Casen 2024: el diagnóstico apresurado sobre pobreza y subsidios

Las reacciones a los resultados de la Casen 2024 han instalado con fuerza una preocupación: la pobreza habría disminuido “gracias a subsidios”, y no como resultado del aumento del ingreso del trabajo. Bajo esta lectura, la reducción sería frágil y fiscalmente insostenible. Es un argumento atendible —nadie discute la importancia del empleo y los salarios—, pero esa lectura está dejando fuera el cambio más profundo que revelan los datos.

En general, tendemos a explicar los cambios en pobreza por dos factores: crecimiento económico —que puede beneficiar más a los hogares pobres, ser neutro o concentrarse en los de mayores ingresos— y redistribución, es decir, cómo se reparten esos beneficios dentro de la sociedad. Sin embargo, hoy se hace cada vez más necesario incorporar un tercer motor: las transformaciones demográficas y familiares, que modifican quiénes integran los hogares vulnerables y cómo se organizan sus formas de vida. Y si esto es así, entonces no basta con mirar cuánto crece el ingreso. También importa quiénes están quedando en la base de la distribución, y por qué.

El cambio demográfico puede alterar la estructura de generación de ingresos de los hogares y aumentar la proporción de hogares sin capacidad real de generar ingresos mediante el trabajo. En ese contexto, es esperable que las transferencias estatales cumplan un rol más determinante, no como respuesta excepcional o “parche”, sino como parte de un mecanismo estructural de protección social frente a riesgos que ya no se distribuyen como antes.

Este fenómeno opera por al menos dos vías. La primera es el envejecimiento y la expansión de hogares pequeños. El ingreso de mercado cero se concentra en hogares sin personas en edad de trabajar o sin integrantes ocupados, como hogares unipersonales de adultos mayores o parejas mayores sin inserción laboral. La segunda vía se relaciona con restricciones de cuidado y dependencia. En estos casos, un adulto permanece fuera del mercado laboral para cuidar niños, personas enfermas o mayores dependientes y no existe otro perceptor. No se trata solo de empleos precarios o baja productividad: muchas veces se trata de hogares cuya estructura vuelve improbable que el trabajo sea su principal fuente de ingresos.

La Casen 2024 muestra que estamos observando precisamente ese tipo de transformación. En particular, el primer decil de ingresos autónomos del hogar —es decir, el 10% de hogares con menores ingresos sin considerar subsidios— ha experimentado una reconfiguración simultáneamente económica, demográfica y familiar. Entre 2006 y 2024, la edad promedio de las personas en el decil 1 aumentó de 29,8 a 44,9 años, convirtiéndolo en el decil más envejecido. En 2024, la proporción de hogares de este decil con al menos una persona de 65 años o más llegó a 58,5% (desde 30% en 2006). Y, más revelador todavía, 34,4% de esos hogares está compuesto solo por personas mayores, mientras que en 2006 esa cifra era 8,3%.

Estas cifras cambian el punto de partida del debate. Si una parte sustantiva del decil 1 está compuesta por hogares de personas mayores, entonces no es realista esperar que el trabajo sea su principal fuente de ingresos. Entre 2022 y 2024, el ingreso del trabajo promedio del hogar en este decil cayó de 63.283 a 52.557 pesos, mientras los subsidios subieron de 174.969 a 211.779 pesos, impulsados principalmente por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esto suele presentarse como señal de “dependencia”, pero también puede leerse como un reflejo de su transformación demográfica: en 2024, tres de cada cuatro personas del decil 1 están inactivas, y hay más niños y adultos mayores que personas en edad de trabajar. La pobreza se cruza cada vez más con la vejez y el cuidado.

Este proceso, además, no ocurre de manera simétrica en toda la distribución. Entre 2006 y 2024, los cambios demográficos del decil 10 —correspondiente al 10% de mayores ingresos— han sido mucho más acotados. Esto refuerza la idea de que la transformación está reconfigurando principalmente la base de la distribución, donde se concentra la vulnerabilidad. Nada de esto reemplaza la urgencia de fortalecer empleo, productividad y salarios. Más bien, advierte contra diagnósticos incompletos. El punto no es simplemente que “la pobreza baja por subsidios”, sino que una fracción creciente de hogares está viendo caer sus ingresos del trabajo por razones estructurales, y que parte importante del gasto público podría estar cumpliendo justamente la función de amortiguar ese cambio.

En ese escenario, la pregunta de fondo es si estamos preparados —institucional y políticamente— para un país donde la pobreza se cruza cada vez más con envejecimiento, cuidados y nuevos arreglos familiares. Este es, probablemente, uno de los giros más relevantes que muestra la última Casen: un cambio visible en los datos, pero todavía ausente en la conversación pública.