El aumento del gasto en defensa pone a prueba los límites del Estado del bienestar

El mapa geopolítico ha vuelto a temblar con los bombardeos estadounidenses sobre Irán y la respuesta de Teherán en la base estadounidense de Qatar. El seísmo amenaza con propagarse a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en un clima ya tenso. Los socios de la Alianza Atlántica llegan a La Haya tras días de tiranteces a cuenta de las metas para alcanzar el gasto en defensa, en los que España ha sido protagonista: el presidente Pedro Sánchez se ha opuesto a que la inversión militar alcance el 5% del PIB, el objetivo que ha puesto sobre la mesa la Administración de Donald Trump, y que supone tres puntos más con respecto al plan previo. Sánchez ha tachado el objetivo de “desconsiderado”, “innecesario” e incompatible con el Estado del bienestar, explicitando una pregunta que ya sobrevolaba desde haca tiempo: ¿hasta dónde debe llegar el compromiso con la seguridad y cuándo su aumento amenaza el resto de los servicios públicos?

El dilema no es exclusivo de España: la guerra también se libra en los balances. El aumento de la inversión militar tiene que articularse mientras se atienden otras políticas públicas y se garantiza la sostenibilidad de las cuentas, con la limitación de que los recursos públicos no son infinitos. El margen puede elevarse si la economía crece o se encuentran otras vías de ingresos, generalmente impuestos. Y también existe la posibilidad de reorganizar otras partidas presupuestarias para fortalecer determinadas áreas con los créditos de rúbricas que han quedado sin ejecutar. Pero los recursos públicos no dejan de parecerse a una manta: si se tira de un extremo, existe el riesgo de dejar al descubierto el otro lado de la cama o de hacer un agujero, y hay epígrafes que arrastran la cubierta con fuerza.

Actualmente, ningún país de la Alianza destina el 5% de su PIB a inversión militar. Tampoco lo cumple EE UU (3,38% del PIB en 2024, según la OTAN). Polonia es el aliado que más se acerca, con un 4,12%, frente a la media del 2,71% del total del bloque. Europa, que durante décadas ha externalizado a Estados Unidos su estrategia de defensa y seguridad, luce un porcentaje muy inferior: cerca del 2% del PIB en promedio y con mucha heterogeneidad entre socios.

España es de los países más rezagados: en 2024 invirtió menos del 1,3% del PIB en defensa. Aunque en los últimos meses ha pisado el acelerador —redirigiendo ingentes cantidades del presupuesto y anunciando planes de inversión millonarios— para acercarse al 2%, aún queda mucho camino por recorrer y pocas vías para financiarlo. “Solo veo tres maneras para subir la inversión en defensa: financiarlo con deuda, ya sea europea o nacional, subir los impuestos o recortar el gasto”, resume Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.

Otra vía es aprovechar los excedentes del crecimiento económico. Es cierto que España crece con más vigor que el resto de economías avanzadas, y eso ensancha algo la manta. Pero el ritmo no es suficiente para asegurar un incremento milmillonario en la inversión en defensa y seguridad. Un alza de los desembolsos hasta el 5% del PIB supondría inyectar unos 80.000 millones al año a esta partida, algo menos de lo que se destina a sanidad y cerca de la mitad del gasto en pensiones, la rúbrica que más pesa en los presupuestos anuales.

El gasto social —que incluye las pensiones, junto a la sanidad, la educación y algunos servicios públicos— representa los pilares del Estado del bienestar, que Europa ha convertido en parte de su ADN. Este paraguas se ha ido haciendo cada vez más grande y requiere el grueso de los recursos públicos: en España, las políticas sociales acapararon seis de cada diez euros del último presupuesto del Estado aprobado, correspondiente a 2023 —las cuentas están prorrogadas desde entonces—. Y las previsiones auguran una curva de gasto ascendente por el envejecimiento de la población. La tendencia es parecida en el resto de economías que han elegido el mismo modelo y comparten desafíos similares, puesto que la pirámide demográfica se está invirtiendo y hay otros retos en el horizonte, con el cambio climático a la cabeza.

La OTAN tenía fijado un objetivo de inversión en defensa del 2% del PIB para 2030, pero el reseteo en el tablero geopolítico provocado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, junto a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, han empujado hacia arriba el listón. Washington exige un 5% y la Alianza Atlántica ha abrazado la nueva meta, proponiendo un 3,5% del PIB en inversión militar y otro 1,5% para gastos relacionados con la defensa para 2035.

