El reconocimiento del derecho al cuidado

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado un antes y un después en la historia de los derechos sociales en América Latina: por primera vez reconoció que el cuidado es un derecho humano. En su Opinión Consultiva Nº 31, declaró que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Y con ello, dejó en claro algo fundamental: el cuidado no es una responsabilidad que las personas deben enfrentar solas, sino que los estados deben adoptar las medidas legislativas y administrativas para garantizarlo a quienes lo requieran. Este reconocimiento abre una puerta para que, como región, enfrentemos una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo, el cuidar mejor y cuidar a quienes cuidan.

En Chile, más de un millón de personas cuidan a otros y, según la información que tenemos a través del Registro Social de Hogares, la abrumadora mayoría son mujeres, mayores de 40 años y pertenecen a los hogares más vulnerables del país. Ellas desarrollan un trabajo con mucho amor y compromiso, pero que también implica postergación personal, empobrecimiento y soledad. La Encuesta Nacional de Dependencia y Discapacidad muestra que el 32,4% de las personas cuidadoras tiene sobrecarga intensa, es decir, esta labor afecta negativamente su salud física y mental. En esa línea, un estudio reciente de MICARE mostró que casi el 40% de las personas cuidadoras informales reportan problemas físicos y/o psicológicos producto del trabajo de cuidado.

Estos números no son meras estadísticas: representan vidas concretas. Son mujeres que dejan su empleo para cuidar a un hijo con discapacidad y, con ello, pierden su independencia económica. Son personas mayores que cuidan a otros adultos mayores, sin tiempo para sus propias necesidades. Son mayoritariamente mujeres, pero también hombres, que enfrentan jornadas sin descanso, que duermen poco, que viven en alerta permanente y que ven cómo sus redes de apoyo se reducen. El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a interpelarnos. No basta con reconocer y visibilizar a quienes cuidan, sino que tenemos que tomar acciones concretas y redistribuir la carga que llevan en sus hombros.

En ese sentido, la Corte es clara: cuidar es una condición para que otros derechos se hagan posibles, como la salud, la educación, el trabajo o la participación en la vida colectiva. Si no hay cuidados, no hay igualdad. Si no hay apoyos, se perpetúa la exclusión y la pobreza. Por eso, los estados tienen la obligación de actuar.

Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos asumido esta responsabilidad y el pronunciamiento de la Corte refuerza el camino que ya hemos iniciado. Nos entrega un marco jurídico robusto y un estándar internacional que legitima los avances que hemos alcanzado y los proyecta más allá de esta administración.

A la fecha, hemos dado pasos importantes: identificamos y reconocimos por primera vez a más de 188 mil personas cuidadoras a través de la credencial; consolidamos y ampliamos la cobertura de los programas domiciliarios para personas cuidadoras y que requieren cuidados llegando este año a 37 mil hogares; creamos nuevos espacios públicos para cuidado, inaugurando 31 centros comunitarios de cuidados; y trazamos la primera hoja de ruta para el país a través de la Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030 y su Plan de Acción.

Estos avances no son el punto de llegada, sino que constituyen una base sobre la que esperamos que Chile continue construyendo una política de Estado, más allá de los ciclos políticos y los gobiernos de turno, para hacerse cargo de uno de los problemas más apremiantes de nuestra época. El desafío es llegar a todas las comunas del país, con infraestructura y servicios que permitan que ninguna persona que cuida esté sola, y que quien requiera cuidados los reciba con dignidad y calidad. Implica también un cambio cultural profundo, que el cuidado deje de ser visto como una tarea privada, casi siempre de las mujeres, y se reconozca como una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

El pronunciamiento de la Corte constituye una señal política. Nos dice que no hay justicia social sin cuidados. Que los derechos humanos no pueden ser concebidos sin considerar la interdependencia, la fragilidad, y la necesidad de apoyos que compartimos en distintos momentos de la vida. Hoy, Chile tiene una oportunidad histórica de cumplir y proyectar este mandato, para que ninguna persona que cuida esté sola, y para que cada persona que lo necesite reciba los apoyos que requiere. Porque cuidar también es un derecho.

Porque un país que cuida, es un país que avanza. Y porque en la medida en que cuidemos mejor, estaremos construyendo no sólo un Chile más justo, sino también un futuro donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, en cualquier etapa y circunstancia de su vida.