Kast acelera los lazos con Venezuela para impulsar la expulsión de migrantes

El presidente José Antonio Kast busca retomar las relaciones consulares con el Gobierno de Venezuela para avanzar en la que fue una de sus principales promesas de campaña que lo llevó a ganar con un 58,1% de los votos las elecciones del 14 de diciembre de 2025: expulsar a más de 330 mil migrantes en situación irregular en Chile, la mayoría venezolanos, e intentar que otros salgan de manera voluntaria.

El canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que ya iniciaron gestiones para restablecer las relaciones con Caracas y que la idea comenzó a cobrar fuerza desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos, el 3 de enero. “Esta es una prioridad para poner orden en materia migratoria”, dijo en una entrevista a El Mercurio, publicada el domingo.

La iniciativa, aún incipiente, responde a una realidad a la que se ha enfrentado la Administración de derecha en sus primeras semanas de gestión: sin la coordinación con Caracas, las promesas migratorias del presidente chileno corren el riesgo de desvanecerse. Según datos oficiales, un 75% de los indocumentados en Chile son venezolanos. Además, existen más de 44.000 migrantes con órdenes de expulsión, de los cuales cerca del 65% pertenecen a este país. La semana pasada, el nuevo Gobierno hizo su primer vuelo para devolver a 40 indocumentados a Colombia, Bolivia y Ecuador; pero ninguno a Venezuela.

Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), espera que se descongele la relación entre los palacios presidenciales de La Moneda y Miraflores, a pesar de las distancias políticas de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con Kast. “Es posible, porque no hay nada más lejano ideológicamente que el régimen de Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos: son agua y aceite. Pero han logrado ciertas colaboraciones. Por eso, no veo ningún obstáculos para que pudiéramos restablecer una relación diplomática, ya que existe un interés reciproco. Con Rodríguez se advierte un mayor pragmatismo y, ojalá sea así, porque no creo que Venezuela tenga vocación de mantenerse aislada de la comunidad internacional y menos de América Latina”, dijo.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró que será “imposible” avanzar en un acercamiento después de que el presidente chileno en un viaje a Argentina, el 6 de abril, indicara que los cambios políticos en Venezuela (la salida de Maduro) permitirían una normalización gradual de las relaciones con Caracas. “Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos”, dijo el canciller hace dos semanas.

Luego del cese de los vínculos bilaterales, Chile no envió a ningún venezolano a su país, frente a los 637 que había logrado expulsar entre marzo de 2022 y agosto de 2024, recuerda Luis Eduardo Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en el Gobierno de Boric (2022-2026). “Sin consulados operativos, es imposible ejecutar expulsiones, ya que se necesita verificar sus identidades y, en caso de que no tengan pasaporte vigente –como ocurre mayormente–, autorizar sus salidas a través de salvoconductos. Todos estos son procesos que requieren de distintas gestiones entre ambas naciones”, planteó.

La estrategia de Kast para desincentivar el ingreso de extranjeros por pasos clandestinos apunta a un endurecimiento de las políticas migratorias, como la discusión de un proyecto de ley en el Congreso que tipifica como un delito la entrada por caminos no autorizados, y a reforzar controles físicos, como la excavación de zanjas en el norte del país. Al mismo tiempo, el mandatario ha invitado a los sin papeles a abandonar voluntariamente el territorio chileno, una apuesta que sería menos costosa y compleja para el Ejecutivo que la de implementar expulsiones masivas.

Thayer comenta que la capacidad presupuestaria del Ejecutivo para realizar devoluciones es limitada, cercana a los 4 millones de dólares anuales, que generalmente permite realizar unas 2.000 expulsiones, entre judiciales y administrativas, cada año. Explica que a esto se suma “otra dimensión material, como lo es la dotación de la Policía de Investigaciones [PDI], encargada de la materialización y los operativos para detener a estas personas. Es decir, mantenerlas detenidas por cinco días y luego expulsarlas. Esa capacidad es limitada”, explicó.

El lunes, el director nacional de Migración y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León, indicó hay 6.000 deportaciones pendientes a Venezuela. “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, explicó durante una sesión de la comisión de Gobierno del Senado, a la que fue invitado para abordar el ingreso clandestino de inmigrantes.

“Para Venezuela, Chile no es muy necesario”

En julio de 2024, el régimen de Maduro retiró a su cuerpo diplomático del país austral, luego de que el presidente Boric exigió mostrar las actas de votación que, supuestamente, respaldaban la reelección del chavista para un tercer mandato y ante la presunción de un fraude electoral. Las tensiones escalaron hasta que el mandatario de izquierda decidió que su embajador en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, retornara a Santiago, en agosto de ese año.

Consultado por EL PAÍS sobre las gestiones del nuevo Gobierno en Caracas, Gazmuri dice que “Chile debe hacer todos los esfuerzos posibles para restablecer las relaciones, no solo consulares, sino diplomáticas. Eso requiere de un trabajo diplomático fino y persistente, que no sé si hace la actual Cancillería”.

Sin embargo, el exembajador sostiene que la Administración de Kast se podría tropezar con el desinterés de Rodríguez en los asuntos chilenos. “No hay simetría en los intereses de uno y otro. Para Venezuela, Chile no es muy necesario; aunque cualquier régimen venezolano debería intentar mantener las mejores relaciones diplomáticas con América Latina. Hay que considerar que, por ejemplo, los intereses comerciales y económicos son débiles”, argumentó.

El abogado Rodrigo Sandoval, exjefe del Departamento de Extranjería y Migración en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), cree que el Ejecutivo no debería olvidar que hay intereses en la política exterior: “¿Cuál es el incentivo del Gobierno de Venezuela para retomar las relaciones consulares y diplomáticas con Chile? Y, por otro lado, ¿qué facilidades se le darán a las personas en Chile vuelvan para que vuelvan a su país? Esas son dos cuestiones de las que aún no conocemos las respuestas".