El Consejo de Garantías Estatutarias cuestiona la aprobación por decreto de la tasa turística y del impuesto a grandes tenedores

El Consejo de Garantías Estatutarias, el máximo órgano jurídico consultivo en Cataluña que vela por el cumplimiento del Estatut, ha emitido dos dictámenes este jueves, a petición de Junts, en el que cuestiona que el Govern de Salvador Illa aprobase en marzo dos iniciativas mediante la vía del decreto ley: por un lado el incremento de la tasa turística, y por otro la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). El Ejecutivo catalán aprobó estas dos medidas en el marco de un acuerdo sobre fiscalidad alcanzado con los comunes, con el objetivo de gravar más las estancias turísticas, y de doblar el ITP para los propietarios de 10 viviendas o más. Estas modificaciones permitirían incrementar los ingresos de la Generalitat en unos 300 millones de euros. El Consejo ha emplazado al Govern a que tramite estas iniciativas como proyectos de ley.

Fuentes del Govern expresan “el más absoluto respeto por las conclusiones, no vinculantes” de los dictámenes, y afirman que los estudiarán antes de pronunciarse sobre el camino a seguir. Con todo, la práctica de aprobar decretos ley en materia fiscal no es nueva ni exclusiva del Ejecutivo de Illa: por ejemplo, en junio de 2020 el Govern de Pere Aragonès aprobó un decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria, o en diciembre de 2022 aprobó otro de medidas urgentes sobre el impuesto del patrimonio.

Junts, sin embargo, llevó estas dos iniciativas ante el Consejo de Garantías Estatutarias porque entendió que “no hay ningún motivo de urgencia que justifique que estas iniciativas se tramiten por vía decreto”, y su portavoz parlamentaria, Mònica Sales, criticó que el Govern optase por “legislar a golpe de decreto”. En el caso del dictamen sobre el ITP, el Consejo da la razón al partido de Carles Puigdemont, porque apunta que no existe la “necesidad extraordinaria y urgente” que justifique su trámite como decreto ley. Por este motivo, recomienda “con carácter general, que el Govern, a la hora de elaborar un decreto ley, justifique la necesidad extraordinaria y urgente de dictarlo en su exposición de motivos”.

El acuerdo para incrementar los gravámenes al turismo y a los grandes tenedores inmobiliarios fue anunciado en rueda de prensa a finales de febrero por la consejera de Economía, Alícia Romero, y la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, que lo presentaron como un acuerdo contra la especulación y por el derecho a la vivienda. Concretamente, se trataba de, en el caso del ITP, pasar del 10% al 20% en el tributo solo para los propietarios que ya tengan 10 viviendas o más; obligación de pagar el 20% del coste de la compra de un edificio entero, el límite máximo legal; y suprimir la bonificación en la transmisión de viviendas destinadas a la reventa para lograr beneficios. En el caso de la tasa turística, se trataba de duplicarla, hasta los siete euros por noche.

El decreto entró en vigor a finales de marzo tras la aprobación en el Consell Executiu, y tienen que pasar el trámite parlamentario de validación. El Consejo de Garantías Estatutarias, cuyas resoluciones no son vinculantes, recuerda que aprobar mediante decreto estas normas invade “competencias reservadas exclusivamente al Parlament”.

En un comunicado, Junts ha pedido al Govern que, tras los dictámenes, retire los dos decretos ley y los tramite como proyectos de ley. “El Govern del PSC quiere legislar a golpe de decreto, saltándose el proceso parlamentario ordinario y, por lo tanto, dando la espalda al Parlament. Así no se gobierno un país”, afirma la portavoz, Mònica Sales, en el comunicado, que también recuerda que el Ejecutivo ha sacado adelante este incremento de la tasa turística “sin buscar el consenso con el sector y los ayuntamientos afectados”.