La Fiscalía chilena acusa a Los Piratas, la célula del Tren de Aragua responsabilizada del crimen de Ronald Ojeda Ojeda

La Fiscalía presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación contra los miembros de Los Piratas, una célula del Tren de Aragua a la que se le atribuye el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, que tenía refugio político en Chile, y otros delitos dentro del país. La diligencia, a cargo de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del ministerio Público, fue realizada la noche del lunes, 29 de diciembre, unos 10 días después de haberse cerrado la investigación por el caso del disidente del régimen de Nicolás Maduro asesinado en febrero de 2024 en Santiago de Chile.

El fiscal Héctor Barros, coordinador de ECOH de la Región Metropolitana de Santiago, informó que en esta causa solicitaron penas de cinco años de cárcel a presidio perpetuo calificado (40 años de prisión efectiva) para 20 integrantes de la facción criminal, desmantelada en enero del año pasado, involucrados en distintos delitos en unos siete hechos. Uno de los imputados es Alfredo Henríquez Pineda, apodado el Gordo Alex, uno de los jefes de Los Piratas. De acuerdo con la transcripción de un audio de WhatsApp, revelado por Ciper, él reconoció que asesinó a un exuniformado (no se descarta que se trate de Ojeda). El martes, un tribunal decidió mantenerlo en prisión preventiva.

Las investigaciones de la Fiscalía, a cargo de Barros, apuntan a que existen evidencias que vinculan a Diosdado Cabello con el crimen de Ojeda, como posible autor intelectual. La sospecha se sustenta en las declaraciones de tres testigos, recopiladas por la Fiscalía durante la investigación del caso, que recién fue concluida (cumplió con el periodo establecido legalmente) y a la que sigue una etapa intermedia (audiencia de preparación de juicio oral), y luego otra en la que se dictan las sentencias.

Según Ciper, uno de los relatos es el de un sujeto considerado la mano derecha de Adrián Gámez Finol, alias el Turko y máximo líder de Los Piratas, detenido actualmente en Estados Unidos. Este testigo aseguró que el jefe del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, encomendó a Carlos Bobby Gómez, uno de los cabecillas de la banda en Chile, ejecutar el plan en contra de Ojeda: “Al Niño Guerrero le dicen el Cejas, y la instrucción la dio él y bajó a través del [Carlos] Bobby, llegando al Turko (…). Así también, José Carlos [se refiere a José Carlos Valverde, otro de los acusados] me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”.

La Fiscalía maneja el móvil político desde el inicio de su investigación debido a las particularidades del crimen. Ojeda fue sacado, en ropa interior, de su departamento en el municipio de Independencia de la capital chilena por hombres vestidos de policías el 21 de febrero de 2024, hace casi ya dos años. Nunca se pidió un rescate. Su cadáver fue hallado en una maleta, enterrada bajo cemento, en la vivienda de un barrio informal de la comuna de Maipú, el 1 de marzo de ese año.

Gestiones internacionales

El Gobierno chileno respalda la versión de la Fiscalía. En octubre, el presidente Gabriel Boric aludió al asunto: “Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro”.

La promesa de Chile es que no quedará impune, como recientemente lo recalcó Álvaro Elizalde, ministro del Interior: “Los delitos que se comenten en Chile son investigados en Chile, y los autores responden ante la justicia chilena (…) Y en eso queremos ser categóricos, estamos hablando de un crimen atroz que va a ser completamente esclarecido y se van a aplicar las máximas sanciones que establece nuestra legislación”.

Cuando se cumplió el primer año del crimen, en febrero de 2025, Carolina Tohá, entonces ministra de Interior, sostuvo que el Estado chileno presentaría una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el caso. En tanto, el entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero, declaró que como consecuencia de las pesquisas “pueden proveerse antecedentes que son extremadamente útiles en el contexto de la investigación” llevada por este tribunal de justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. En marzo, el canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional, Ángel Valencia, viajaron a La Haya, Países Bajos, para entregar antecedentes y elementos del crimen de Ojeda. Antes, en 2024, el abogado de la familia del disidente, Juan Carlos Manríquez, había ido acudido a esa instancia.

Hay varios imputados por la justicia chilena por el secuestro y la muerte del refugiado político. Cinco están detenidos en otros países, con órdenes de extradición pendientes. Otros, simplemente, están prófugos, como Walter Rodríguez, también perteneciente al Tren de Aragua.

El abogado Manríquez asegura que los avances en el proceso son una buena señal y una manera de “restablecer la dignidad” de los parientes de la víctima que, al principio, “se sintieron muy maltratados por policías y los comentarios, en general, de personas que intentaron vincular a Ronald con otras actividades [ilegales]”.

Según el penalista, la familia también tiene la sensación de que la investigación sigue inconclusa. “Sostienen que, al parecer, se habría obstaculizado la posibilidad de obtener una respuesta sobre si el señor Cabello, Alexander Granko [jefe de la división de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela] y otros, estuvieron realmente en Chile antes del hecho o, conjuntamente, en su ejecución. Los tiene muy insatisfechos que no se entregue una respuesta creíble sobre si hubo una posible fuga de datos de la policía o autoridades chilena (…) ¿Por qué? La ministra Tohá dijo categóricamente que no hubo fuga [de información]. Pero, por otro lado, el entonces embajador [en Caracas, Jaime Gazmuri] dijo: ‘sí, nosotros nos reuníamos con la policía venezolana’”, dice en una conversación con EL PAÍS. .

La suposición nació por una declaración de Gazmuri, en un programa de streaming de La Tercera, en marzo: “Se firmó el acuerdo [de colaboración policial con el régimen venezolano], faltó un último mecanismo, pero en la práctica funcionó”. Explicó que, en aquel momento, había prefectos de la Policía de Investigaciones (PDI) que “llevaban relación con sus equivalentes de la policía venezolana”. Pero en esa misma entrevista, el ahora exdiplomático negó haber traspasado información del exmilitar: “Puedo dar fe de que nunca se pidió ningún antecedente de ningún venezolano en Chile, lo digo para la tranquilidad de la familia de Ojeda”.

En la investigación judicial, Venezuela es un punto ciego, en parte porque las relaciones diplomáticas entre el Palacio de La Moneda y este país están rotas desde agosto de 2024. Según Barros, no existe colaboración de Caracas, que niega sus vínculos con el caso. “No hemos tenido respuesta a los requerimientos. Ustedes ya saben cómo ha sido la vinculación con la Fiscalía venezolana. Ellos han abierto investigaciones paralelas en base con los antecedentes que salen por la prensa respecto a los hechos que nosotros tenemos formalizados de manera seria y objetiva”, dijo el persecutor a periodistas el martes.

Detrás de la investigación en Chile estuvo una unidad especializada y multidisciplinaria: ECOH, creada en 2023 ante la aparición de una nueva forma de criminalidad más violenta en el país y de delitos importados como la extorsión y el secuestro. El trabajo es alabado por Manríquez, que también admite que el sistema judicial chileno no estaba preparado para encarar crímenes como el de Ojeda por escapar de los cánones tradicionales.