Bruselas pide a España que agilice las investigaciones “de los casos de corrupción de alto nivel”

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la Fiscalía ya no son la gran asignatura pendiente del Estado de derecho en España, al menos para Bruselas. La Comisión Europea ahora pone el dedo en la eternización de las investigaciones de casos de corrupción y pide “redoblar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y enjuiciamientos para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”. Sobre la ley de amnistía, el Ejecutivo de la UE se limita a tomar nota de la decisión del Tribunal Constitucional español —que la avaló— y recuerda que están pendientes las respuestas a las cuestiones prejudiciales sobre esta ley que han llegado al Tribunal de Justicia de la UE.

En el capítulo español de la edición del informe de la situación del Estado de derecho en la UE de este año, la Comisión todavía no ha olvidado de que España tiene pendiente reformar el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, una reforma que está encallada precisamente en ese órgano, ya que sus miembros no logran pactar un informe común que enviar al Congreso de los Diputados. Bruselas también pide que el refuerzo de la independencia de la Fiscalía no caiga en el olvido. El Gobierno ha decidido a lanzar la separación del mandato del fiscal general de Estado de la duración de la legislatura siguiendo un consejo recurrente en todas las ediciones de este informe y eso se reconoce en el informe, pero también se pide que el impulso no decaiga. El Gobierno, desde luego, ha cogido el guante, porque este mismo martes en el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley y lo hace por el procedimiento de urgencia.

Pero si algo destaca esta edición es que Bruselas le pida a España que aborde “el reto de la duración” de los casos de corrupción [...], incluyendo acabar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal". “El Gobierno reconoce que los asuntos de corrupción llevan más tiempo debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tratado de reforzar los recursos humanos del sistema judicial”, detalla la Comisión del resultado de su diálogo con el Ejecutivo sobre este asunto, y, de hecho, asume “se han asignado recursos adicionales”. Esto último lo destaca el propio Ministerio de Justicia en su reacción al informe, que apunta que “en la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, al reformar el acceso a las carreras y llevar a cabo un proceso de estabilización de juezas y fiscales sustitutas ampliará los recursos del servicio público de justicia”.

Sobre el mismo tema, el departamento de Justicia de la Comisión alerta, sin que elevar luego al apartado de recomendaciones nada al respecto, que “la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción”. Se basa, para hacer esta afirmación, en las respuestas del Eurobarómetro de 2025.

También recoge este informe que según el análisis de 2024 que hace el propio Ejecutivo sobre la contratación en España el tipo de contrato público más utilizado es “el más frecuentemente denunciado (64,25% del las quejas)”. En ese documento, al que alude la Comisión, se subraya que “la mayoría de las principales causas de quejas y comunicaciones en materia de contratación pública son las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato, seguidas de las supuestas prácticas corruptas, las quejas relacionadas con la ejecución del contrato y, por último, las cuestiones relativas al uso de la subcontratación”. Añade que “la financiación de los partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo, y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”.

No obstante, cuando se llega al punto de pasar de las observaciones a los consejos para mejorar el Estado de derecho, Bruselas se queda en pedir que se agilicen las investigaciones por corrupción. “No comentamos casos individuales en curso”, ha justificado el comisario de Justicia, Michael McGrath, “pero, por supuesto, el régimen general de lucha contra la corrupción en el Estado miembro se examina como un pilar fundamental del proceso del Estado de derecho”. En cambio, el documento sí que cita la imputación de “un antiguo ministro y diputado fue procesado como persona de interés por posible corrupción relacionada con la pandemia de covid-19″, en referencia tácita a José Luis Ábalos.

Antes de las recomendaciones, la Comisión también analiza cómo han evolucionado los consejos que dio en años anteriores. Y ahí admite que se han dado pasos adelante para fortalecer el estatuto de la fiscalía y con la renovación del CGPJ. Y, en cambio, señala que no se ha hecho progreso alguno para adaptar la ley de secretos oficiales a los estándares europeos.

Sobre esos avances que destaca el Ejecutivo de la UE, construye sus argumentos el Ministerio de Justicia. “Resalta que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponen un refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía”, subraya el departamento que dirige Félix Bolaños.

Justicia también agarra al hecho de que el documento presentado este martes por la Comisión señala que el derecho a huelga no está regulado y, pese a esto, los jueces han hecho “una huelga de tres días contra el borrador de la ley sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal para que se retire durante del procedimiento parlamentario”.