España se opuso la semana pasada a esta subida y aseguró que había pactado una flexibilización de los objetivos, pero en el enésimo giro que está teniendo el debate en los últimos meses, el secretario general de Alianza Atlántica, Mark Rutte, lanzó un nuevo órdago: el lunes pidió a España una inversión de al menos un 3,5% en defensa.

Estabilidad presupuestaria

“Aunque depende del horizonte temporal, no veo viable que la inversión en defensa llegue al 5% del PIB. Incluso para alcanzar el 2% hace falta algo más que crecimiento”, insiste Torres. “Veo difícil que Europa lo financie con deuda mancomunada, tanto por razones técnicas como políticas y presupuestarias”, detalla. Incrementar los ingresos con subidas de impuestos también tiene un coste, sobre todo político. “Los ingresos públicos de España sobre el PIB están por debajo de la media europea y habría algo de margen, pero es muy impopular”, añade el economista. La tercera opción, reducir el gasto, se vislumbra también complicada y tiene el riesgo de percibirse como una dicotomía entre inversión en defensa y gasto social: “Puede generar problemas de cohesión”.

En este encaje de bolillos hay que tener en cuenta también las dinámicas internas. Las formaciones a la izquierda del PSOE son reacias a elevar los compromisos en defensa, y las tramas de corrupción destapadas por la Guardia Civil en las que están involucrados pesos pesados socialistas han disparado las inquietudes sobre la continuidad del Gobierno. Las cifras presupuestarias, además, juegan en contra.

El déficit público en España ronda el 3% del PIB, el tope máximo que permiten las reglas fiscales europeas, y el margen para aumentarlo es escaso, aunque aumente la recaudación. Los números rojos de otros aliados, como Francia, casi duplican el saldo negativo de España. Más preocupante aún es la deuda, que ha ido engordando tras los sucesivos shocks que han sacudido la economía global en lo que va de siglo, con la crisis financiera y la pandemia como principales responsables de los repuntes. La tasa de deuda de España rebasa el 100% del PIB, una barrera que también superan Grecia, Italia, Francia y Bélgica en Europa, así como EE UU.

Bruselas, consciente de que durante décadas ha delegado a Washington su estrategia militar y con un conflicto a sus puertas, sigue debatiendo cómo elevar la inversión de defensa sin mermar la estabilidad de las finanzas públicas. Varios socios rechazan la opción de la deuda común y, de momento, el Ejecutivo comunitario solo ha dado luz verde a que los Estados miembros activen una cláusula de escape que les exima de contabilizar a efectos de deuda y déficit el incremento de la inversión en defensa. La salvaguarda, sin embargo, no disipa el riesgo.

“La UE hace trampas cuando dice que el gasto para inversiones en defensa no computará, porque se tendrá que pagar igual. Y eso reducirá los recursos para otras políticas”, alerta Pere Ortega, fundador y presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Ejecución presupuestaria

La ejecución se presenta como otro talón de Aquiles. Isabel González, socia responsable de Seguridad y Defensa en Sector Público de la consultora EY, asegura que la industria de defensa española es sólida y competitiva, pero reconoce que “la aceleración reciente del gasto plantea desafíos importantes para un tejido industrial caracterizado por ciclos de activación largos y tiempos de respuesta moderados”. En otras palabras: un incremento de la inversión tan rápido e ingente necesita tiempo para ser digerido.

El sector está fragmentado tanto a nivel nacional —unas 400 empresas, la mayoría pymes— como europeo, con muchos campeones nacionales que se solapan entre ellos. El mercado comunitario cuenta con más de 70 sistemas de armas distintos, comparado con los cerca de 30 de EE UU, y un déficit de unos 25.000 millones al año en duplicidad de capacidades, según la Agencia de Defensa Europea. Esta falta de economías de escala reduce el efecto multiplicador que la inversión militar podría generar sobre el PIB real en el corto plazo, y tampoco contribuye a mejorar la autonomía estratégica. “Obligaría a importar los suministros de los que no se dispone, básicamente de EE UU”, alerta Torres.

“Es peligroso aumentar tanto y tan rápido la inversión en defensa y seguridad, porque las empresas no tienen capacidad para absorberlo”, coincide Antonio Fonfría, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y académico en la Academia de la Ciencia y las Artes Militares, en referencia a las subidas millonarias acometidas en el último año. Daniel Fuentes, profesor en la Universidad de Alcalá, recuerda que existe un debate contable sobre lo que la OTAN considera inversión en defensa y lo que no, que los gobiernos podrían aprovechar. “Parte de la discusión tiene que ver con disciplinar a los aliados y que todos muestren que están comprometidos. Porque aunque España presupueste un 5%, sería casi imposible gastarlo”.