El Gobierno ha autorizado cambios presupuestarios para subir en 7.000 millones el gasto en defensa este año

El orden geopolítico se resquebraja a ritmos vertiginosos y el Gobierno ha pisado el acelerador, en vísperas de la cumbre de la OTAN de fin de mes, para demostrar que está comprometido con el fortalecimiento del músculo militar que reclaman algunos aliados. El Ejecutivo central ha autorizado ampliaciones del presupuesto ligado a defensa en al menos 7.000 millones de euros en lo que va de 2025, a través de acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros para transferir créditos y emplear el colchón de recursos destinados a las emergencias. La maniobra permite al Gobierno elevar los compromisos vinculados al gasto militar sin rendir cuentas en el Parlamento.

La cifra cobra más sentido si se pone en contexto. Representa un incremento del 50% sobre la partida inicial de los presupuestos prorrogados del ministerio para este curso. Si se considera la inversión total en defensa y seguridad, que incluye partidas asignadas otros ministerios, el alza es igualmente considerable, del 30%, sin contar con los planes de inversión que están sobre la mesa y las autorizaciones para ampliar el gasto militar en el futuro.

Estas modificaciones presupuestarias se extraen de la revisión pormenorizada que este periódico ha realizado de todas las referencias de los consejos de ministros celebrados desde principios de año. La primera ampliación de crédito del año se remonta al 11 de febrero: Hacienda concedió un suplemento de 57,4 millones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas. A finales del mismo mes, se autorizó otra ampliación de 567 millones para financiar operaciones en el exterior. En ese caso, el Ejecutivo tiró del Fondo de Contingencia, una especie de bolsa de recursos para hacer frente a emergencias.

A inicios de marzo se recoge otra transferencia de crédito por 343 millones, pero es a partir de abril cuando las cifras se disparan. El día 8 de ese mes el Gobierno dio luz verde a una transferencia de crédito por 2.084 millones al Ministerio de Defensa para hacer frente al pago de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas. “Ante la situación de prórroga presupuestaria se hace necesaria la transferencia”, reza la referencia del Consejo de Ministros celebrado ese día. En abril se realizaron otras operaciones de ampliación presupuestaria, desde la retribución de los militares (una transferencia de 368 millones y el recurso al Fondo de Contingencia por otros 70,3 millones) hasta la cobertura de los gastos por la dana, así como una transferencia de crédito de 2.819 millones para que el Ministerio de Industria desarrolle proyectos tecnológicos industriales para defensa. En mayo, se aprobó una transferencia de 699 millones para la ciberseguridad.

Los 2.819 millones para Industria no cuentan en puridad como ampliación presupuestaria del Ministerio de Defensa, explica el investigador principal en defensa y seguridad del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, aunque computan a efectos de los cálculos de la OTAN. “Tenemos un problema de diferenciación entre los gastos del Ministerio de Defensa y los de defensa”, explica. “El seguimiento del gasto del ministerio se va a complicar porque van a multiplicarse las partidas de gastos a considerar para evaluar los presupuestos domésticos y de la OTAN”, añade.

Fuentes de la Administración confirman la complejidad para rastrear el gasto en seguridad, puesto que el plan exigido por la UE contempla partidas en todos los ministerios, organismos y empresas públicas. “Es lo que se ha llamado inversiones duales: se ha comunicado a Bruselas que muchas de las inversiones ya previstas serán de uso de defensa si es necesario, como plantas fotovoltaicas públicas, infraestructuras de Adif o Renfe, pero de momento esos cálculos no son públicos ni se conocen”, señalan las citadas fuentes.

Nuevas inversiones

En paralelo a estas ampliaciones presupuestarias, el presidente del Gobierno presentó a finales de abril un programa de 10.471 millones de euros para inversiones industriales y tecnológicas relacionadas con la inversión en defensa y seguridad, decidido a elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB que exige la OTAN ya en 2025. Y el Consejo de Ministros dio un impulso adicional esta semana, autorizando al ministerio a nuevos compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por 15.635 millones de euros, a emplear entre 2026 y 2037, para “financiar 12 nuevos programas especiales” cuyos detalles aún se desconocen.

