El descuento salarial a los jueces y fiscales en huelga sigue en el aire tras la primera jornada de protesta

El primero de los tres días de huelgas convocados por jueces y fiscales contra las reformas legales del Gobierno en materia de justicia concluyó este martes sin datos oficiales de su seguimiento, lo que, al menos de momento, impide al Ministerio de Justicia descontar el sueldo a quienes la hayan secundado. Las cinco asociaciones convocantes (todas menos las progresistas) cifraron el seguimiento en el 75%, pero ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado respondieron al requerimiento que les había enviado Justicia para que informaran de los miembros de ambas carreras que no acudiera a su puesto de trabajo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces y del ministerio público aseguraron que no hay manera de controlar la asistencia, y solo aspiraban a tener en los próximos días el dato de actuaciones y señalamientos suspendidos por la huelga.

Esta es la sexta huelga de jueces de la democracia, aunque el derecho de ambos colectivos a secundar el paro sigue en un limbo legal y el cruce de escritos entre Justicia, el CGPJ y la Fiscalía da cuenta de un galimatías de difícil solución. Esta situación no impide a estos profesionales secundar la protesta, aunque, en la mayoría de los casos, lo han hecho sin que se les restara el sueldo de los días no trabajados.

Justicia (que paga las nóminas de los miembros de ambas carreras) descontó por primera vez en 2018 el salario a los miembros de ambas carreras que secundaron una huelga, pero la Audiencia Nacional, al estudiar el recurso de un juez que impugnó esa decisión, consideró que el ministerio no es “competente” para detraer el dinero y obligó a devolver lo descontado. Fuentes de las asociaciones que han convocado la protesta de esta semana aseguran que esa sentencia no significa que la huelga esta vez vaya a salirles gratis. La Audiencia, según estas fuentes, anuló la medida de Justicia por una cuestión “formal” al entender que el ministerio no tiene competencias para controlar el cumplimiento de la jornada por parte de los jueces con el objeto de comprobar si habían hecho huelga, sino que tenía que haber pedido esa información al CGPJ.

Eso es lo que hizo la semana pasada el departamento que dirige Félix Bolaños, al enviar un oficio al CGPJ y otro a la Fiscalía en el que los instaba a tomar medidas para que quienes secunden el paro tengan un perjuicio económico, como le ocurre a cualquier trabajador. Pero el pleno del CGPJ acordó el jueves por unanimidad que la convocatoria de huelga no tiene sustento legal, por lo que la dio por no anunciada y se declaró incompetente para fijar servicios mínimos. Un portavoz de este órgano confirmó este martes que, como consecuencia de ese pronunciamiento, el órgano no ha recabado datos de participación en la protesta convocada por las asociaciones.

Esta situación contrasta con lo que ocurrió en mayo 2018, cuando el CGPJ, que había aprobado un pronunciamiento similar al de la semana pasada, sí ofreció datos precisos del seguimiento de la jornada de huelga convocada de forma conjunta por todas las asociaciones. Según esas cifras, 2.916 de un total de 5.407 jueces y magistrados no acudieron a sus puestos, lo que suponía un seguimiento del paro del 53%. Las asociaciones judiciales lo elevaron a un 65,4%.

Fuentes del Consejo aseguran que la comisión permanente (el principal órgano ejecutivo tras el pleno) acordó este lunes pedir a los distintos tribunales (el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales) la relación de vistas o actuaciones que se hayan visto afectadas por la huelga, pero al término de la primera jornada no se había facilitado ese dato. Tampoco tenía cifras de incidencia la Fiscalía General del Estado, a pesar de que Álvaro García Ortiz remitió la semana pasada un escrito a todos los fiscales jefes en el que les instaba a informar de ellas por correo electrónico durante los tres días de paro. En la huelga de 2018, el ministerio púbico tampoco facilitó datos, mientras que las tres asociaciones de fiscales cifraron el seguimiento en un 51,9%.

En esta ocasión, según las asociaciones convocantes, ha sido mucho mayor (75%), aunque las dos progresistas se hayan desmarcado de la convocatoria. Esta estimación, según las asociaciones, se basa en los correos electrónicos recibidos de jueces y fiscales que, de forma voluntaria y confidencial, han comunicado al comité de huelga su decisión de secundarla; en la información facilitada por decanatos de las principales ciudades, cuyos titulares pertenecen a asociaciones convocantes; y en el “cálculo aproximado” de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones, en permisos, de baja o en situación de servicios especiales, y que, por tanto, no computan como profesionales en activo. EL PAÍS ha reclamado a las asociaciones las cifras absolutas de cada uno de estos supuestos, pero no ha habido respuesta.

El seguimiento masivo que defienden las asociaciones contrasta con la versión ofrecida por el Ministerio de Justicia, que informó de que el primer día de huelga hubo “normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías”. “La única cifra oficial del seguimiento de una huelga es la cifra de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo”, señaló Justicia, pero la realidad, según el departamento que dirige Bolaños, es que ni el CGPJ, ni la Fiscalía General, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado al ministerio “ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro”.