Los Mossos investigan la compra de una decena de inmuebles de los socios del despacho fundado por Montoro

Los Mossos d’Esquadra tratan de seguir el rastro del dinero facturado por Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que está en el ojo del huracán por su papel central en una presunta trama de corrupción en la que se investigan delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Entre las operaciones del entramado de sociedades investigado, la policía catalana desvela compraventas valoradas en seis millones de euros. Identifica al menos ocho inmuebles (seis en Madrid, uno en Pozuelo de Alarcón y otro en Málaga). También desvela las sociedades adquiridas que atesoraban los inmuebles, entra las que destacan Bankia, Rías de Bergondo, Promociones Residenciales Lualca SL, Ebrosa SA, Construcciones Nertor o Grupo familiar Armijo González.

El destino del dinero es clave en esta investigación, ya que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona sospecha que la cúpula de Hacienda intercedió en la elaboración de leyes que beneficiaban a empresas que previamente habían pagado a Equipo Económico, la firma fundada por Montoro a la que une un fuerte vínculo personal y profesional con algunos de sus miembros. Lo que se trata de demostrar es que el dinero cobrado por el despacho acabó en manos de los responsables de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular).

En esta línea de investigación, el Área de Investigación Criminal de la policía autonómica cree que el entramado societario creado por algunos de los imputados en el caso tenía el objetivo de pagar menos impuestos por los “ingentes ingresos percibidos” y “dificultar la identificación de los destinatarios finales” de los fondos facturados, según consta en un informe aportado al sumario de la causa al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Durante los años a los que se circunscribe la investigación, los principales responsables de Equipo Económico crearon al menos siete sociedades que recibieron los ingresos del despacho. Seis años, de 2009 a 2015, en los que depositaron cerca de trece millones de euros, apunta el escrito remitido al juez.

De ese entramado, los Mossos d’Esquadra hace un análisis específico sobre Econodos SL, sociedad cuyo administrador único es Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico y presidente ejecutivo del despacho desde 2008. Recibió en seis años más de 3,5 millones de euros. Es hermano de Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio de Hacienda. También destaca el informe aportado a la causa su papel como exmiembro de Hacienda en el último gobierno de Aznar y su papel como consejero de Abengoa y sus filiales de 2007 a 2016.

La Unidad Central Anticorrupción destaca la compra de activos e inmuebles por casi 1,2 millones de euros por parte de Econodos SL. Concretamente, señala la compra en 2010 de Grupo Familia Armijo González. En 2011 y 2012 compró Construcciones Nestor. Ya en 2015 adquirió tres inmuebles (dos en Madrid y otro en Málaga).

Los Mossos también se fijan en las adquisiciones desde la sociedad de Francisco de Asís Piedras, otro de los imputados en la trama. Fue socio director de Equipo Económico y antes director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda. Consultoría y Diagnóstico SL es la sociedad del entramado administrada por este investigado y receptora de fondos ingresados por Equipo Económico. Con los casi 2,5 millones de euros que recibió, compró Promociones Residenciales Lualca en 2014 por casi medio millón de euros. También se hizo con un inmueble en Madrid y otro en Pozuelo de Alarcón, donde reside el propio investigado, desvelan los Mossos.

La tercera sociedad investigada en la trama es la de Miguel Ángel Fernández Villamandos, expresidente de Transmediterránea. En este caso, los investigadores dan un paso más a la hora de esclarecer el destino del dinero. “Esta empresa no pertenece a ninguno de los socios de Equipo Económico pero es de interés para la investigación por la vinculación de su propietario (Miguel Ángel Fernández Villamandos) con altos cargos del Partido Popular”, revela la policía autonómica. Equipo Económico le pagó más de 1,2 millones de euros de 2009 a 2015. “Se le relaciona con Ricardo Romero de Tejada en Transmediterránea (secretario general del PP Madrid hasta el 2004, consejero de Caja Madrid, imputado en el caso de las tarjetas Black)”, apuntan los Mossos. Con su sociedad compró en 2015 dos empresas, una de Rías de Bergondo y otra de Bankia, el banco del que procede la propia Caja Madrid. Estas contaban con dos inmuebles, según las pesquisas policiales. Las dos en Madrid capital.

La última sociedad investigada por el Área de Criminalidad de los Mossos es Anvalia 7. Su administrador es Javier Aguirre Nogues, vicepresidente de Equipo Económico y, según los Mossos, “hombre importante en los equipos directivos de Juan Villalonga en Telefónica”. También repara en su posición de asesor para Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión en activos inmobiliarios en España. Anvalia cobró casi 1,5 millones de euros entre 2009 y 2015. Pero, en este caso, los Mossos destacan que la sociedad ingresó otros 2,475 millones de euros en 2012 que podría tratarse de la venta de un inmueble.

A las pesquisas de los Mossos se suman las de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como avanzó este medio. Los investigadores del Instituto Armado apuntan en un informe aportado al sumario del caso “la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE [Equipo Económico] pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero”. La Guardia Civil rastrea los movimientos de algunas de las sociedades del entramado también investigadas por la policía catalana. Concretamente, rastrea movimientos a una decena de países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Italia, Polonia, Reino Unido, Colombia o Panamá.

En octubre de 2023, más de dos años después de que la UCO entregara el informe en el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que reclamaba al juez que autorizara de manera “urgente” a la Guardia Civil las diligencias solicitadas para determinar el motivo y destino final de este “flujo de dinero” con origen y destino en otros países. No consta finalmente si se ha avanzado en esta línea de investigación.