La reforma de la Fiscalía resuelve una de las grandes demandas de Bruselas sobre el Estado de derecho

“El Gobierno [de España] no tiene poderes para cesar al fiscal general, pero los mandatos de ambos terminan al mismo tiempo. Este sistema ha sido criticado, entre otras razones porque la coincidencia en el mandato puede afectar a la percepción de independencia”. Estas dos frases aparecieron en el primer informe sobre la situación del Estado de derecho en sus referencias a España que la Comisión Europea comenzó a elaborar en 2020. Después se han repetido, redactadas de diferente forma, en los cuatro informes anuales posteriores. Desligar el mandato del jefe de la Fiscalía de la legislatura parlamentaria ha sido, pues, una reclamación constante a Madrid del Ejecutivo de la UE para mejorar el funcionamiento de la Justicia a la que el Gobierno ha respondido cinco años después.

Los informes sobre la situación del Estado de derecho en la UE y sus Estados miembros se habían convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno socialista y la oposición popular desde su creación. En todos, sin falta, se daba la voz de alarma por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), excepto el año pasado, en el que la Comisión se hacía eco del acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, con su mediación, apenas unas semanas antes de publicarse el documento. No se daba por resuelto el problema y se advertía de que Bruselas haría seguimiento. Pero el tono era otro.

El bloqueo del CGPJ opacaba otras exigencias que la Comisión también ha hecho reiteradamente a España. Y ahí destaca la reclamación de reforzar la independencia de la Fiscalía desvinculando los nombramientos de su jefe de la llegada al poder de un nuevo Gobierno: “Seguir reforzando el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, es el texto preciso que aparece en la edición de 2024.

Las exigencias del año pasado eran la creación de un registro público obligatorio para lobistas, el aumento “de la eficiencia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”, darle más independencia y capacidad de sanción a la oficina de conflictos de intereses y revisar la ley de secretos oficiales, “teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales.

El paso que ha comenzado a dar el Consejo de Ministros este martes al aprobar un anteproyecto de ley que contempla el mandato del fiscal general del Estado ya no coincidirá con el del Gobierno, sino que será elegido por un periodo de cinco años no renovables. Además, el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al fiscal general y las comunicaciones entre las dos partes serán públicas y deberán realizarse por escrito.

No obstante, lo aprobado por el Consejo de Ministros es un anteproyecto legal que todavía tiene que pasar más trámites: debe volver otra vez al Consejo de Ministros y después pasar por el Parlamento. Todos estos pasos suponen que todavía pasarán bastantes meses antes de que los planes anunciados este martes se conviertan en ley. Además, los informes sobre el Estado de derecho analizan en realidad los avances o retrocesos en este campo durante el año anterior. Es decir, la versión de 2024 examina lo sucedido en 2023. Por tanto, es probable que Bruselas opte por una fórmula parecida a la empleada este año con el CGPJ: referencias a los pasos anunciados oficialmente este martes dándoles algún tipo de bienvenida, pero con advertencias de que se seguirá la evolución hasta que se concrete.

El informe sobre el Estado de derecho es una de las herramientas que ha desplegado la Comisión Europea en los últimos años para evaluar la situación de la democracia y los valores de la UE en los Estados miembros. De este documento no se desprenden sanciones concretas para los incumplidores, apartado en el que siempre destaca la Hungría iliberal de Viktor Orbán y al que se sumó el año pasado la Eslovaquia que gobierna Robert Fico. No obstante, sí que apunta a los puntos débiles de los países y por dónde pueden ir posteriormente los procedimientos de infracción que Bruselas abre para forzar a los capitales a cumplir con las normativas comunitarias.