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El FMI advierte a Europa sobre el riesgo de relajar las reglas fiscales para financiar la defensa

El organismo avisa de que el presupuesto de la UE debería crecer un 50% por las nuevas prioridades de rearme y energía verde

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una rueda de prensa en la sede del FMI en Washington.
Manuel V. Gómez

Financiar el rearme no debe hacerse a costa de un descontrol eterno en las cuentas públicas. Eso es, al menos, lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional a los países de la zona euro al recomendar que “el uso de las cláusulas de escape para apoyar el aumento del gasto en defensa debería restringirse a su fase inicial”. La deuda pública de bastantes países de la UE supera los niveles recomendables de los propios tratados y eso requeriría una rebaja de la carta. Pero las sacudidas geoestratégicas de los últimos años (invasión de Ucrania, irrupción de Donald Trump) han cambiado las prioridades políticas y las fiscales. El FMI lo acepta, aunque no por eso baja la guardia y pide a los demás que no lo hagan: “Los Estados miembros y la Comisión deberían evaluar el impacto del incremento de la partida de defensa en la sostenibilidad de la deuda”, según el informe que el organismo con sede en Washington ha publicado este jueves tras examinar los retos de la economía europea.

Hace apenas un año, desde Washington se ponía el foco en los “ajustes significativos” que requerían las nuevas reglas fiscales que estaban desplegándose para reducir la deuda pública acumulada en la UE por las crisis sistémicas vividas en las últimas dos décadas (crisis financiera, pandemia, inflación desbocada). Se subrayaba que en Europa hacían falta inversiones para no perder el tren de la competitividad frente a Estados Unidos y China, pero se ponía acento en el ajuste porque el Viejo Continente tiene, además, otro reto en sus cuentas públicas: el envejecimiento de la población. Este se sumará rápido a otros como el coste de esa deuda acumulada y las ingentes inversiones que precisan la transición energética y digital.

Europa llevaba desde el final de la Guerra Fría viviendo los dividendos de la paz, habiendo externalizado su seguridad y defensa a Estados Unidos, a través de la OTAN. Pero eso ha acabado de golpe. La vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump ha desnudado de un plumazo las necesidades europeas. En Bruselas ya todos admiten que hay que incrementar esta partida y, por eso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso sobre la mesa la cláusula de escape para aquellos Estados miembros que lo reclamaran. Traducción al castellano del idioma de las instituciones: se suspenden las reglas fiscales que limitan el déficit anual de las cuentas públicas al 3% del PIB durante un periodo de cuatro años.

Pero esa decisión administrativa y política no supone que la deuda no crezca. Por eso, el FMI hace esta petición. Y también reclama coordinación entre los países que componen la zona euro. No es lo mismo Grecia, con una cantidad de deuda equivalente al 150% de su PIB, que Países Bajos, con un 43%. De ahí, que el organismo que dirige la búlgara Kristalina Georgieva afirme “que es crucial que se tenga cuidado al aplicar las normas fiscales de la UE para garantizar que los países con bajos riesgos fiscales que tengan la intención de aumentar el gasto para impulsar el crecimiento potencial y mejorar la capacidad de recuperación no se vean limitados por las normas”.

El FMI no solo recomienda coordinación entre los presupuestos nacionales, también pide que estos lo estén con las cuentas de la UE, cuyo marco plurianual para el periodo que empezará en 2028 está ultimándose en estas semanas. Los economistas que dirige Alfred Kammer, el director del departamento para Europa del FMI, plantean que “se identifiquen necesidades de inversión y áreas donde hacen falta iniciativas europeas conjuntas que planteen soluciones más efectivas en costes”. A saber: innovación, transición energética, defensa colectiva. Y esto sin excluir el incremento del presupuesto comunitario, que ahora viene a suponer cada año un 1% del PIB de la UE, porque si se apuesta por esto sin reducir las partidas tradicionales (cohesión, agricultura), “el tamaño de las cuentas europeas crecerá, al menos, un 50%”.

A ese incremento, si todo sigue igual, contribuiría mucho la amortización de la deuda contraída durante estos años para financiar los 650.000 millones del Fondo de Recuperación. Aunque los cálculos sobre el coste de esos créditos se hizo sobre una cantidad superior (750.000), a partir de 2028 hay que empezar a devolver el dinero y esto puede llegar a suponer un coste de más del 20% del presupuesto de la UE.

Todas estas restricciones presupuestarias siempre han llevado a Bruselas y a muchos Gobiernos a reclamar que es capital privado se involucre en la financiación de las inversiones que se precisan en Europa, principalmente, en las transiciones gemelas (energética y medioambiental). Aunque eso requiere, para hacerlo más sencillo, una mayor integración del mercado único, tal y como han subrayado los informes de Enrico Letta y Mario Draghi. Para eso, plantean un plan de acción con cuatro puntos. El primero es reducir la fragmentación administrativa, creando, por ejemplo, un régimen 28º alternativo a los nacionales que homologue regulaciones y leyes. Esta idea la puso sobre la mesa Letta. El segundo punto pasa por avanzar en la Unión del Mercado de Capitales y en la Unión Bancaria. Un tercero consiste en agilizar el traslado de mano de obra entre Estados miembro. Y el último sería la integración del mercado energético.

Para animar a esto, el FMI calcula que todas estas reformas aportarían un aumento del PIB potencial de la UE del 3%. Y vuelven a defenderlo con números: ahora que tanto se habla de aranceles, todas las barreras que hay vigentes ahora en el mercado único equivalen a tarifas del 40% en el comercio de bienes y al 110% en el de servicios. Para hacerse a una idea de lo que esto supone, se puede comparar con los aranceles que Trump ha impuesto al acero, aluminio y automóviles (25%) o los falsamente llamados recíprocos (10%).

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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