La premura inédita para elevar el gasto en materia de seguridad responde a las presiones recibidas en un entorno internacional cada vez más tenso, en el que la UE ha quedado arrinconada. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, con un giro en política exterior y recelos patentes hacia la Alianza Atlántica, han avivado la mecha armamentística que ya se había prendido con la invasión rusa de Ucrania. El despertar ha sido traumático para los socios comunitarios, que durante un largo periodo de tiempo priorizaron otras partidas para reforzar el Estado de bienestar, dejando reposar buena parte de la estrategia militar sobre EE UU.

No hace falta irse muy atrás en el tiempo para encontrar ejemplos de cómo el debate se ha sobrecalentado. El secretario general de la institución, Mark Rutte, causó malestar en La Moncloa a finales de marzo al asegurar que España quería alcanzar para este verano el objetivo del 2% del PIB (más de 30.000 millones) en gasto militar que exige ahora la Alianza Atlántica, cuando la fecha inicialmente comprometida era 2029. El Gobierno desmintió la afirmación, pero unas semanas después Sánchez confirmó que la meta se alcanzaría este año y anunció el mencionado plan industrial para el sector con 10.400 millones.

Un mes después, el jefe de la OTAN volvió a echar leña al fuego: declaró que España llegaría a invertir un 5% en defensa, el porcentaje que reclama la Administración de Trump a cambio de no volar los cimientos de la Alianza y que será el previsible protagonista de la cumbre de fin de mes. El propio Rutte ha abrazado esa meta, proponiendo que los miembros del club destinen un 3,5% de su PIB a inversión militar y otro 1,5% a gastos relacionados con defensa.

El camino por recorrer es mucho. Solo Polonia superaba en 2024 el objetivo del 3,5% del PIB; en España el porcentaje estaba en el 1,28%, según la metodología empleada por la OTAN, que difiere de la que usa la Administración en España. El Gobierno defiende que llegará al objetivo sin subir impuestos ni recortar el gasto social, priorizando la reasignación de partidas no ejecutadas y fondos europeos. Aunque mover créditos de una sección a otra del presupuesto está limitado por la ley presupuestaria, el Ejecutivo introdujo una cláusula excepcional durante la pandemia que facilita trasladar partidas sin pasar por el Congreso.

Tampoco sería posible llevar a cabo la subida a través de los Presupuestos Generales del Estado. No hay cuentas aprobadas para este año —tampoco hubo el año pasado— y el actual reparto de escaños ofusca la posibilidad de que las cosas cambien de cara al próximo ejercicio. Las cuentas que están actualmente en vigor son las de 2023, que contemplan una partida de 12.825 millones para el Ministerio de Defensa, que sube hasta los 14.453 millones si se tienen en cuenta también los organismos y empresas dependientes del ministerio.

Incrementar la inversión en seguridad y defensa al margen del presupuesto es además un modus operandi consolidado. Lo han hecho prácticamente todos los gobiernos, aunque “un incremento tan elevado no había ocurrido nunca”, puntualiza Pere Ortega, fundador y presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz. El analista explica que todos los años se producen ampliaciones sobre el presupuesto inicial, puesto que las políticas de defensa “no tienen buena opinión pública” y por ello se suelen destinar a este epígrafe cantidades inferiores al desembolso real que luego se lleva a cabo. “Pero los aumentos eran habitualmente de 2.000 o 3.000 millones al año. Ahora estamos en una situación anormal”, comenta.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó en su último informe de seguimiento del plan fiscal de que hay “incertidumbre” sobre el incremento del gasto en defensa. Y añadió que este, en términos de contabilidad, tendrá efectos en el gasto público, en el déficit y en la deuda.

“El problema será el año que viene. Dudo que se aprueben unos nuevos presupuestos, tal y como está la política en este momento”, añade Ortega. Además de la difícil aritmética parlamentaria, el socio minoritario de la coalición gubernamental, Sumar, ha mostrado públicamente su rechazo al aumento “exorbitado” de los recursos en el campo militar. “Aunque la UE diga que el gasto para inversiones en armamento no computará a efectos de deuda y déficit, en la práctica se tiene que pagar igual”, sentencia.