El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público de 36.600 plazas, un 9% inferior a la del año pasado

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público que rompe la dinámica de los últimos años: la cifra cae respecto a la de 2024 y a la de 2023. Tras cuatro años de alzas consecutivas, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una oferta de 36.588 plazas, una bajada del 8,8% respecto a las 40.121 del año pasado. Esa oferta marcó el récord desde que hay registros consolidados. Así, aunque menor que la del año previo y la del anterior, la oferta de 2025 sí supera las ya altas cifras del resto de años desde 2018, cuando empezó el mandato de Pedro Sánchez. El Gobierno calcula que con esta oferta se crean 5.400 empleos en la Administración General del Estado (AGE), un “refuerzo del Estado del bienestar y que revierte los recortes de anteriores gobiernos”, en palabras del ministro de Función Pública, Óscar López, que ha detallado la oferta este martes tras el Consejo de Ministros.

Esta oferta llegará al Boletín Oficial del Estado sin el respaldo de los sindicatos y en un contexto de prórroga presupuestaria. Los cinco sindicatos presentes en la mesa de negociación (CSIF, UGT, CC OO, CIG y ELA) vienen diciendo que es insuficiente para cubrir las necesidades de la administración pública y que no ayuda a revertir el bajón que se dio durante la Gran Recesión, cuando apenas se ofertaban plazas para cubrir las jubilaciones. Por ello la negociación se cerró hace dos semanas sin acuerdo, un escenario parecido al del año pasado, cuando UGT fue el único sostén del Ejecutivo.

“No cumple con las necesidades que tiene la ciudadanía”, dijo la semana pasada frente al Ministerio de Hacienda Isabel Araque, la líder ugetista del área de Servicios Públicos. “Necesitamos una oferta más amplia que atienda la realidad y que no sea meramente propagandística”, agregó entonces el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo. Ambos sindicatos reunieron a unos 2.000 manifestantes para protestar por otros “incumplimientos” del Ejecutivo con los funcionarios.

Tampoco respalda la oferta CSIF, que ve una creación “insuficiente” de empleo y que no compensa con suficiente brío las jubilaciones y las “pérdidas estructurales” de años anteriores, 42.000 en las dos últimas décadas en la administración estatal según la estimación del sindicato especializado en funcionarios. “El 55% de la plantilla se jubilará en diez años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo”, agrega el sindicato liderado por Miguel Borra, que relaciona la bajada en la oferta de empleo con “la ausencia de Presupuestos y la congelación de fondos de la UE”.

Este análisis sindical es muy diferente al que plantea el Gobierno, que subraya que por quinto año consecutivo las plazas de nuevo ingreso baten “un récord”, con 27.697. Esta cifra, según Función Pública, se concreta en la creación 5.400 empleos netos en la AGE. “Se profundiza así en el cambio de tendencia logrado en 2021 manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos”, indica el departamento dirigido por López. Según su diagnóstico, con este se acumulan tres años de generación de empleo neto, “lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas”. “Vamos a conseguir servicios públicos más directos, ágiles y eficaces”, ha dicho López.

Más allá de las 27.697 plazas de nuevo ingreso, hay otras 8.891 de promoción interna. De las primeras, 20.324 corresponden a la AGE, y de las segundas, 6.565 también se adscriben a la Administración General del Estado. Esto deja un total de 7.373 plazas de nuevo ingreso y 2.326 de promoción interna en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

“En los últimos años, la edad media del empleado público ha bajado en dos años, pasando de los 51 a los 49 años actuales gracias a las incorporaciones récord: en 2024 las altas duplicaron a las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 efectivos”, destaca el Ministerio de Función Pública, que también subraya la “agilización” de los procesos selectivos: “El 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría de los procesos realizan la fase de oposición en menos de un año”. Pese a estos datos, los sindicatos siguen denunciando que falta rapidez en esos procesos.

El departamento de López también destaca el “refuerzo” de los subgrupos de funcionarios C1 y C2, “los estrechamente vinculados a la atención a la ciudadanía”. El 64% de las plazas de personal funcionario en AGE corresponden a esos grupos. “Es la primera vez que la OEP se enfoca en los servicios de atención a la ciudadanía y de tramitación de prestaciones para garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva”, agrega el ministerio. Son 8.851 plazas que reforzarán las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, de Extranjería o Agencia Tributaria.

El ministerio también subraya que la oferta reserva 2.610 plazas para personas con discapacidad, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual.

Según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, a enero de 2025 hay 539.257 trabajadores en el sector público del Estado, el que se nutre de estas ofertas de empleo. Son 10.000 más que en el mismo mes del año pasado y 30.000 más que en 2019, pero la cifra aún está muy lejos del máximo que se registró en 2011, cuando la cifra rondaba los 600.000 efectivos. Entonces, en plena crisis económica y bajo el mando de Mariano Rajoy, la función pública entró en una dinámica de recortes, sin apenas contrataciones que compensaran las jubilaciones, lo que condujo a una profunda destrucción de puestos de trabajo.

En total hay 3.037.432 de empleados públicos en España, con la mayor parte de ellos asignados a las comunidades autónomas: 1.903.241, el 63% del total. En la administración local trabajan 599.532, 60.000 más que en los organismos estatales.