Colombia abre el camino para que ‘el Boti’, pieza clave de Los piratas de Aragua, sea juzgado en Chile por dos homicidios

El camino está allanado para que Dayonis Junior Orozco González, uno de los cabecillas de Los Piratas, una célula del Tren de Aragua en la Región Metropolitana de Santiago desarticulada en 2025, pueda enfrentar a la justicia chilena después de que la Corte Suprema de Colombia autorizó su extradición a Chile el 28 de enero. Apodado el Boti y el Botija, este hombre de 31 años, venezolono, está imputado por la Fiscalía en los crímenes, ocurridos en Santiago, del carabinero Emmanuel Sánchez y del exmilitar venezolano y disidente del régime de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, cometidos en febrero y en abril de 2024, respectivamente.

El presunto asesino de los uniformados es una pieza fundamental dentro del Tren de Aragua, una banda liderada por Héctor El Niño Guerrero Flores con presencia en Chile al menos desde 2020. Antes de que Orozco fuera capturado en un terminal de buses del municipio colombiano de Popayán, el 23 de abril de 2024, aspiraba a ser ascendido como el brazo derecho de uno de los Pure en Chile, como denominan a los jefes en esta estructura criminal originada en la cárcel venezolana de Tocorón, situada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas.

Según información de la Fiscalía chilena, al que tuvo acceso EL PAÍS, se indica que uno de los líderes de Los Piratas, Adrián Rafael Gámez Finol –o Rafael Enriquez Gámez Salas–, apodado el Turko, pidió a uno de sus subordinados que se enfocara más en el “trabajo” y dejara de “rumbear” (salir a fiestas) porque sería el próximo que lo sucedería y que “su mano derecha” tenía que ser Orozco debido a que ambos no podían ocupar la misma función. En este mismo documento se menciona que él formaba parte de grupos del Tren de Aragua, en WhatsApp (identificados con una imagen de una bandera pirata), donde los cabecillas impartían instrucciones para planificar y perpetrar secuestros extorsivos, los que eventualmente terminaban con la ejecución de las víctimas de los raptos.

Sin embargo, Orozco hasta 2023 solo tenía antecedentes policiales por conducir un automóvil robado y también por un caso de receptación. Entonces, los tribunales no decretaron la prisión preventiva en su contra, sino que determinaron que debía estar bajo arresto domiciliario por manejar el vehículo robado y por el otro caso se le impuso una medida cautelar de arraigo nacional con firma mensual, según una investigación de T13 de abril de 2024.

Su actuación dentro del Tren de Aragua fue descubierta por las autoridades chilenas después de que, junto con Yolvi González Arcaya y Wuilberth de Jesús Olivares Peña, otros miembros de Los Piratas, cometió el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez. Las indagatorias apuntan a que él pudo ser el que disparó en contra del policía que intentaba frustrar un robo cometido por estos delincuentes en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana en la zona poniente de Santiago de Chile, según una publicación de La Tercera de 2024.

La Fiscalía, actualmente, tiene evidencias de que estuvo involucrado en distintos delitos antes de este crimen, incluyendo el secuestro de Ojeda, un disidente del régimen chavista que fue secuestrado por sujetos disfrazados de la Policía de Investigaciones (PDI) en su departamento del municipio de Independencia el 21 de febrero de 2024 y cuyo cadáver fue hallado 10 días después, dentro de una maleta sepultada, en una toma irregular en la comuna de Maipú.

Orozco había entrado a Chile por pasos irregulares y consiguió sacar una cédula de identidad provisoria. También tenía documentos de identidad de Colombiana y de Venezuela. Cuando fue detenido en Popayán portaba una cédula de identidad venezolana con el nombre de Yendri Segundo Paz Pérez y una fecha de nacimiento que no coincidía con la que tenían las autoridades chilenas en sus registros. El documento, supuestamente emitido en 2022, presentaba algunos elementos falsos, pues aparece la firma de José Morales como director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela, cuando ese cargo era ocupado Gustavo Vizcaíno en ese momento, y otras irregularidades.

No solo había cambiado de nombre, sino también de apariencia —se cortó el cabello casi al ras— en un intento de pasar desapercibido con su pareja y otro adulto durante su fuga. Y consiguió su cometido, al menos, en tres países que atravesó en su ruta terrestre: Bolivia, Perú, Ecuador. Pero no llegó finalmente al que se presume era su destino: Venezuela, donde la justicia chilena encuentra dificultades para obtener cooperación en materia de investigaciones de crímenes, como el de Ojeda.

Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la familia de Ojeda, explica que en el sistema colombiano el proceso de extradición no termina con la resolución de la Corte Suprema, sino que le sigue un acto administrativo que depende de la Presidencia de la República de Colombia. “El acto administrativo y el decreto de expulsión lo tiene que firmar el presidente Gustavo Petro”, recalca.

Hace dos años, el mandatario colombiano prometió, en un mensaje en su cuenta de X, que entregaría a Chile al asesino del mayor Sánchez. El viernes, Luis Cordero, ministro de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric, aseguró que lo más relevante del proceso de extradición era la decisión de la Corte Suprema colombiana: “Ya se ha adoptado, así que nosotros esperamos que esto pueda ser en el menor tiempo posible”. No se atrevió a realizar una estimación, aunque resaltó que existen “buenas razones para exigir esa extradición y que, por lo tanto, el caso de Orozco tiene que ser enviado a Chile y no a un tercer país como Venezuela”.