El Gobierno y el PP pugnan por el orden del día de la Conferencia de presidentes con Cataluña como ariete

Con la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, el próximo 6 de junio, en Barcelona, el Gobierno buscaba transmitir la idea de la vuelta a la institucionalidad en Cataluña. El president Salvador Illa ejercerá como anfitrión poco más de un año después de las elecciones autonómicas tras las que desbancó al independentismo del Govern. La Moncloa quería debatir sobre el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria. Pero los barones del Partido Popular no se lo pondrán fácil: irán al choque y pelearán este miércoles —cuando se celebra la reunión preparatoria que configurará el orden del día de la cita—, para poner sobre la mesa otros asuntos como la financiación singular o “la indelegable competencia exclusiva del Estado en control de fronteras e inmigración”.

La estrategia coordinada de los dirigentes autonómicos del PP —que preside 11 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— trata de resucitar el sentimiento de que el procés no ha muerto y de que Pedro Sánchez sigue atado —sostienen— por sus socios independentistas. El plan popular de cara a la conferencia se ve reforzado ahora, consideran en Génova, por el aplazamiento este martes de la votación en la UE de la oficialidad del catalán, euskera y gallego. “Europa ha dicho a Pedro Sánchez que la UE no es moneda de cambio con el independentismo que le llevó a la Moncloa y que le mantiene en el poder”, señalan fuentes del gabinete de Feijóo.

El plazo que las autonomías tenían para presentar propuestas terminó el viernes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —que este martes ha retomado la actividad tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer—, estará este miércoles presente en la reunión del comité preparatorio, tras la cual se cerrará el orden del día definitivo. El reglamento del órgano multilateral establece que los temas a tratar en la conferencia de presidentes los fijará el comité preparatorio “con la conformidad de su presidente —el ministro de Política Territorial— y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía”.

Las comunidades del PP han hecho un frente común para añadir al orden del día de la cumbre prevista en el Palau de Pedralbes de Barcelona siete puntos. El primero es la “lucha contra la okupación”, según la documentación remitida por los consejeros de Presidencia al Gobierno, un asunto al que la derecha otorga una gran importancia pese a que los datos oficiales desmienten la alarma social. Los juzgados recibieron 2.309 denuncias en 2024 por okupación de vivienda habitual según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras el PP se niega a intervenir el mercado aplicando la ley de vivienda y basa su respuesta a la crisis habitacional a combatir la okupación y una fiscalidad más baja al sector inmobiliario, el PSOE acaba de registrar proposición de ley en el Congreso para subir el IVA de pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía y gravar a los extranjeros que compren casa. También quiere ampliar las bonificaciones a los caseros de toda de España en el tramo estatal del IRPF que rebajen sus alquileres conforme al índice de precios oficial sin necesidad de que esas viviendas se encuentren en zonas declaradas como tensionadas. Las medidas anunciadas a pocos días del cónclave marcan el camino sobre el cuál se moverá el Gobierno.

Pero la senda a la que apuntaba el Ejecutivo central se topa este miércoles con la jugada a la contra de los populares, que en la capital catalana azuzarán con cuestiones relacionadas con las cesiones de Sánchez al independentismo. Respecto a la financiación autonómica, el PP quiere introducir en la agenda el debate sobre la reestructuración de la deuda —reiterando su rechazo a la condonación pactada por Hacienda y ERC (extensible a todos los territorios) y el trato singular a Cataluña acordado por el PSC y ERC precisamente para la investidura de Illa—. Así como la aprobación por real decreto de las entregas a cuenta.

Otra de las exigencias de los presidentes del Partido Popular es tratar la “indelegable competencia exclusiva” del Estado en control de fronteras e inmigración. Una petición que se introduce después de que en marzo el Gobierno y Junts acordasen para la delegación de la gestión de la competencia de inmigración.

Un pacto al que se suma el pendiente traslado de los menores migrantes no acompañados a la península y al que se opone el PP —cuatro de sus comunidades lo han impugnado en el Constitucional— porque considera que se beneficia a Cataluña. El Gobierno prevé la actuación de la policía y la fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a estos jóvenes, y emprenderá acciones legales contra las comunidades que se nieguen a colaborar en su reubicación.

Al margen de la espina catalana, los presidentes del PP han pedido abordar otras cuestiones peliagudas como la seguridad en el modelo energético después del apagón del 28 de abril, con el foco puesto en las “inversiones técnicas en las redes de REE [Red Eléctrica Española] y energías de respaldo”, que los populares utilizan como ariete contra La Moncloa. Otro apartado con mucha miga política es “el grave déficit de las infraestructuras críticas” tras los retrasos que sufrió hace unas semanas la red ferroviaria de alta velocidad.

La falta de profesionales sanitarios y la financiación de la educación de cero a tres años son otras de las demandas consensuadas por los barones populares. Murcia marca perfil propio al pedir que se hable de “la cuestión del agua y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua”. La Generalitat de Carlos Mazón propone los mismos puntos que las demás comunidades del PP pese al desastre de la dana. Canarias, donde Coalición Canaria cogobierna con los populares, requiere que Gobierno y presidentes autonómicos traten en la Conferencia de Presidentes la “elaboración de un Plan Migratorio Estructural en el Estado” y que se modifique la legislación de régimen local “para posibilitar a las entidades locales adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes”.

Comunidades socialistas

Frente a la estrategia seguida por el PP, las comunidades del PSOE plantean distintos temas acordes a sus intereses. Así, Cataluña refuerza que se debate sobre políticas de vivienda además de la modernización y transformación de los servicios públicos, “abarcando ámbitos como la digitalización, la agilización y simplificación de los procesos administrativos”. Asturias tiene interés en las escuelas de cero a tres años como las comunidades del PP, pero también quiere hablar de la inversión en defensa y seguridad y de la “respuesta coordinada” a la crisis arancelaria provocada por la guerra comercial de Donald Trump. Castilla-La Mancha está conforme con la iniciativa del Gobierno de centrarse en vivienda y formación profesional, pero pide que se amplíe a la financiación autonómica. “Ya que estamos en Barcelona, sería oportuno”, recalcó este martes su presidente, Emiliano García-Page. Navarra no ha hecho propuestas adicionales. Euskadi, con un gobierno de coalición del PNV y el PSE, reclama tiempo para la transición energética y descarbonización de la industria.

La última conferencia de presidentes se celebró de forma presencial el 13 de diciembre en Santander. La anterior tuvo lugar en marzo de 2022 en la isla canaria de La Palma. Los asistentes aprobaron en ella la modificación del reglamento para que hubiera dos reuniones anuales. El Gobierno justificó el incumplimiento del reglamento hasta la cita en Cantabria por un calendario que no dio tregua con elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023, generales en julio de ese año y un primer semestre de 2024 con comicios en Galicia, País Vasco, Cataluña y elecciones al Parlamento Europeo.