El Govern calma a los hoteleros con la congelación temporal del incremento de la tasa turística

La elasticidad del Govern en minoría de Salvador Illa está teniendo su primera gran prueba de fuego del mandato por la reforma de la tasa turística. La falta de alineación con los socios de la investidura (Esquerra y Comunes) han dejado en evidencia la dificultad de gobernar con solo 42 de 135 diputados. La propuesta inicial del decreto ley del Ejecutivo -pactada con los comunes- duplicaba el coste del gravamen pero ERC puso el grito en el cielo y el Govern se avino a aplazar y negociar la subida. El plan saltó por los aires en una votación excéntrica la cámara. El Govern ha logrado este viernes reconducir la crisis con un nuevo pacto con los comunes a cambio de inversiones en vivienda. Con su decisión, el Ejecutivo ha calmado a los hoteleros con la congelación temporal de la tasa hasta que se apruebe por ley. La previsión es que esté lista en octubre.

Antoni Escudero, presidente de la Federación de Hosteleria de Girona, celebró ayer el aplazamiento. “En el sector turístico de Girona nos alegramos de que las nuevas tarifas se aplazen a octubre. Con todo”, dijo, “pedimos que a partir de aquí el Govern se sienta con el sector a negociar este nuevo impuesto y todo lo que comporta”. Miquel Gotanegra, presidente de la Federación Catalana de Cámpings, avisa que la situación actual es un “parche” y pide que el nuevo proyecto de leu sea “moderno y adaptado a la realidad” y que se abra un debate en el sector. Gotanegra asegura que en el caso de los cámpings podría pasarse de los 0,65 euros al día a los 5,30 algo que ve absolutamente desorbitado, informa Marta Rodríguez.

La tasa turística es muy común en el retso de Europa pero en España solo se aplica en Cataluña -desde 2012- y Baleares. El Govern ha tenido que aprobar hasta tres decretos ley para intentar tirar adelante la reforma de un gravamen que en 2023 comportó la recaudación de 90 millones de euros. La suma se la reparten la Administración autonómica y los municipios. Los Comunes, en marzo pasado, llegaron a un acuerdo con Illa para duplicar el coste de la pernoctación y modificar el destino de los recursos: el 25% se dedicaría a políticas de vivienda. Además, se daba margen a los Ayuntamientos para, como hace el de Barcelona, pudieran poner en marcha recargos propios, como una medida para intentar palear la masificación.

En el caso de los hoteles cinco estrellas de Barcelona, la modificación pactada por Govern y Comunes (que solo suman 48 de 135 diputados) eleva la tasa de los 3,50 euros por noche y persona a los 7 euros. A eso hay que sumarle el recargo especial de 4 euros que hace el Ayuntamiento de la capital catalana. En el caso de los pisos turísticos, el gravamen pasaba de 2,24 euros a 4,5. En el resto de Cataluña, donde también se dobla el importe, las tarifas serían de 6 y 2 euros, respectivamente. En Baleares, los huéspedes de hoteles de cuatro estrellas o más pagan 4 euros por noche y en las viviendas turísticas, 2 euros.

ERC, cuyos 20 votos eran necesarios para poder sacar adelante una medida que entraba en vigor en mayo, quiso decir la suya respecto a ese texto. Al Govern no le quedó otra que aprobar un segundo decreto ley, que enmendaba la fecha para la puesta en marcha de la nueva tarifa. Los republicanos daban el sí a la convalidación del texto, condicionándolo a que se tramitara como proyecto de ley.

Los dos decretos ley fueron llevados a convalidar sin que el Govern sincronizara a sus socios. El resultado fue una votación rocambolesca. El bloque de la investidura convalidó el texto de marzo pero los Comunes no apoyaron el segundo, que era el que incluía el aplazamiento de la entrada en vigor impuesto por ERC. Junts y el PP si bien estaban en contra de la tasa, votaron también en contra. La situación abocó al Govern a tener que preparar un tercer decreto ley, aprobado este martes, que deroga el vigente y pospone puesta en marcha hasta que se culmine apruebe como proyecto de ley. El texto concretaba lo que hace una semana había prometido la consejera de Economía, Alícia Romero: que el sector tenía que estar tranquilo y no tendría que cobrar la subida de la tasa, pese a estar vigente, porque el nuevo articulado la derogaría.

El Ejecutivo ha logrado este viernes encarrilar que la Cámara le de luz verde al tercer texto, el de la derogación, gracias a un segundo pacto con los Comunes que han aceptado el aplazamiento a cambio de El Ejecutivo desenredó la madeja con un nuevo pacto con los comunes que aceptan el aplazamiento a cambio de cuatro medidas en vivienda. El Govern invertirá 59 millones -lo que dejará de recaudar- que destinará a partes iguales en la compra de pisos por tanteo y retracto y a la cooperación local; pondrá en marcha un registro de grandes tenedores; aumentará el control del pago de la tasa de los pisos turísticos y la convocatoria del plan de barrios para 20 municipios.

El desenlace de la negociación a partir de ahora es una incógnita. ERC, por ejemplo, ha registrado su propia proposición de ley, que entre otras cosas, estacionaliza el importe de la tasa (más cara en temporada de verano). Albiach avisó que discrepa de medidas de estacionalidad que propone ERC al no tener en cuenta que en el Pirineo, por ejemplo, la temporada alta sea en invierono o o que quiera aplicar tasas más bajas que la actual. Romero avisó que escucharán al sector y confía en tener una conversación sincera con sus socios para aplicar esa fiscalidad justa y progresiva en la tasa turística. Los republicanos han pedido oficialmente a la Mesa que funda la tramitación de ambas iniciativas -el decreto-ley y su proposición-, un recorrido que además será por la vía de urgencia.

El resto de la oposición carga contra el pacto. “No estamos muy de acuerdo con diferenciar las presiones fiscales por territorios”, aseguró el pasado martes el portavoz del PP, Juan Fernández, que además calificó de “ridículo” el fiasco de los decretos. La anticapitalista Laia Estrada comparte la tesis de que no se tiene que imponer una tasa uniforme. Pero las mayores críticas le caen de sector muy enfadado no solo con el contenido, sino también con las formas. “Estamos de acuerdo con que los municipios tengan acceso a parte de la recaudación, pero vemos conflictivo que pueda existir el recargo municipal”, asegura Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona.

David Bote, presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y alcalde de Mataró, defiende la autonomía municipal. “Cada ayuntamiento podría implantar o no ese recargo de acuerdo a su presión turística”, apunta, aunque prefiere esperar a conocer el texto que finalmente se tramite. Cabré cree que esta medida puede ir en contra de municipios que comparten marcas de destino. Además, recuerda que Cataluña tiene que competir con otros destinos que no aplican esa tasa y que en algunos casos, sobre todo en los meses de temporada baja, pueden ser mucho más dañinos para la industria. Y lamenta que no se recurra a fórmulas como la tasa que se cobra en Berlín, que equivale al 7,5% del coste de la habitación hotelera. En su día esa fórmula se descartó para evitar posibles objeciones del Gobierno central y facilitar la liquidación, pues el precio de los hoteles puede ir variando y eso dificultaba también el control de la Agencia Tributaria.