La OCDE reclama a la Unión Europea que el gasto en defensa no se financie con deuda

La OCDE ha lanzado una advertencia sin ambages a la Unión Europea: el refuerzo del gasto militar no debe engordar los números rojos de los países. “Aunque se prevé un aumento en el gasto en defensa, no debería financiarse mediante la emisión de deuda a largo plazo”, señala el informe de Perspectivas Económicas publicado este martes por la organización que agrupa a las economías más ricas del planeta. El mensaje llega en el momento más delicado posible: cuando Bruselas ha activado la cláusula de escape de las reglas fiscales para dar margen a los Estados miembros a aumentar su inversión en defensa, incluso por encima de los límites de déficit.

La hoja de ruta europea es ambiciosa. En marzo, la Comisión presentó un plan para lograr la autonomía estratégica en defensa antes de que acabe esta década. El objetivo es responder al nuevo entorno geopolítico y la presión de la OTAN para elevar el esfuerzo militar. La factura también es clara: 800.000 millones de euros. De ellos, 650.000 deberán salir de los presupuestos nacionales. Para que ese gasto no estrangule las cuentas públicas, Bruselas permite que, durante un periodo de cuatro años, los países puedan elevar su déficit anual hasta un 1,5% del PIB adicional exclusivamente para gasto militar, sin que ello compute dentro del límite del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad.

El problema, según la OCDE, es que ese margen se está utilizando sin que exista una estrategia clara de financiación. Y el informe deja entrever a lo largo de sus páginas que financiar el aumento del gasto en defensa a través de la deuda pone en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas. La organización con sede en París no cuestiona la necesidad del rearme, pero advierte del riesgo de que las futuras generaciones carguen con el peso de una deuda aún mayor, en un contexto donde muchos países ya superan con creces los niveles recomendados.

La fotografía fiscal europea lo dice todo: el agujero de Italia roza el 135% del PIB, Grecia supera el 150%, Francia se sitúa en torno al 110%, España supera ligeramente el 100% y Portugal ronda el 95%. Incluso Alemania, tradicional símbolo del rigor presupuestario, ha visto cómo su deuda se aleja del objetivo del 60% fijado por Bruselas. En este contexto, la recomendación de la OCDE es que si hay que gastar más en defensa, habrá que recortar en otras partidas o subir impuestos. Repetir el esquema de recurrir a la deuda —como ya se hizo durante la pandemia y la crisis energética— podría agravar los desequilibrios estructurales.

El contraste con el discurso dominante de hace apenas año y medio es notorio. Entonces, la conversación en Bruselas giraba en torno a cómo reducir la deuda acumulada tras la emergencia sanitaria. La reforma de las reglas fiscales, aprobada a finales de 2023, prometía una senda de consolidación presupuestaria más realista y flexible, pero con el objetivo claro de volver a la disciplina fiscal. Esa narrativa ha sido desplazada por la urgencia de reforzar las capacidades militares europeas, con una lógica que recuerda a la excepcionalidad adoptada tras el estallido de la covid-19.

La preocupación de la OCDE es que, incluso con las cláusulas de escape activadas y con los nuevos instrumentos de financiación comunes que prepara Bruselas, los países con menos margen fiscal seguirán expuestos a la presión de los mercados. Es el caso de algunos de los mayores contribuyentes al gasto militar europeo —como Francia, Italia o Polonia—, que ya están bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE. En este contexto, prolongar durante años un esfuerzo presupuestario adicional en defensa obligará a tomar decisiones políticas difíciles: o se recortan otras partidas o se suben los impuestos. Al respecto, el organismo insiste en que aquellos Estados que no logren frenar el crecimiento del gasto (militar y no militar), “podrían verse obligados a considerar un aumento adicional de la carga fiscal”.

La OCDE no descarta que, en una fase de transición, los gobiernos recurran a un mayor endeudamiento para impulsar sus capacidades militares. Pero si no se contiene el crecimiento del gasto no militar, muchos países tendrán que incrementar aún más su carga fiscal. Además, alerta sobre el riesgo de que algunos Estados recurran a maniobras contables para sortear las normas presupuestarias, como reclasificar partidas —por ejemplo, de cooperación al desarrollo— como gasto de defensa. “Uno de los retos al supervisar el uso de las cláusulas de escape será garantizar que otros tipos de gasto, por ejemplo la ayuda exterior no militar, no se reclasifiquen como gasto en defensa para eludir las normas fiscales”, se lee en el informe.

El actual enfoque europeo, sin embargo, parece confiar en que los mercados seguirán tolerando un mayor nivel de endeudamiento. La mayoría de los países que se han acogido a la cláusula de escape —una docena hasta la fecha— no han presentado planes detallados sobre cómo cubrirán el coste del rearme. Alemania ha sido de las pocas excepciones, aunque para ello ha llevado a cabo una reforma constitucional que garantiza el gasto de millones de euros en defensa financiado con deuda. Su menor nivel de endeudamiento respecto al resto de Europa y su reputación como garante de la disciplina fiscal le dan margen de maniobra. Del otro lado, están países como Francia, Italia o España, que siguen sin acogerse a la cláusula fiscal y que, precisamente, tienen algunas de las mayores ratios de endeudamiento.

El organismo reconoce que una parte de ese gasto podría tener efectos positivos en el corto plazo, especialmente si se dirige a proyectos con alto componente nacional. Las inversiones en infraestructuras militares o equipamiento, que movilizan empleo local y cadenas industriales propias, pueden aportar un estímulo temporal a la actividad. También el aumento del personal militar contribuye directamente al consumo y, por tanto, al crecimiento. Pero esos beneficios son inciertos, muy desiguales entre países y, en cualquier caso, no resuelven la cuestión de fondo: cómo financiar de forma estructural y sostenible una política de defensa sin deteriorar las finanzas públicas.