Termina sin acuerdo la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes por el rechazo del PP a la agenda del encuentro

La reunión del ministro de Política Territorial con los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas ha acabado sin acuerdo. En el encuentro de preparación de la Conferencia de Presidentes que el Gobierno ha convocado para el próximo 6 de junio, los representantes autonómicos del PP han rechazado la agenda de asuntos a tratar en el cónclave que había propuesto el Ejecutivo. El ministro Ángel Víctor Torres ha afeado el voto negativo de los consejeros populares porque, ha dicho, había aceptado “seis puntos” de los siete propuestos desde las filas del PP, como la okupación y el modelo energético. Sin embargo, desde el PP alegan que esos puntos no se han incorporado al orden del día en los términos que ellos habían propuesto. Torres ha rechazado de plano añadir como cuestión a tratar las competencias sobre fronteras.

El encuentro, celebrado en el Ministerio de Política Territorial en Madrid, supone el primer choque entre el Ejecutivo central y las baronías populares antes del cónclave autonómico. La votación ha quedado 13 a 7 a favor de los populares.

Previo al encuentro, celebrado esta tarde en la sede del ministerio, los territorios del PP habían organizado sus filas ante la Conferencia, que se celebrará en Barcelona, seis meses después de la última, en Santander. Al no haberse alcanzado un acuerdo, por el momento, se mantienen los temas propuestos previamente por el Gobierno, como la vivienda y la formación profesional y universitaria, aunque desde el ministerio temen que el PP recurra a alguna fórmula para persistir en sus peticiones.

“Ya decidieron votar en contra esta mañana. Veníamos para hacer una propuesta constructiva”, ha lamentado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado que se han incorporado los temas solicitados por el PP salvo el de la “no delegación de competencias en fronteras” y el retirar la proposición de ley de reforma de la Justicia.

El ministro también ha reconocido que las comunidades del PP han pedido cambiar el formato de la Conferencia, pero ha insistido en que una de las peticiones de los populares —los turnos de diez minutos de palabra por presidente— ya existen como uso habitual desde antes de la última conferencia, en Santader, aunque eso no venga recogido formalmente en el reglamento. “Lamento que no haya voluntad de acuerdo. Lo que no incluimos es porque no se puede incluir, ha añadido”.

Antes, el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha comparecido para criticar la posición del Gobierno. “Una conferencia sin debate, sin que haya propuestas, sin que se pueda replicar. Formato inservible y fraude. El ministro no ha estado dispuesto a la petición de que se cambie el formato. Volvemos al modelo de Cantabria con folio en blanco, parece que es lo que se va a repetir”, ha censurado Sanz. “No se quiere hablar de los problemas reales que han sufrido los españoles. Es una tomadura de pelo, celebrar una conferencia de presidentes en contra de la mayoría de comunidades”, ha añadido.

“Lo que ha llevado a votación es solo la propuesta de temas del Gobierno”, asegura el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, que apela al “reglamento” “indubitable” para aceptar los temas que habían solicitado. “Lo va a tener que meter. No hay opción”, asevera. Según su versión, “el cambio de formato” se ha rechazado de plano.

Por la mañana, a escasos metros del ministerio, en la sede del PP de la calle de Génova, los consejeros de Presidencia de las 11 comunidades y las dos ciudades autónomas presididas por el PP se habían concentrado esta mañana con la secretaria general, Cuca Gamarra, y con el vicesecretario Elías Bendodo para diseñar una acción conjunta. Los consejeros han comido luego en el cuartel general de la formación y después han acudido caminando en grupo hasta el edificio del Ministerio.

“Hemos asistido a un espectáculo lamentable por parte de las comunidades del PP. Hoy Cataluña ha acudido con una actitud constructiva y positiva. Creo que esta estrategia de degradar las instituciones en base a la confrontación a la que nos tiene el PP no ayuda en nada”, ha afirmado Albert Dalmau, consejero de la presidencia de la Generalitat tras la reunión. Pese a todo, Dalmau dice seguir trabajando con la mano tendida: “Nuestra obligación es acercar posiciones”.

Vivienda y formación profesional

El Gobierno anunció que en la Conferencia de Presidentes se abordarán los asuntos de vivienda y la formación profesional y universitaria. Pero los consejeros no se conforman y han insistido este miércoles en incorporar a la agenda temas como la okupación, la financiación autonómica, el control de fronteras y la inmigración. También anunciaron que solicitarían al ministro Torres “cambiar el formato” de la conferencia para que no sea un “monólogo” de Sánchez, para lo que exigen, si es necesario, que la jornada se alargue hasta las 24.00 horas de ese día. “Puede pedir que le abran el espacio aéreo y coger el Falcon para dormir en La Moncloa esa noche”, ironizaron antes de la reunión con el Gobierno.

