las dos ocasiones ha elevado los articulados al CGE, al considerar que el instrumento del decreto ley no aplicaba para realizar un cambio como el de la tasa turística. La norma, entre otras cosas, doblaba el valor que se cobra por cada pernoctación y puso en pie de guerra al sector hotelero, que no quería que entrara en vigor esta temporada.

En el primer dictamen, los miembros del Consell cuestionaban que se tenga que usar la vía del decreto ley para hacer cambios tributarios -cosa que ha sucedido en el pasado- y además determinaron que no se acreditaba la situación de urgencia que determina la ley.

El segundo decreto ley se limitaba a tocar la fecha de entrada en vigor de la normativa, el camino elegido por Economía para arreglar la rocambolesca situación de tener que hacer efectiva una subida que ya no quería, después de chocar con ambos socios de la investidura y estar pendiente de que la normativa se aprobara como proyecto de ley en el Parlament. El CGE considera en el dictamen, del 30 de mayo, que el cambio de fecha “significa defraudar la exigencia constitucional y estatutaria de aplicación inmediata que se encuentra en el fundamento del primer decreto ley”.

En el Consell Executiu de la semana pasada, además, el departamento que preside Romero elevó la petición para que en el Parlament se tramiten de manera conjunta tanto el proyecto de ley sobre la tasa turística (cuya convalidación votaron ERC, PSC y Comunes) como la proposición hecha por los republicanos. ERC quiere incluir factores de estacionalidad en la tasa que se cobra por pernoctación hotelera, así como igualar el coste entre los pisos turísticos y los hoteles cinco de estrellas.

EL Govern aprobó hoy otro decreto ley que también estará bajo la lupa de la oposición, el de baterías eléctricas. Fuentes de Junts apuntan a que aquí tampoco se cumplen las condiciones de urgencia y ven al Ejecutivo de Illa abusando de ese mecanismo ante su minoría en la Cámara.