El Gobierno prevé la actuación de la policía y la fiscalía para obligar a las comunidades a acoger a los menores migrantes

Mientras se suceden los pleitos entre Gobierno y comunidades autónomas, los técnicos avanzan en la preparación de los primeros traslados de menores migrantes que se harán este verano desde Ceuta y Canarias. El real decreto con el que se detalla el protocolo a seguir está casi listo y el plan, según fuentes gubernamentales, es que apruebe en el Consejo de Ministros del 15 de julio. El texto, cuya última versión ha consultado EL PAÍS, involucra a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía de forma explícita ante la previsión de que haya comunidades que decidan no enviar a nadie a recoger a los menores trasladados o dificultar su acogida.

El texto se refiere así a ese hipotético escenario: “En el caso de que la comunidad autónoma de destino se negara a hacerse cargo [...] en la fecha, hora y lugar notificados, los profesionales [...] que hubieran acompañado a la persona menor de edad extranjera durante el traslado podrán recabar la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes pondrán este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán a la persona a la Entidad pública de protección de menores de la comunidad autónoma de destino. Todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse".

La norma también intenta resolver los problemas de documentación que tienen la inmensa mayoría de los menores tutelados en Canarias y que, tal y como reveló EL PAÍS, carecen de autorizaciones de residencia porque no se las han tramitado. El procedimiento obligará a las delegaciones de Gobierno a resolver la concesión de sus permisos antes de su traslado a otra comunidad.

El nuevo protocolo delega en los subdelegados de Gobierno de las provincias en las que se encuentren los menores la responsabilidad de abrir y tramitar los expedientes. Estos traslados se aplicarán a dos colectivos de niños distintos y tendrán, por lo tanto, formas, pero sobre todo plazos diferentes. Por un lado, se comenzará los traslados de los menores que lleguen nuevos a las islas y para los que se ha marcado un margen de 15 días desde que pongan un pie en el puerto hasta que se les reubique en otra comunidad. Por otro, se trasladará a buena parte de los cerca de 6.000 niños y adolescentes que ya viven en los centros de acogida canarios, aunque para ellos se trabaja con un plazo de un año. El total de los niños a reubicar desde Ceuta y Canarias no está claro, aunque se ha trabajado con la cifra de 4.400.

Tras iniciar el procedimiento, el subdelegado del Gobierno determinará a qué comunidad deberá ir cada menor y, según refleja el texto, la distribución comenzará hacia las comunidades a las que “les corresponda un mayor porcentaje de traslados”. Entre esas comunidades que más esfuerzo tendrán que hacer, figurarán previsiblemente Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Se garantizará, asegura el borrador, “una distribución equilibrada entre todas las comunidades y ciudades autónomas”.

Cada expediente deberá contar con un informe sobre el menor que elaborará la comunidad autónoma de origen y que tendrá cinco días para remitirlo. Entre las gestiones imprescindibles se deberá entrevistar al interesado. “Las preguntas formuladas en esta entrevista personal se ajustarán a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio de Juventud e Infancia”, se lee en el borrador. Después de ese trámite, tanto el menor como la comunidad de destino tendrán tres días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Si hay oposición del menor, la Fiscalía tendrá dos días para emitir su informe.

La resolución de ubicación y traslado se notificará al menor (si su grado de madurez lo permite) o a sus representantes legales, en el plazo de diez días naturales desde su inscripción en el registro policial. La decisión también se compartirá con la comunidad autónoma de destino, el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio Fiscal. El traslado, que deberá ocurrir en los cinco días siguientes, correrá a cargo de la comunidad de origen que tendrá que comunicárselo a todos los actores implicados (incluido la Jefatura Superior de Policía de destino y a la Fiscalía) con un mínimo de 48 horas.

Una vez en la comunidad que lo acogerá, esta tendrá que elegir el centro más adecuado. “En particular, adoptará itinerarios y recursos de intervención específicos para dar respuesta a las necesidades concretas de algunos perfiles, como pueda ser el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de seres humanos, de los que presenten problemas de salud física o mental, o que se encuentren más cerca de la mayoría de edad y necesiten un apoyo centrado en el fomento de la autonomía de cara a su emancipación, así como un trabajo específico de integración sociolaboral”, se lee en el futuro real decreto.

Mientras este proceso avanza con el objetivo de que los traslados comiencen en verano, el Gobierno arrastra los pies en otra cuestión. El próximo 29, el Gobierno central tendrá que explicar en el Tribunal Supremo si ha cumplido la orden que le dieron los jueces a finales de marzo para que se hiciera cargo de más de un millar de menores solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. No lo ha hecho.