El recorte fiscal que propone Kast abre interrogantes sobre el futuro de las políticas sociales

José Antonio Kast llegará al Palacio de La Moneda este miércoles 11 de marzo con un margen presupuestario estrecho y con una de las promesas centrales de su campaña todavía por delante: recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en 18 meses o, eventualmente, en un plazo algo mayor. El desafío fiscal ha alimentado inquietudes sobre el futuro de algunos programas sociales, aunque el presidente electo de Chile ha intentado despejar esas dudas al asegurar que el ajuste no tocará beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU) ni implicará revertir los derechos ya vigentes, entre ellos la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Pero la próxima Administración sigue sin apaciguar las dudas respecto de cómo ejecutará su recorte del gasto fiscal. A Nicolás Grau, ministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, le resulta complejo que no se vean afectados programas sociales durante la adopción de un ajuste propuesto por Kast, por ejemplo. “No es factible hacer un recorte de esa magnitud sin afectar programas sociales. Por supuesto, el Gobierno entrante tiene todo el derecho de plantearse ese objetivo”, dijo en una entrevista con EL PAÍS.

Para analistas, como el sociólogo Juan Pardo, socio y directo de Feedback, uno de los mayores desafíos de Kast estará en compatibilizar la disciplina fiscal con la protección social para evitar un impacto negativo sobre los grupos económicos más vulnerables. En una columna de este periódico, Pardo explica que el plan “podría modificar la configuración actual de la pobreza, especialmente si el mercado laboral no logra compensar esa eventual disminución de ingresos mediante mejores oportunidades de empleo o mayores salarios” y, desde una mirada sociológica, el riesgo de plan de reducción fiscal puede implicar un “crecimiento de una población que vive en condiciones económicas inestables y que son altamente sensibles a eventuales cambios en las políticas públicas”.

Según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) correspondiente a 2024, y publicada en enero, la pobreza por ingresos sería de un 17,3%, la extrema estaría en un 6,9%, la multidimensional se ubicaría en 20% y la severa en un 6,1%. Todas las cifras disminuyeron respecto a la medición anterior, aunque en esta oportunidad se empleó una metodología más exigente.

Lo del recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en un año y medio podría ser un “volador de luces” porque desequilibraría a las políticas sociales, según el doctor en estudios políticos Daniel Grimaldi, director ejecutivo del think tank progresista Fundación Chile 21. “Sería un despropósito. No lo veo razonable, habrá margen para disminuir gastos menores, reducir algunas plantas de asesores extremadamente bien pagados, programas con duplicidad de funciones […] Pero una gran motosierra en Chile sería dispararse en un pie”, dijo.

Pero Paulina Henoch, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad del centro de estudios de derecha Libertad y Desarrollo (LyD), sostiene que la estrechez fiscal que heredará Kast no le deja otra alternativa que realizar este ajuste para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar la viabilidad de largo plazo de la política social de Chile. A su juicio, esta medida no sería incompatible con el apoyo que entregan los programas sociales, siempre que se mejore la calidad de los instrumentos que identifican a los beneficiarios —en particular el Registro Social de Hogares— para focalizar mejor las ayudas en quienes enfrentan mayores carencias. También plantea que existe margen para ganar eficiencia en una oferta de más de 700 programas sociales, mejorando su coordinación, reduciendo superposiciones y revisando aquellos de menor efectividad para liberar recursos y priorizar intervenciones de mayor impacto.

La oportunidad de Kast

Las políticas de asistencia orientada a los sectores más vulnerables o aquellas ligadas a la educación, vivienda social y acceso a la salud gratuita no tuvieron un papel central durante la campaña presidencial de Kast. En cambio, el líder conservador prometió instalar un Gobierno de emergencia enfocado en el combate del crimen organizado con mano dura, el control de la migración irregular a través de expulsiones masivas y algunas medidas restrictivas, la recuperación de la economía y la eliminación de los “apitutados” (nepotismo) del Estado.

El diagnostico de un país es emergencia no es compartido por el Gobierno de Boric que, al contrario, considera que estaría dejando mejores condiciones a las existentes en 2022, cuando el exdiputado de la izquierda llegó a La Moneda. Álvaro Elizalde, ministro del Interior, dijo a este diario que, “si bien los indicadores serían mejores que los registrados al final del segundo Gobierno de Piñera, en seguridad todavía están por debajo de los marcados históricamente y que “eso genera insatisfacción en la sociedad”.

Grimaldi cree, sin embargo, que está por verse cómo Kast equilibrará su discurso de campaña con la responsabilidad de mantener la gobernabilidad de las políticas sociales. En ese sentido, el analista dice que siempre hay un riesgo de que se “cometan errores graves cuando se ha levantado un discurso radical sobre el rol del Estado como una especie de botín para políticos inescrupulosos” o se ha acusado, por ejemplo, directamente a funcionarios públicos de ser ‘parásitos’, como lo hizo Cristián Valenzuela, director de comunicaciones y brazo derecho de Kast, durante la campaña presidencial.

“Si esa retórica simplista triunfa en el diseño de políticas, es posible que sí haya riesgos. Pero si prima una orientación más racional, más propia de cuando se llega a la realidad del ejercicio del poder, esta idea radical puede matizarse y encontrar una vía reduciendo gastos por duplicidad de programas y objetivos, para centrarse en aquellos que son más eficaces. Incluso, si se hace bien, ciertas políticas sociales podrían aumentar su cobertura eliminando otras que son menos eficaces”, explicó Grimaldi.

Como una señal de que la dimensión social sería relevante en su futuro Gobierno, el presidente electo decidió incorporar al Ministerio de Desarrollo Social al comité político de La Moneda. La cartera estará encabezada por la republicana María Jesús Wulf –cercana a Kast– y participará activamente del núcleo donde se toman las principales decisiones del Ejecutivo. La fórmula no es inédita, pues ya había sido aplicada por el expresidente Sebastián Piñera durante su segundo mandato, entre 2018 y 2022.

También, a grandes rasgos, el presidente electo promete en tres de los sectores sociales claves (vivienda, salud y educación) medidas, por ejemplo, como subsidios habitacionales de 42.000 dólares para avanzar en la compra de terrenos o la autoconstrucción de casas, el fin de las listas de espera para la atención de los pacientes en los hospitales públicos, y la recuperación de liceos públicos considerados de “excelencia”.

El columnista y escritor Sergio Muñoz Riveros planteó, en un artículo en Ex-Ante, que el Gobierno de Kast necesitará aprovechar la experiencia acumulada de sus antecesores en la Presidencia: “Tiene por delante el desafío de demostrar que, en materia de sensibilidad social, no le reconoce ventaja a nadie, y que incluso está dispuesto a probar que puede atender más eficientemente las necesidades de los grupos vulnerables. Si avanza en esa dirección, ello será apreciado por la mayoría”.