El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial— y de 10 comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”. Pero no configura cómo se desarrollará el formato, más allá de decir que será a puerta cerrada, indica el artículo 6, relativo al “funcionamiento”. “El sistema que fije el orden de intervención de los presidentes autonómicos será acordado por las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité preparatorio”, añade el apartado 2 del mismo precepto.

Desde el PP se quejan de que la última Conferencia de Presidentes, celebrada en el pasado mes de diciembre en Santander, se basó en una mera exposición de Sánchez ante la galería para dar la apariencia de “dialogante” con los barones populares. Pero añaden que, en realidad, no hubo lugar para el debate ni para expresar sus preocupaciones reales, prosiguen dichas fuentes. “No estamos aquí para dar palmas”, señalan. La cita llegó después de que el presidente del Gobierno hubiera recibido uno por uno a todos los presidentes autonómicos durante el pasado otoño en el palacio de La Moncloa. Salvo la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se negó a acudir, aunque sí se desplazó a Santander.

A juicio de varias fuentes populares presentes en la Conferencia de Presidentes de Santander, el formato diseñado fue demasiado constreñido y corto. Según rememoran, Sánchez dio la palabra uno por uno a los presidentes autonómicos con un límite de 10 minutos. Consideran los Ejecutivos autonómicos que esa fórmula no permite el intercambio de opiniones y limita el debate. Varios destacan además que al vicepresidente melillense, Miguel Marín —que acudió en nombre del presidente, Juan José Imbroda, que no puedo viajar por motivos personales—, Sánchez le cortó la palabra cuando había sobrepasado en 20 segundos su tiempo. Y subrayan la posibilidad de que se amplíe la duración de la cumbre.

La estrategia de las comunidades del PP arrancó hace días, con reuniones también telemáticas, para fraguar un frente común. Los territorios tenían hasta el viernes para proponer, si así lo estimaban oportuno, añadir al orden del día de la cumbre prevista en el Palau de Pedralbes de Barcelona los temas a debatir. El Gobierno ya había indicado que sobre la mesa estarían los asuntos de vivienda y de educación. Pero el PP ha consensuado otros siete puntos que, junto al cambio de formato, exigen meter en la agenda.

Los siete asuntos

El primero es la “lucha contra la okupación”, según la documentación remitida por los consejeros de Presidencia al Gobierno, un asunto al que la derecha otorga una gran importancia pese a que los datos oficiales desmienten la alarma social. Respecto a la financiación autonómica, el PP quiere introducir en la agenda el debate sobre la reestructuración de la deuda —reiterando su rechazo a la condonación pactada por Hacienda y ERC (extensible a todos los territorios) y el trato singular a Cataluña acordado por el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa—, así como la aprobación por real decreto de las entregas a cuenta.

Otra de las exigencias de los presidentes del Partido Popular es tratar la “indelegable competencia exclusiva” del Estado en control de fronteras e inmigración. Esta petición se introduce después de que en marzo el Gobierno y Junts acordasen la delegación de la gestión de la competencia de inmigración.

El pacto se suma al pendiente traslado de los menores migrantes no acompañados a la Península y al que se opone el PP —cuatro de sus comunidades lo han impugnado en el Constitucional— porque considera que se beneficia a Cataluña. El Gobierno prevé la actuación de la policía y la Fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a estos jóvenes, y emprenderá acciones legales contra las comunidades que se nieguen a colaborar en su reubicación. Este miércoles se ha celebrado además, y en paralelo, una Conferencia Sectorial de Infancia sobre el tema.

Al margen de la espina catalana, los presidentes del PP han pedido abordar otras cuestiones como la seguridad en el modelo energético después del apagón del 28 de abril, con el foco puesto en las “inversiones técnicas en las redes de REE [Red Eléctrica Española] y energías de respaldo”, que los populares utilizan como ariete contra La Moncloa. Otro apartado con mucha miga política es “el grave déficit de las infraestructuras críticas” tras los retrasos que sufrió hace unas semanas la red ferroviaria de alta velocidad.

La falta de profesionales sanitarios y la financiación de la educación de cero a tres años son otras de las demandas consensuadas por los barones populares. Murcia marca perfil propio al pedir que se hable de “la cuestión del agua y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua”. La Generalitat de Carlos Mazón propone los mismos puntos que las demás comunidades del PP pese al desastre de la dana. Canarias, donde Coalición Canaria cogobierna con los populares, requiere que Gobierno y presidentes autonómicos traten en la Conferencia de Presidentes la “elaboración de un Plan Migratorio Estructural en el Estado” y que se modifique la legislación de régimen local “para posibilitar a las entidades locales adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes”.