El BBVA mantiene la opa al Sabadell pese a las condiciones del Gobierno

El BBVA mantiene la opa hostil al Sabadell. El consejo de administración, reunido este lunes, ha acordado seguir adelante con la transacción que daría origen al segundo mayor banco de España. “Una vez analizado dicho acuerdo, BBVA ha decidido no desistir de la oferta, y por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable”, ha informado la entidad en un hecho relevante remitida este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco vasco toma esta decisión, tras unos días análisis, desde el pasado 24 de junio, de la condición extra que ha impuesto el Consejo de Ministros a la operación. Esta es mantener los bancos separados durante tres años, prorrogables por otros dos más, como entidades jurídicas diferenciadas, con patrimonio separado y una gestión independiente. Fuentes del banco indican que la decisión se ha tomado por unanimidad. No obstante, en los últimos días algunos consejeros han mostrado dudas sobre si avanzar con la transacción, como era la intención de Torres, si bien finalmente han apostado por seguir adelante. El presidente se había propuesto convencer a su consejo para que la decisión fuese compartida por todos.

La carpeta de la opa llegó a la mesa del Consejo de Ministros casi 14 meses después de que la plantease el BBVA. Fue después de que se pronunciase la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien acordó dar el visto bueno a la operación, pero introduciendo una serie de compromisos para proteger el crédito a pymes, dificultar el cierre de oficinas en zonas despobladas o asegurar las condiciones comerciales en lugares con poca competencia, entre otras cuestiones. La Ley de Competencia establece que cuando una operación se analiza en una segunda fase por la CNMC, el Consejo de Ministros puede ampliar o reducir sus requisitos en función del interés general.

La intervención del Gobierno ha puesto al BBVA a analizar durante días si tenía sentido mantener su oferta y cómo afectaba a la rentabilidad de la transacción, en el 20%, de acuerdo a los cálculos del propio banco cuando lanzó la opa. La clave estaba en si podía seguir aprovechándose de los 850 millones en sinergias que calculaba en mayo de 2024. La cuestión ha estado en si la condición extra impuesta por el Gobierno tan solo difería el calendario para lograrlas o si provocaba que muchas se volatilizasen del todo.

En la comunicación a la CNMV, el BBVA no da detalles sobre la cifra definitiva de sinergias tras la intervención, si bien tendrá que especificarse en el folleto de información que remita a la CNMV para su aprobación, en el que deberá incluir las condiciones que ha impuesto el Gobierno y el impacto económico. En un vídeo, el presidente de la entidad, Carlos Torres, ha apuntado que la operación crea “un enorme valor para los accionistas de ambas entidades” y que la unión representa “una oportunidad para crear uno de los bancos más innovadores y competitivos de Europa”. En esta línea, defiende que la unión de ambas firmas dará luz a una “entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país”.

La concreción de esta condición extra del Ejecutivo sobre qué podría hacer o no el BBVA con el Sabadell no está clara. Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esperan que el banco vasco gestione ambas entidades “maximizando el valor por separado”. En sus palabras, esto supone que durante el tiempo que durase el blindaje gubernamental se prohíbe al BBVA fusionarse con el Sabadell, ni hacer un ERE con motivo de la operación, ni alterar la red de oficinas sustancialmente.

La potestad del Gobierno de endurecer las condiciones de la CNMC también ha sido un caballo de batalla con el BBVA en las últimas semanas. El banco vasco ha apuntado que, en realidad, la ley de Competencia solo confiere al Ejecutivo la potestad para suavizar o mantener los requisitos de la CNMC, pero no para endurecerlos. El Gobierno, en cambio, ha interpretado que sí puede hacerlo, pero siempre en base de cuestiones de interés general y no de competencia. En este caso, en concreto, el Ejecutivo ha aludido a blindar el mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, la protección a los trabajadores, la cohesión territorial, la política social vinculado con las fundaciones bancarias, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico.